N. L.
La Comisión ha propuesto un nuevo Instrumento de Emergencia del Mercado Único que permitirá a Bruselas reaccionar “con la máxima rapidez y de forma colectiva”. La iniciativa, que ahora deberá ser negociada y acordada entre Consejo y Parlamento Europeo, otorga nuevos poderes al Ejecutivo comunitario, incluida la posibilidad de obligar a las empresas a expandir y también redirigir su producción. El mecanismo establece tres fases de actuación: modo de contingencia, modo de vigilancia y modo de emergencia
La Comisión Europea aprobó en las últimas horas una propuesta de reglamento para, por ejemplo, terciar en la producción de bienes si se rompen las principales cadenas de suministros.
El Ejecutivo comunitario teme que el crack energético ponga en riesgo la columna vertebral del mercado único. Preocupa, y mucho, que durante el invierno se produzcan «interrupciones imprevistas» y que, como pasó con la pandemia, las reacciones sean anárquicas y descoordinadas.
Un indicador para activar el «modo emergencia» es que las empresas no sean capaces «de dar una solución en un plazo razonable a los aspectos particulares de la crisis de forma voluntaria». En este punto, Bruselas tendría las facultades para, básicamente, intervenir la economía
El organismo que preside Ursula Von der Leyen propone, por lo tanto, un nuevo «marco de gobernanza de crisis» (llamado Instrumento de Emergencia del Mercado Único) para preservar la disponibilidad de bienes y servicios esenciales en caso de una emergencia.
El texto -que deberá ser revalidado por el Parlamento y el Consejo de la UE- reconoce que determinadas crisis pueden «amplificar la escasez de bienes y servicios relevantes si mercado único está fragmentado y no funciona».
Bruselas traza, en su propuesta, un hipotético escenario de emergencia: el punteo incluye la interrupción de las cadenas de suministros, las dificultades de las empresas para «obtener, suministrar o vender bienes y servicios» y la imposibilidad de los consumidores de acceder a bienes esenciales. «En estos casos, la falta de información y claridad legal exacerba aún más el impacto de estas interrupciones», se admite.
La «caja de herramientas» con la que se quiere dotar la UE habilita medidas excepcionales para una etapa de «vigilancia» y de «emergencia». En la primera, los Estados miembros deben realizar un exhaustivo «seguimiento de las cadenas de suministros de los bienes y los servicios que se consideren de importancia estratégica».
Una vez recopilada toda esta información, la Comisión puede «identificar aquellos para los que puede ser necesario crear una reserva a fin de prepararse para una emergencia del mercado único, teniendo en cuenta la probabilidad y el impacto de la escasez».
Como último paso, los gobiernos deberán «hacer todo lo posible» para crear «reservas estratégicas» de estos bienes. En este punto, la CE abre la puerta a una posible «racionalización entre los Estados miembros» para hacer «más efectivas» estas reservas de bienes.
Si la crisis se agudizase, el Consejo de la UE podría activar la siguiente fase, la de emergencia, con la arbitrariedad de «tomar medidas para abordar cualquier escasez identificada y salvaguardar la disponibilidad de bienes y servicios críticos para la crisis en toda la eurozona».
Un indicador para activar el «modo emergencia» es que las empresas no sean capaces «de dar una solución en un plazo razonable a los aspectos particulares de la crisis de forma voluntaria». En este punto, Bruselas tendría las facultades para, básicamente, intervenir la economía.
«La Comisión podrá invitar a uno o más operadores económicos en cadenas de suministro relevantes para situaciones de crisis establecidas en la Unión a aceptar y priorizar determinados pedidos para la producción o el suministro de bienes relevantes para situaciones de crisis», reza la propuesta.
Multa de 200.000 euros
Si una empresa se niega, la Comisión le exigirá sus razones y argumentos (la producción insuficiente, por ejemplo). De no estar el rechazo debidamente justificado, cabría la posibilidad de una multa de hasta 200 mil euros.
La «caja de herramientas» con la que se quiere dotar la UE habilita medidas excepcionales para una etapa de «vigilancia» y de «emergencia». En la primera, los Estados miembros de la Unión deben realizar un exhaustivo «seguimiento de las cadenas de suministros”
«Para fijar el importe de la multa, se tendrán en cuenta el tamaño y los recursos económicos del operador económico de que se trate, la naturaleza, la gravedad y la duración de la infracción, teniendo debidamente en cuenta los principios de proporcionalidad y adecuación».
La propuesta aclara que cuando un «operador económico acepte y priorice una orden de prioridad, no será responsable de ningún incumplimiento de las obligaciones contractuales regidas por la legislación de un Estado miembro que deba cumplir con la orden de prioridad».
El Ejecutivo comunitario explica que el «modo de emergencia podrá activarse sin que previamente se haya activado el modo de vigilancia». Las dos fases tendrán una duración máxima de seis meses con posibilidad de prolongarse o no según las circunstancias.
Respecto a la «gobernanza» de la emergencia, Bruselas propone formar un «grupo asesor» conformado un representante de cada Estado miembro.
Bruselas aclara que todas las «disposiciones y restricciones se han diseñado cuidadosamente desde lo legal».
«Necesitamos un mercado único esté operativo en todo momento. Necesitamos nuevas herramientas que nos permitan reaccionar rápido y colectivamente», señaló la vicepresidenta ejecutiva de la CE, Margrethe Vestager.
