Tras una reunión maratoniana, los países de la UE han cerrado el acuerdo para la reforma sobre la Política Agrícola Común. De madrugada, y tras 42 horas de negociación, los ministros de Agricultura dieron el visto bueno a los tres reglamentos que componen la nueva política agraria comunitaria: los planes estratégicos nacionales, la organización común de los mercados y la regulación sobre la financiación de las ayudas.
Los países de la Unión Europea cerraron en la madrugada del miércoles pasado, después de 42 horas de negociaciones, un acuerdo sobre la reforma de la Política Agrícola Común que regulará el campo europeo entre 2023 y 2027.
«Pensamos que es una propuesta equilibrada y que responde a las distintas sensibilidades. Es imperfecta pero muy buena», ha indicado el ministro español de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, sobre el texto de compromiso elaborado por Alemania, país que preside el Consejo de la UE, para lograr un consenso.
El acuerdo ha tenido el único voto en contra de Lituania y las abstenciones de Letonia, Bulgaria y Rumanía.
La ministra alemana de Agricultura, Julia Klöckner, explicó que ahora que ya hay un «mandato» de los países, el Consejo podrá avanzar en las negociaciones con el Parlamento Europeo para la aprobación definitiva de la PAC.
«Es una propuesta equilibrada que responde a las distintas sensibilidades. Es imperfecta pero muy buena», ha indicado el ministro español, Luis Planas
Los ministros de Agricultura de la UE han dado el visto bueno a los tres reglamentos que componen la reforma: el de los Planes Estratégicos nacionales, el de la organización común de mercados y la regulación sobre la financiación de las ayudas.
Planas ha señalado al término de la reunión que España «ha cumplido todos los objetivos que se había planteado».
También ha destacado el acuerdo logrado para los «esquemas», nuevas ayudas complementarias que primarán las prácticas agroganaderas sostenibles, al representar una solución «sólida y que ofrece flexibilidad a los estados miembros para su aplicación».
Por otra parte, el ministro ha valorado que se haya incluido finalmente en el acuerdo la prolongación de los derechos de plantación de viñedo más allá de 2030, fecha en la que expira el sistema actual, como pedían España y Francia.
Esas cifras han sido modificadas «para proponer al Parlamento Europeo que prologuemos hasta 2040», señalaba Planas.
La arquitectura verde
Entre los objetivos de la futura PAC figuran mejorar la protección del medio ambiente y la lucha contra el cambio climático, fomentar el desarrollo y la energía sostenible y asegurar una gestión eficiente de los recursos. La nueva PAC también pretende contribuir de forma más activa a la protección de la biodiversidad, mejorar los ecosistemas y preservar los hábitats y paisajes.
Por otro lado, los Estados miembros detallarán las intervenciones o medidas de la nueva PAC en el marco de un plan estratégico nacional que deberán elaborar y que debe ser aprobado por la Comisión Europea antes de su aplicación.
Una de las principales novedades son los «ecoesquemas«, un instrumento que servirá para incentivar las prácticas agrícolas y ganaderas que tengan un impacto más beneficioso para el clima y el medio ambiente.
Los países respaldaron que sean obligatorios para los Estados miembros y voluntarios para agricultores y ganaderos.
Además, abogaron por destinar un 20 % de los pagos directos a los ecoesquemas. La PAC para el periodo 2023-2027 estará dotada de unos 390.000 millones de euros del presupuesto europeo, de los que 47.724 millones irán a parar a los agricultores y ganaderos en España, una suma similar a la del periodo 2014-2020, según cifras del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Tras el acuerdo del Consejo (países de la UE), el Parlamento Europeo tiene previsto votar el conjunto de la reforma el próximo viernes.
A continuación, comenzarán los llamados «trílogos«, en los que el Consejo, la Comisión Europea y el Parlamento Europeo terminarán la negociación de los reglamentos, que debería que estar concluida a principios del próximo año.
Después tendrá lugar el proceso de aprobación de los reglamentos y los Estados deberán finalizar sus planes estratégicos nacionales.
El acuerdo no convence
Las principales organizaciones agrarias han mostrado sus dudas ante la posible disminución de las ayudas por los nuevos requisitos ambientales.
El responsable del departamento de Internacional de ASAJA, Ignacio López, ha lamentado que “se incluyan nuevos requisitos pero sin introducir más dinero”, y ha rechazado el “recorte” presupuestario asignado a la política agraria el pasado julio.
Asaja lamenta que “la UE incluya nuevos requisitos pero sin introducir más dinero”, y ha rechazado el “recorte” presupuestario asignado a la política agraria el pasado julio
López ha críticado la posible reducción de los fondos debido a los ecoesquemas, ya que “se coloca al agricultor en una peor situación que antes porque se le obliga a aplicarlos, aunque sean voluntarios, y sin saber aún cómo ni a qué coste para poder alcanzar el mismo nivel de pago que tenía hasta ahora”. ASAJA ha llamado a desarrollar “normas y reglas uniformes” para evitar un posible trato discriminatorio entre los agricultores y ganaderos de la UE, si no se diseñan bien los planes estratégicos nacionales para la aplicación de la PAC.
El secretario general de COAG, Miguel Blanco, ha coincidido en que la vinculación del 20% de los pagos directos a los nuevos requisitos ambientales puede llevar a recortes “muy graves” de las ayudas a los productores si dicho modelo “no es inclusivo”. Por ello, ha pedido que se tenga en cuenta la “variabilidad” de cada sector y que todos los productores puedan optar por un “menú amplio” de esquemas.
Esta organización también ha cuestionado el “recorte” de los fondos europeos de la PAC acordado en julio y ha mostrado su desacuerdo con que los ministros “no hayan hecho ninguna consideración” sobre la necesidad de “recuperar partidas” para el sector agroalimentario en los fondos de los planes de recuperación económica frente a la pandemia.
Por su parte, la UPA ha valorado el acuerdo del Consejo Europeo. A su juicio, “puede ser positivo” para los pequeños agricultores, ya que es “un paso importante” en tiempos de gran incertidumbre y “contribuirá a avanzar” en línea con el Pacto Verde Europeo “sin menoscabar” la renta de los productores.
