N. L.
Así lo ha confirmado el Ejecutivo comunitario en la publicación del paquete semestral de primavera. La decisión estaba casi descontada pero no deja de ser la confirmación de que la Comisión no quiere prisas a la hora de retirar los estímulos de apoyo a la economía para no repetir los errores de la anterior crisis. El Ejecutivo comunitario prevé que la cláusula de escape del Pacto de Estabilidad se mantendrá activada hasta 2023.
La Comisión Europea ha propuesto que las normas comunitarias que limitan el déficit y deuda públicos sigan suspendidas en 2022 y que se reactiven en 2023, con el objetivo de que los gobiernos del bloque mantengan los estímulos económicos que desplegaron desde el inicio de la crisis provocada por la pandemia de la COVID-19 para reactivar sus economías.
Bruselas ha incluido esta propuesta en las recomendaciones de política económica y fiscal para la Unión Europea, publicadas este miércoles y ha abogado por mantener las políticas de apoyo económico durante 2021 y 2022.
“La CE ha añadido que cuando las condiciones económicas lo permitan, los Estados miembros «deben aplicar políticas para lograr una posición fiscal prudente a medio plazo y garantizar la sostenibilidad fiscal a medio plazo»
La CE ha pedido que durante 2022 siga suspendido el Pacto de Estabilidad y Crecimiento que mantiene el déficit público por debajo del 3% del Producto Interior Bruto (PIB) y exige que la deuda pública no supere el 60% del PIB. El pasado 3 de marzo, la CE ya abogó por mantener la cláusula de salvaguarda del pacto activa durante 2022 y defendió que la decisión sobre su desactivación se tome después de realizar un análisis sobre el estado de la economía basado en criterios cuantitativos.
Se cumplen las condiciones
Según las últimas previsiones económicas del Ejecutivo comunitario, la economía volverá a las cotas previas a la pandemia en el cuarto trimestre de este año en los Veintisiete y en el primer trimestre de 2022 en la eurozona. En este sentido, la Comisión Europea ha asegurado que «se cumplen las condiciones para la aplicación continuada de la cláusula de salvaguarda en 2022 y su desactivación a partir de 2023».
La Comisión Europea ha visto «lógico» no adoptar la decisión de abrir procedimientos por déficit y deuda excesivos a los países debido a la «incertidumbre» que existe todavía, y considera un criterio cuantitativo «clave» la comparación del nivel de la actividad económica en la UE o la eurozona con los niveles previos a la crisis, a finales de 2019.
La CE ha destacado que hasta 23 Estados miembros superan el umbral del 3% del PIC de déficit y 13 países rebasan el 60% de deuda pública. Además, Chipre, Italia y Grecia continúan presentando desequilibrios económicos «excesivos», mientras que Croacia, Portugal, Irlanda, Francia, Rumanía, España, Alemania, Países Bajos y Suecia tienen desequilibrios.
El Ejecutivo comunitario también prevé reanudar el debate sobre la reforma de las normas de disciplina fiscal de la UE, que se vio interrumpido por la pandemia, en la segunda mitad de 2021. Valdis Dombrovskis, comisario de Estabilidad Financiera, ha admitido este miércoles que lograr un acuerdo para adaptar esas normas «no será una tarea fácil».
La Comisión Europea también ha instado a mantener durante 2021 y 2022 las políticas fiscales de apoyo y ha subrayado que los países «deberían evitar una retirada prematura del apoyo y aprovechar al máximo la financiación del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia».
«La implementación de inversiones y reformas en el marco del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia ayudará a apoyar la recuperación económica, fomentar un mayor crecimiento potencial y empleo, reducir los desequilibrios y mejorar las finanzas públicas», ha indicado la CE, que ha detallado que los países con bajos niveles de deuda «deberían adoptar una postura fiscal de apoyo, también haciendo uso completo del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia».
El Ejecutivo comunitario ha pedido que los Estados con un nivel elevado de deuda usen el fondo de recuperación para financiar «inversiones adicionales que respalden la recuperación, al tiempo que adoptan una postura fiscal prudente».
Asimismo, la CE ha añadido que cuando las condiciones económicas lo permitan, los Estados «deben aplicar políticas para lograr una posición fiscal prudente a medio plazo y garantizar la sostenibilidad fiscal a medio plazo».
Paolo Gentiloni, comisario de Asuntos Económicos, pidió “prudencia fiscal” a este grupo de países por su elevado endeudamiento, instando a España y al resto a tratar de reducir el aumento del gasto público estructural y a acometer inversiones que permitan potenciar el crecimiento, en particular en áreas verdes y digitales, aprovechando los fondos ligados al Plan de Recuperación. La clave, dijo, es tener menos gasto corriente y más inversiones en investigación e infraestructuras. Además, reclamó reformas para que haya “más a impuestos medioambientales” y menos sobre el trabajo, e instó a reforzar la “lucha contra la competencia fiscal”.
“Según las últimas previsiones económicas del Ejecutivo comunitario, la economía volverá a las cotas previas a la pandemia en el cuarto trimestre de este año en Los Veintisiete y en el primer trimestre de 2022 en la Eurozona”
Desequilibrios de calado
Bruselas publicó informes específicos sobre una docena de países en los que ha detectado desequilibrios de calado. El documento que alude a España dice que presenta “elevados riesgos para la sostenibilidad fiscal a largo plazo”, al “combinar altos niveles de deuda privada, gubernamental y externa”. Ante esta situación, Bruselas recomienda al Gobierno español priorizar reformas estructurales que “contribuyan a la sostenibilidad a largo plazo de las finanzas públicas, incluyendo reforzar la cobertura, adecuación y sostenibilidad de los sistemas de salud y protección social”, como el desempleo o las pensiones. También pide atajar paro y temporalidad.
El informe también alerta de que “los bancos españoles siguen teniendo algunas de las ratios de capital más bajas en la UE”. “Esto justificaría una supervisión estrecha teniendo en cuenta el probable deterioro de la calidad de los activos tras la retirada de las medidas de apoyo”, como las moratoriasde pago para deudores, ilustra. Más allá, Bruselas ve con preocupación el impacto de la crisis sobre los activos de Sareb, y el impacto negativo del llamado banco malo en la deuda pública.
