N. L. ■
Bruselas no se fía de la palabra de Viktor Orban. La Comisión ha dado luz verde al plan de recuperación remitido por Budapest, pero no autorizará ningún pago hasta que ponga en práctica las reformas que contiene. A la retención de este primer tramo de ayudas por valor de 5.800 millones de euros, de los que podría perder la mayor parte si la situación no se resuelve antes de final de año, se suma otra propuesta, en este caso para inmovilizar 7.500 millones de euros procedentes de los fondos regionales asignados al país.
La Comisión Europea no ha cambiado de parecer respecto a Hungría. El Gobierno de Víktor Orban ha dado en las últimas semanas pasos en la «dirección correcta» pero de momento siguen siendo insuficientes para «disipar los riesgos» que planean entorno a la independencia de la justicia, que «ha seguido deteriorándose», y la lucha contra la corrupción.
El resultado de este análisis es que propone mantener congelados 13.300 millones de euros en fondos asignados a Hungría: 7.500 millones en fondos de cohesión del período 2021-2027 y los 5.800 millones del plan de recuperación Next Generation EU.
La primera de las decisiones afecta al mecanismo de condicionalidad por los problemas, irregularidades y deficiencias sistémicas con el Estado de derecho identificadas en Hungría. Un mecanismo que se activa cuando están en juego los intereses financieros de la UE
Según Bruselas, el desembolso del dinero tendrá que seguir paralizado hasta que Budapest cumpla con las reformas comprometidas para garantizar la independencia judicial.
La primera de las decisiones afecta al mecanismo de condicionalidad activado por Bruselas por los problemas, irregularidades y deficiencias sistémicas con el Estado de derecho identificadas en Hungría.
Un mecanismo que se puede activar cuando están en juego los intereses financieros de la UE y que llevó al equipo de Ursula von der Leyen a plantear a mediados de septiembre la congelación de un tercio de los fondos de cohesión (7.500 millones) asignados al país durante este marco presupuestario. Tras semanas de tira y afloja, Orban respondió con un paquete de 17 medidas correctoras, con una lista de reformas y un calendario preciso.
Dos meses después, porque el plazo expiró el 19 de noviembre, la conclusión de Bruselas es que los avances no son suficientes.
«A pesar de las medidas adoptadas, sigue existiendo un riesgo para el presupuesto de la UE, dado que las medidas correctoras que aún deben cumplirse son de carácter estructural y horizontal», estima la Comisión. «Si bien se han emprendido o están en curso una serie de reformas, Hungría no ha aplicado adecuadamente los aspectos centrales de las 17 medidas correctoras necesarias acordadas, tal como se había comprometido», ha añadido la Comisión sobre elementos como la eficacia de la recién creada Autoridad de Integridad y al procedimiento de revisión judicial de las decisiones judiciales. Como consecuencia, el Ejecutivo comunitario propone mantener su propuesta de congelación de fondos de tres programas operativos y de no contraer compromisos jurídicos con ningún fondo de interés público.
La decisión final, no obstante, la tendrán que tomar los ministros de Economía y Ginanzas de la UE, por mayoría cualificada, antes del 19 de diciembre.
Plan de recuperación
La segunda decisión se refiere al plan de recuperación y a los 5.800 millones de euros asignados a Hungría, el único que queda por aprobar y que ha estado año y medio en el cajón del Ejecutivo comunitario por los problemas con el Estado de derecho. Finalmente -la fecha límite para que se apruebe expira a finales de año-, Bruselas propone aprobar el plan -la decisión final la tendrán también los Veintisiete- pero no habrá desembolso de fondos hasta que el Gobierno de Orban ejecute todas las reformas comprometidas, entre ellas, según ha puntualizado el vicepresidente de la Comisión, Valdis Domvrovskis, 27 hitos que incluyen garantizar la independencia judicial.
«Todos los hitos deberán cumplirse antes de solicitar los pagos. No habrá financiación hasta que los hitos se ejecuten convenientemente», ha explicado.
Concretamente, Orban tendrá que cumplir cuatro hitos en materia de independencia judicial, que serán vinculantes y con plazos concretos. En primer lugar, la creación de un Consejo judicial nacional compuesto por jueces elegidos por sus pares que consideran «vital» para garantizar el sistema de controles y equilibrios, así como un tribunal supremo independiente, con un mandato único y no renovable.
La segunda decisión se refiere al plan de recuperación y a los 5.800 millones de euros asignados a Hungría, el único que queda por aprobar y que ha estado año y medio en el cajón del Ejecutivo comunitario por los problemas con el Estado de derecho del Gobierno Orban
El listado se completa con la posibilidad de que todos los jueces puedan remitir cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, algo que actualmente no ocurre y no es compatible con la legislación europea, y el refuerzo de la justicia ordinaria. «Son claves y les llamamos superhitos.
Deben materializarse plenamente antes de que Hungría pueda solicitar un pago. No habrá un pago parcial si el cumplimiento es parcial. Si las reformas se desmantelan tras el primer pago los siguientes no se llevarán a cabo», ha avisado el comisario de justicia, Didier Reynders.
“La pelota está ahora en manos de los Estados miembros”, ha dicho Reynders. Son ahora los 27 países que componen la UE reunidos en el Ecofin, el órgano que agrupa a los ministros de Economía y Finanzas, quienes tienen que decidir sobre las dos propuestas que han aprobado los comisarios europeos.
