N.L. ■
Las Recomendaciones de Primavera de la Comisión marcan a todos los países de la UE el camino para elaborar los Presupuestos del año que viene. En esta edición, el Ejecutivo comunitario aprovecha para reclamar que se empiecen a retirar las ayudas extraordinarias y genéricas que se pusieron en marcha por la subida de precios energéticos. Luego concreta las peticiones según la situación de cada uno de los países. A España le pide que empiece a retirar “las menos focalizadas y que los ahorros se destinen a reducir el déficit público”
Las Recomendaciones de Primavera de la Comisión Europea marcan a todos los países de la UE la senda para elaborar los Presupuestos en el año próximo. En esta edición, el Ejecutivo comunitario aprovecha para reclamar que se empiecen a retirar las ayudas extraordinarias y genéricas que se pusieron en marcha por la subida de precios energéticos. Luego matiza la recomendación según la situación fiscal de los países. A España le pide que empiece a quitar “las menos focalizadas y que los ahorros relacionados se destinen a reducir el déficit público”. Esto supone que las autoridades comunitarias ponen el foco en las rebajas de los impuestos energéticos aprobadas por el Gobierno español para paliar la subida del gas y la electricidad. El cálculo de Bruselas de lo que supone este esfuerzo es del 0,6% del PIB, unos 8.000 millones de euros.
El vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis, señala que las orientaciones marcadas “reflejan el espíritu de las nuevas normas, en las que el esfuerzo fiscal tiene en cuenta los retos de cada país acerca de la sostenibilidad de la deuda”
Los máximos responsables económicos y financieros de la Comisión insisten en que 2023 y 2024 son años de transición entre las viejas reglas fiscales, suspendidas desde que estalló la pandemia, y las nuevas, cuya aprobación está prevista para finales de este año.
“Nuestras recomendaciones están, por supuesto, en línea con la ley existente, pero también tienen en cuenta los elementos de nuestra propuesta de reforma que encajan con la norma actual”, ha señalado el comisario de Economía, Paolo Gentiloni. Más claro ha sido, incluso, el vicepresidente ejecutivo y máximo responsable del área económica de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis: “Las orientaciones de hoy reflejan el espíritu de las nuevas normas, en las que el esfuerzo fiscal tiene en cuenta los retos de cada país acerca de la sostenibilidad de la deuda”.
En este sentido destaca la recomendación de que se limite que el aumento del gasto corriente, en el que no se incluye el coste de los intereses de la deuda, el desembolso coyuntural del seguro de desempleo o lo que se ingresó por fondos comunitarios, no pase del 2,6%, un porcentaje que supera con holgura el crecimiento previsto de la actividad económica en 2024, el 1,9%, según los pronósticos de la UE.
En cuanto a las viejas reglas destaca se vería en la petición de que el déficit baje un 0,7% del PIB, una cifra que supera con holgura las previsiones fiscales de la UE para 2024, que esperan una bajada del 4,4% al 3,3%, y las que contiene el programa de estabilidad, hasta el 3%. No obstante, ese consejo no se incluye dentro de las recomendaciones finales, que son las que deben seguirse, y sí que se reitera la necesidad de “asegurar una política fiscal prudente, en particular limitando el crecimiento nominal del gasto corriente financiado con recursos nacionales a no más del 2,6%”.
Las diferentes previsiones de déficit entre Madrid y Bruselas para el año que viene no impiden que la Comisión avale el programa de estabilidad que España dio a conocer a finales de abril.
Deuda pública
En relación con la deuda pública, el informe valora que ha disminuido desde 2020 favorecida por una sólida expansión del PIB, pero advierte de que su nivel sigue siendo elevado al situarse en el 113,2% del PIB al término de 2022, con una previsión de cierre del 110,6% en 2023 y del 109,1% en 2024.
Por ello, considera que ”los riesgos persisten a medio y largo plazo” y señala que “los principales obstáculos que afectan a la evolución de la deuda pública están relacionados con los tipos de interés más altos y el aumento del gasto sanitario y las pensiones”. En cuanto al déficit público, prevé que continúe reduciéndose en 2023 y 2024 (a 4,1% y 3,3% respectivamente), por debajo del 4,8% de 2022.
Las autoridades comunitarias ponen el foco en las rebajas de los impuestos energéticos aprobadas por el Gobierno español para paliar la subida del gas y la electricidad. El cálculo de Bruselas de lo que supone estas rebajas fiscales es del 0,6% del PIB, unos 8.000 millones
A este respecto, indica que, aunque los ingresos públicos han mostrado una fortaleza considerable en los últimos dos años, registrando cifras de dos dígitos, la naturaleza estructural de ese incremento no está clara y podría influir en la mejora del déficit público en los próximos años. Además, sostiene que España sigue experimentando desequilibrios por las vulnerabilidades relacionadas con la elevada deuda privada, pública y externa, que tienen relevancia transfronteriza pese a que estén retrocediendo.
Tras la publicación de este informe, el Gobierno destacó que la Comisión Europea confirma que la senda fiscal presentada por España cumplirá con los requisitos fiscales exigidos para 2024 y anticipa que el país formará parte del grupo de países (del que forman parte también Alemania, Francia y Portugal) que no presenten desequilibrios macroeconómicos, por primera vez desde 2012.Además, defendió que “la responsabilidad fiscal del Gobierno y las previsiones de crecimiento de la economía española garantizan la sostenibilidad de las cuentas públicas en los próximos años».
