N. L.
Europa ya tiene su ley de semiconductores. La Chips Act es la directiva que quiere colocar a Europa como potencia en su producción para lo que es necesario doblar el nivel actual del 10%. De los 43.000 millones que se van a movilizar entre inversión pública y privada, 11.000 saldrán de los fondos de la Unión Europea, los Estados miembros y países asociados. Este montante se destinará a fortalecer la investigación, garantizar el despliegue de herramientas avanzadas, la creación de prototipos y la capacitación del personal.
La escasez de microchips, origen de los graves problemas de producción que están sufriendo sectores como el automovilístico, ha llevado a la Comisión Europea a poner sobre la mesa un plan para impulsar la industria de semiconductores. En total, prevé movilizar hasta 43.000 millones de euros en inversiones públicas y privadas para reducir la dependencia de la Unión respecto al suministro de chips estadounidense y asiático.
El reto es que la UE se convierta en una potencia mundial en la producción de este tipo de componentes capaz de cubrir el 20% de la demanda mundial en 2030, desde el 9% actual. Para lograrlo, deberá «cuadruplicar» su capacidad de producción, según ha explicado la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.
«El objetivo primero es, a corto plazo, aumentar nuestra resistencia ante futuras crisis anticipándonos y evitando problemas en la cadena de suministro. En segundo lugar, a medio plazo, el objetivo es hacer de Europa una industrial líder en este mercado estratégico», ha precisado von der Leyen.
El plan prevé sumar 15.000 millones de euros en inversiones públicas y privadas tanto de la UE como de países terceros para potenciar la investigación y desarrollo de la tecnología más avanzada en territorio comunitario, proyectos piloto para la creación de prototipos y reforzar el sector europeo. Cuantía a la que se sumarán 30.000 millones procedentes de los fondos ‘Next Generation EU’, Horizonte Europa y los presupuestos nacionales. Además, la Comisión plantea la creación de un fondo específico dotado con 2.000 millones de euros para ayudar a las empresas emergentes del sector.
La Ley Europea de Chips también incluye una serie de mecanismos que permiten a la Comisión exigir a las empresas la entrega de chips importantes durante una crisis. La norma deberá ser convalidada por los países de la UE y de los legisladores comunitarios antes de ver la luz.
«El objetivo primero es aumentar nuestra resistencia ante futuras crisis anticipándonos y evitando problemas en la cadena de suministro. En segundo lugar, a medio plazo, el objetivo es hacer de Europa una industrial líder en este mercado estratégico», ha precisado von der Leyen
Por otro lado, Von der Leyen ha anunciado que el bloque suavizará sus normas sobre ayudas públicas, cuyo objetivo es evitar las subvenciones ilegales e injustas concedidas por los países de la UE a las empresas, para las fábricas de chips innovadoras. «Estas instalaciones no existirían en Europa si no hacemos algo. Puede estar justificado cubrir hasta el 100% del déficit comprobado de financiación con recursos públicos», sostiene von der Leyen.
Sin embargo, los países más pequeños de la UE han expresado su malestar por la flexibilización de las normas, ya que temen una carrera de subvenciones que favorezca a las empresas de los países más grandes. Al respecto, la vicepresidenta comunitaria responsable de Competencia, Margrethe Vestager, ha rehusado que esto vaya a dar lugar a una competencia a base de subsidios entre países europeos para atraer a empresas extranjeras a su territorio. La estadounidense Intel y la taiwanesa TSMC ya han mostrado interés por instalarse en Europa.
Atraer a Intel
El anuncio del plan para impulsar la industria del chip en la UE coincide con las pretensiones de los países miembros de atraer al fabricante de chips estadounidense Intel que ya anunció en septiembre que podría invertir hasta 95.000 millones de dólares en Europa durante la próxima década y que anunciaría las ubicaciones de dos importantes fábricas en el Viejo Continente para finales de 2021. La multinacional aún no ha desvelado en qué país lo hará. También ha anunciado la construcción de dos nuevas fábricas en EE UU que se beneficiarán del apuntado plan de Washington de 52.000 millones de dólares.
Greg Slater, director de asuntos regulatorios de Intel, dijo al FT que la ayuda estatal para apoyar la fabricación es “esencial para el ecosistema de Europa”. Señaló que la compañía examinará de cerca las propuestas de control de exportaciones.
También la taiwanesa TSMC ha mostrado interés por instalarse dentro de la Unión.
La Comisión suavizará las normas sobre ayudas públicas,para evitar las subvenciones ilegales concedidas por los países a las empresas que fabrican chips. Sin embargo, los países más pequeños han expresado su malestar por la flexibilización que, temen, favorezca a los grandes
La escasez de semiconductores ha evidenciado los riesgos de depender de países como Taiwán y Corea del Sur -que producen más de la mitad de semiconductores a nivel mundial- para el suministro de fábricas ubicadas en la UE, donde industrias como la automovilística se han visto forzadas a parar líneas de producción. No obstante, la industria del chip es esencial para casi cualquier dispositivo electrónico, desde teléfonos móviles hasta lavadoras, pasando por maquinaria industrial.
El Gobierno español ha celebrado la propuesta y ha asegurado que está «decidido a participar».
En el texto, el Ejecutivo considera un «paso decisivo» en pos de la soberanía digital europea el anuncio y ha vaticinado que «permitirá reforzar la capacidad de España en diseño, pruebas o encapsulado de microchips, así como reducir las tensiones de la cadena de suministros en sectores de automoción.
«La experiencia de estos últimos años nos ha mostrado la necesidad de reducir la dependencia estratégica, ha indicado la vicepresidenta primera del Gobierno, Nadia Calviño.
