N. L.
A petición propia, Morawiecki comparecerá en Estrasburgo para participar en el pleno del Parlamento Europeo, que decidió invitarle al debate después de la polémica sentencia por parte del Tribunal Constitucional polaco que cuestiona que la legislación europea tenga primacía sobre la polaca y pone en jaque una de las bases del funcionamiento del bloque comunitario. En el pleno participará la presidenta de la Comisión Europea.
El primer ministro de Polonia, Mateusz Morawiecki, acudirá la próxima semana al pleno del Parlamento europeo para defender la decisión del Tribunal Constitucional polaco que ignora la primacía del Derecho de la EU sobre las leyes nacionales, después de haber solicitado a la institución intervenir en un debate ya previsto sobre la situación en Polonia.
La Eurocámara había previsto un debate sobre la situación del Estado de Derecho en Polonia y la primacía del Derecho comunitario que en principio se celebrará el próximo martes a primera hora y Morawiecki solicitó a la institución ser invitado para presentar la posición de su Gobierno.
La Eurocámara contará en el debate con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quien hace dos semanas aseguró con firmeza que no dudaría en usar “todos los poderes” de su Ejecutivo para reaccionar al desafío del Constitucional polaco
A falta de que la Conferencia de Presidentes -que reúne a los líderes de todos los grupos en la Eurocámara– dé su visto formal a su participación, fuentes parlamentarias consultadas por Europa Press han indicado que existe ya un consenso para aceptar su intervención.
El grupo de los Conservadores y Reformistas (ECR) en el que se encuentra el partido de Morawiecki, Ley y Justicia (PiS), ha intentado sin éxito modificar el enunciado deldebate que limita la discusión a la crisis con Polonia para abarcar la «crisis del Estado de Derecho en Europa».
La Eurocámara también espera contar en el debate con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quien la semana pasada dijo que no dudará en usar «todos los poderes» de su Ejecutivo para reaccionar al desafío del Constitucional polaco.
Von er Leyen se declaraba “profundamente preocupada” por la sentencia del Tribunal Constitucional polaco que establece la preponderancia de la ley y los tribunales de este país sobre los tratados y las sentencias de la justicia europea. En un intento por evitar una escalada de reacciones demasiado rápidas, la presidenta afirmaba que ha ordenado a los servicios jurídicos de la Comisión que analicen la sentencia “con rapidez” antes de determinar cuales han de ser los próximos pasos
El presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, aplaudió la toma de posición de Von der Leyen e instó al presidente del Consejo, Charles Michel, a expresarse también de manera clara.
Sin embargo, es poco probable que Michel, que no se ha pronunciado aún sobre la sentencia del Constitucional polaco, acuda al debate con el primer ministro Morawiecki, habida cuenta de que también ha declinado participar en otro previsto en la misma sesión plenaria sobre la Cumbre de líderes de la UE que se celebrará a final de semana.
Mecanismo de condicionalidad
Tanto el Ejecutivo de Polonia como el de Hungría impugnaron en marzo pasado el llamado mecanismo de condicionalidad. Esta herramienta fue aprobada en diciembre de 2020 para asegurarse de que ni un euro de los fondos de recuperación acabe en manos de quienes incumplen el Estado de derecho.
El tribunal europeo, tras escuchar a las partes, deberá decidir si el instrumento, que permitiría cortar el flujo de partidas presupuestarias, es contrario al derecho comunitario, tal y como denuncian Varsovia y Budapest.
Polonia y Hungría han criticado las vaguedades en la definición de lo que es o no es la vulneración del Estado de derecho, y la “inseguridad jurídica” que esto supone. También han sostenido que el legislador europeo se extralimitó en sus funciones, creando el mecanismo de condicionalidad como una sanción punitiva con la intención de “soslayar” el artículo 7 del Tratado de la UE. Este artículo fue pensado como una especie de arma disuasoria de último recurso frente a los países que incumplen los valores fundamentales del bloque.
El presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, aplaudió la toma de posición de Von der Leyen e instó al presidente del Consejo, Charles Michel, a expresarse también de manera clara. Algo que Michel no ha hecho, de momento
El fallo del TJUE podría tardar meses aunque la Comisión está decidida a plantear los primeros casos antes del final de octubre, presionada por el Parlamento Europeo, que ha amagado con llevar al Ejecutivo comunitario a los tribunales por inacción. Se da la circunstancia añadida de que tanto Hungría como Polonia son dos de los pocos países cuyo plan de recuperación aún no ha recibido el visto bueno de Bruselas.
En sus alegaciones ante los miembros del Tribunal, el Consejo, la Eurocámara y la Comisión han argumentado la idoneidad de un dispositivo de salvaguarda de los intereses financieros de la Unión. “No se trata de un mecanismo punitivo ni sancionador. Su objetivo es proteger el presupuesto de la UE. El respeto al Estado de derecho es una cuestión fundamental para la buena gestión financiera”. La diferencia con el artículo 7, ha añadido el Consejo a través de Alicja Sikora Kaleda, reside en que “no pretende identificar una infracción de un Estado miembro” y que “una violación del Estado de derecho no es por sí misma suficiente para desencadenar el mecanismo”.
