Un día después de que expirase el ultimátum dado a Londres, la Comisión Europea inicia el procedimiento judicial contra la isla británica. Bruselas dio a Boris Johnson un ultimátum para retirar las partes controvertidas de la Ley de Mercado Interior, que incumple partes del Acuerdo del Brexit y en consecuencia es una violación del Derecho Internacional. El plazo expiró el martes de 30 de septiembre sin ninguna respuesta desde el otro lado del canal de La Mancha.
Ursula von der Leyen, líder del Berlaymont, ha dado el paso que muchos esperaban: inicia las acciones legales por la violación del Tratado utilizando los propios recursos que el Acuerdo de Salida. Este documento, jurídicamente vinculante, entró en vigor el 1 de febrero (tras el Brexit político) y cuenta con herramientas para hacer frente a un incumplimiento por cualquiera de las partes.
Por ello, el Ejecutivo comunitario ha enviado a la isla una carta de emplazamiento, el primer paso del procedimiento de infracción. El Gobierno británico tiene ahora un mes para contestar de forma detallada. De no resultar satisfactoria, el último paso del proceso es elevar la disputa ante el Tribunal de Justicia de la UE. «La Comisión Europea seguirá trabajando para la puesta en marcha completa y a tiempo del acuerdo. Respetamos nuestro compromiso», ha señalado Von der Leyen a través de un breve mensaje institucional.
La próxima fecha clave que se han dado los socios para alcanzar un acuerdo que deberá ser ratificado por el Parlamento Europeo y los Parlamentos nacionales es el 15 de octubre
El Gobierno británico alega que el Acuerdo de Salida es diferente a cualquier otro tratado porque se cocinó “de forma precipitada” y en medio “de un gran desafío político”. Mientras que la UE recuerda que fue el resultado de unas negociaciones «largas, minuciosas y difíciles entre ambas partes” que se prolongaron durante más de dos años.
“La implementación efectiva y completa del Acuerdo de Salida será siempre una prioridad absoluta para la UE. Es el resultado de una larga negociación entre la UE y el Reino Unido y la única vía para proteger el Acuerdo de Viernes Santo, y garantizar así la paz y estabilidad en la isla de Irlanda”, ha señalado Michel Barnier, jefe negociador por parte comunitaria.
La polémica legislación ha pasado hasta en tres ocasiones el filtro del Parlamento británico y necesita el aval de la cámara de los Lores para convertirse en ley oficial. Si finalmente lo hace, el Gobierno británico podrá alterar partes del Protocolo de Irlanda eliminando los controles en el Úlster. Daría vía libre al Gobierno a modificar de forma unilateral el régimen aduanero y de ayudas estatales que recoge el Acuerdo de Salida rompiendo cualquier disposición prevista en el Protocolo de Irlanda y sin acatamiento a ninguna decisión del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE).
El paso de Bruselas llegaba un día antes de que concluyera la novena y última ronda negociadora de los equipos liderados por Michel Banier y David Frost. El viernes, el diplomático francés informó sobre los progresos para iniciar la llamada negociación ‘túnel’, por su tecnicismo y secretismo, que pueda dar lugar a un acuerdo antes del 15 de octubre. De lo contrario, el escenario para un divorcio a las bravas, con un gran impacto económico a ambos lados del canal de La Mancha en tiempos de pandemia, estará mucho más cerca.
Los 27 líderes de Estado y de Gobierno, reunidos en Bruselas el jueves y viernes, pasaron de puntillas sobre el estado de las negociaciones para la relación futura con el submarino amarillo. Los próximos días son claves para avanzar en los tres puntos más divisorios: la pesca, la competencia leal y la gobernanza. Las ocho ronda de diálogo de los últimos seis meses han concluido sin avances y con «divergencias muy serias».
La próxima fecha clave en el calendario es el 15 de octubre. Fecha máxima que se han dado los dos socios para alcanzar un acuerdo, que deberá ser ratificado por el Parlamento Europeo y los Parlamentos nacionales. También ese día, se celebra el Consejo Europeo de otoño, donde el Brexit volverá a monopolizar la agenda. A pesar de que la nueva legislación británcia ha enturbiado todavía más la confianza de Bruselas hacia Londres, el bloque comunitario no da por terminadas las negociaciones e insiste en que utilizará «cada segundo» para alcanzar un acuerdo comercial ambicioso que evite un Brexit económico a las bravas.
Hay que recordar que la UE dió ya un últimatum el pasado 10 de septiembre para que retirara el pólemico proyecto de ley.
Bofetada a la UE
El movimiento de Boris Johnson es una bofetada a la Unión Europea y a la marcha de las negociaciones para pactar un acuerdo comercial que regule su relación en el futuro. Maros Sefcovic, líder del comité conjunto para la aplicación del Acuerdo de Salida, cruzaba el canal de La Mancha para buscar “aclaraciones” de sus homólogos británicos. Al final de la cita que ha mantenido con Michael Gove, ministro de gabinete del Reino Unido, la Comisión Europea ha pedido al submarino amarillo que dé marcha atrás y que elimine las medidas controvertidas “lo antes posible y antes de que concluya el mes”. Para Bruselas, con esta provocación, el Reino Unido “ha dañado seriamente la confianza con la UE”. “Ahora le toca a él restablecerla”, afirma el comunicado oficial posterior al encuentro.
El Gobierno británico alega que el Acuerdo de Salida es diferente a cualquier otro tratado porque se cocinó “de forma precipitada”
El Gobierno británico alega que el Acuerdo de Salida es diferente a cualquier otro tratado porque se cocinó “de forma precipitada” y en medio “de un gran desafío político”. Algo que no ha tardado en corregir su contraparte europea. “Fue el resultado de unas negociaciones largas, minuciosas y difíciles entre ambas partes”, recuerda Bruselas de unas conversaciones que se prolongaron durante más de dos años.
El Acuerdo de Salida, que entró en vigor el 1 de febrero (tras el Brexit político), es jurídicamente vinculante. Desde ese momento, ninguna de las partes puede de forma unilateral “cambiar, clarificar, enmendar, interpretar, ignorar o dejar de aplicar” lo pactado», recuerda la UE. El equipo liderado por Barnier ya aseguraba, en aquel momento, que el bloque comunitario que “no dudará en utilizar los mecanismos legales para hacer resolver el incumplimiento de a las obligaciones”.
