Con esta medida la Comisión Europea quiere ayudar a las economías de lo países miembros a superar las pérdidas derivadas de las restricciones impuestas por la pandemia. Hace ya un año, Bruselas las suspendió para que los Estados tuvieran más libertad para enfrentarse a la pandemia y quiere mantenerlas así hasta que el PIB vuelva a niveles de finales de 2019 “con el objetivo de promover una recuperación sostenible”.
La Comisión Europea se ha mostrado favorable a que continúen en 2022 las políticas económicas encaminadas a paliar el impacto de la COVID-19. De esta forma, Bruselas propone que se siga utilizando la cláusula de salvaguarda de disciplina fiscal de la Unión Europea, que permite gastar sin control del déficit y de deuda pública.
El Ejecutivo comunitario aboga de esta forma para que los Estados miembro continúen con estas políticas en sus economías durante este año y el próximo. Además, advierte del riesgo de retirarlas demasiado pronto.
«Está claro que en 2022 el apoyo fiscal aún será necesario: mejor errar por hacer demasiado que por hacer muy poco», ha dicho el comisario de Economía, Paolo Gentiloni
«Nuestro mensaje claro es que el apoyo fiscal debería continuar tanto tiempo como sea necesario. Basándonos en nuestras indicaciones actuales, la cláusula de salvaguarda debería seguir activa en 2022 y ser desactivada en 2023», ha manifestado el vicepresidente económico de la CE, Valdis Dombrovskis, en un comunicado.
Apoyo fiscal y gasto
La Comisión activó en marzo pasado por primera vez en su historia esta cláusula, que permite a los países desviarse temporalmente de las metas de déficit y deuda. Una norma centrada en el apoyo fiscal y el incremento de gasto público como son los subsidios, la reducción de impuestos o las ayudas directas.
Aunque la decisión definitiva no se tomará hasta que se publiquen nuevas previsiones económicas europeas a principios de mayo, la CE ha anunciado que esta decisión dependerá de una evaluación del estado general de la economía basada en criterios cuantitativos.
Y el criterio clave será la comparación del nivel de producto interior bruto (PIB) logrado con respecto al nivel previo a la pandemia, el de finales de 2019, en línea con lo que viene recomendando la Junta Fiscal Europea. Según las últimas proyecciones de Bruselas, la economía europea no recuperará estas cotas hasta mediados de 2022. Una mejora que no llegará a todos los países a la vez ni en las mismas condiciones.
La CE avanza además que, una vez se reactiven, se tendrá en cuenta la situación específica de cada país, de modo que si un Estado no ha recuperado su nivel de actividad previo a la crisis «se usará toda la flexibilidad dentro del Pacto de Estabilidad y Crecimiento» al fijar su senda fiscal.
Pese a que la vacunación arroja cierta esperanza en el horizonte de la economía europea, las nuevas variantes de COVID-19 y las persistentes restricciones suponen un riesgo para una recuperación que se espera comience en el segundo trimestre. En este contexto, Bruselas ha insistido en evitar una retirada prematura de las ayudas fiscales, que en 2020 alcanzaron casi medio billón de euros (un 3,7 % del PIB de la UE) solo con las medidas discrecionales adoptadas por los Gobiernos.
«Está claro que en 2022 el apoyo fiscal aún será necesario: mejor errar por hacer demasiado que por hacer muy poco», ha dicho el comisario de Economía, Paolo Gentiloni, llamando a evitar los errores cometidos en la crisis financiera. Una vez que la situación sanitaria mejore, Bruselas llama a transitar gradualmente hacia un apoyo más específico y enfocado en la recuperación, que tenga en cuenta la sostenibilidad fiscal a medio plazo y el impacto del fondo de recuperación europeo.
La Comisión ha recordado que los 312.500 millones de euros en subvenciones que concederá, de los que España será primera beneficiaria con casi 70.000 millones, permitirán a los países dar un apoyo «sustancial» a sus economías sin aumentar el déficit y la deuda nacionales. Y en este sentido, subraya que los Gobiernos deberían usarlo para complementar la inversión nacional con inversiones adicionales «productivas y de alta calidad» que, combinadas con reformas estructurales, impulsen el crecimiento.
Bruselas advierte en este sentido de que las políticas presupuestarias en 2022 tendrán que ser diferenciadas entre países, y que aquellos con una deuda más elevada, como España, Italia o Grecia, deberían «seguir políticas fiscales más prudentes», aunque mantengan el apoyo en general.
Pese a que la vacunación arroja cierta esperanza en la economía europea, las nuevas variantes de COVID-19 y las persistentes restricciones suponen un riesgo para una recuperación que se espera comience en el segundo trimestre
Y para ellos serán de especial ayuda las subvenciones del fondo de recuperación, según Dombrovskis, quien apuntó que es pronto para saber cuándo habrá que pasar a «poner menos énfasis en los estímulos y más en la prudencia fiscal», ya que para ello habrá que vigilar la situación económica, incluidos la evolución de los intereses de la deuda soberana.
Sindicatos europeos
El secretario general de la Confederación Europea de Sindicatos (ETUC por sus siglas en inglés), Luca Visentini, afirmó que se debe confirmar en mayo la suspensión de normas de déficit y deuda en 2022, ya que lo considera “lo más responsable”. Visentini aseguró que estas medidas pueden marcar un “importante cambio” en la política fiscal de la Unión Europea.
Estas reacciones llegan después de que la Comisión Europea haya propuesto mantener activada también durante 2022 la cláusula de salvaguarda de las normas de disciplina fiscal de la UE, que suspende de facto el control del déficit y la deuda para permitir que los países sigan gastando lo necesario para paliar el impacto de la pandemia.
«No debe haber una vuelta a la austeridad en 2023», recalcó Visentini, quien añadió que la Comisión debe aprovechar este momento para replantear sus normas fiscales mediante consultas con los sindicatos, las empresas y la sociedad civil.
Greenpeace también opinó al respecto y manifestaron en un comunicado que la propuesta de la Comisión «es un paso en la dirección correcta, pero no es suficiente para garantizar que el plan fiscal cumpla los objetivos medioambientales y sociales de la recuperación ecológica de la UE».
