Nuria Díaz
Ha sido estrenar junio y desencadenarse un alud de espinosos temas energéticos que probablemente estaban soterrados bajo la omnipresente pandemia y sus consecuencias sociales y económicas. El mes se ha estrenado con varias medidas de la ministra del ramo, Teresa Ribera, a cada cual más rodeada de polémica y todas con un objetivo común: reducir el recibo de la luz que en lo que llevamos de año se ha disparado más de un 22% respecto a los mismos meses del año pasado. La ministra ha puesto en marcha una nueva tarifa eléctrica, muy criticada por las asociaciones de consumidores que ven en la discriminación horaria que postula un castigo a los hogares más vulnerables. Y, por otro lado, ha presentado un anteproyecto de ley que recortará en unos 1.000 millones los ingresos de las nucleares y de las hidroeléctricas y que el sector ha calificado de “intervencionista” al tiempo que amenaza con dar la batalla legal. El verano eléctrico viene calentito.
Hasta ahora la ministra Teresa Ribera no había tenido grandes encontronazos con el sector eléctrico, lo que es mucho decir tratándose de uno de las industrias más poderosas y más peleonas ala hora de defender sus intereses. De ello pueden dar fe desde el socialista Miguel Sebastián, a los populares José Manuel Soria o Álvaro Nadal. Pues el idilio parece que se ha acabado. El Gobierno aprobaba el martes pasado dos medidas destinadas a abaratar hasta un 15 % la factura de la luz en los próximos cinco años recortando una parte de los beneficios de las grandes eléctricas, el mismo día en que entraba en vigor la nueva factura eléctrica, que supone una subida inmediata del montante final de la factura para más de 10 millones de consumidores. «El Ejecutivo quiere velar por los consumidores, sobre todo por los domésticos, y asegurarnos de que cuentan con un precio de la energía razonable», señalaba durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, quien ha defendido la necesidad de que los beneficios por el alza de los precios de dióxido de carbono (CO2) repercutan también en los consumidores y no solo en «las cuentas de resultados de las empresas».
El Foro Nuclear ha manifestado su “perplejidad ante las declaraciones de que las centrales nucleares están amortizadas y que disfrutan de “beneficios caídos del cielo”, ya que como demuestran los balances el inmovilizado pendiente de amortizar es superior a 5.500 millones
Por partes. La primera de las medidas, la entrada en vigor de una nueva tarifa eléctrica, distribuida por tramos horarios, ha levantado una gran cantidad de críticas por parte de las asociaciones de consumidores que alertan de que la medida penaliza al pequeño consumidor en beneficio de los grandes. A su juicio, el traslado de las franjas de uso con la electricidad más barata a horas de la madrugada -que ha dado lugar a innumerables declaraciones sarcásticas sobre planchar o poner la lavadora a media noche- resulta ineficaz para la mayor parte de los hogares, especialmente los más vulnerables. Asimismo, denuncian que en junio se podrían producir aumentos de hasta el 27% en la factura. Según cálculos de la CNMC, sin embargo, aquellos consumidores acogidos con anterioridad a una tarifa de discriminación horaria verán aumentar su factura en unos dos euros mensuales. El resto, unos 19 millones, ahorrarán más de un 3 % en el recibo eléctrico.
Lo cierto es que el recibo ya venía repuntando. En mayo lo hizo un 0,8% con respecto a abril y se ha disparado un 43,8% frente al mismo mes del año pasado. “Siempre hay una explicación, señala muy crítica una fuente del sector: en febrero fue Filomena, ahora los derechos de emisión de CO2… el caso es que en lo que va de 2021, el recibo de la luz asciende a unos 341,8 euros para un consumidor medio, lo que supone casi un 22% más que en los cinco primeros meses del año pasado”. Incluso aun reconociendo que la comparación el año pasado, con confinamientos estrictos, es complicada, la subida es muy significativa.
A por los’ beneficios caídos del cielo’
Con todo, será la segunda de las medidas tomadas por el departamento de Ribera la que seguro le trae más quebraderos de cabeza. Y es que el ejecutivo ha acordado iniciar la tramitación urgente de un anteproyecto de ley para reducir la sobre retribución que perciben en el mercado mayorista las centrales no emisoras de CO2 anteriores a 2005, los llamados «beneficios caídos del cielo» («windfall profits«), que supondrá un recorte de unos 1.000 millones de euros en los beneficios que reciben las eléctricas. Además, el Ejecutivo ha dado ‘luz verde’ a un proyecto de ley que liberará a los consumidores del coste de las primas de las renovables y que se repartirá entre las empresas. Según ha destacado la ministra, ambas iniciativas supondrán una reducción del 15 % de la factura de los consumidores domésticos e industriales. «Queremos que nuestra respuesta aborde todas las preocupaciones que tienen los consumidores cuando ven que su factura va creciendo», ha recalcado la vicepresidenta en relación con estas medidas, que se incorporarán «de manera paulatina hasta un plazo máximo de tiempo de cinco años», ya que la aplicación del denominado ‘fondo verde’ es gradual -un 20 % cada uno de los cinco años-.
La ministra ya ha asegurado que no teme la batalla judicial con la que amenaza el sector eléctrico y asegura que se trata de una propuesta compatible con el marco normativo comunitario y que cuenta con el respaldo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea
La respuesta no se ha hecho esperar. El Foro Nuclear ha manifestado su “perplejidad ante las declaraciones de que las centrales nucleares están amortizadas y que disfrutan de “beneficios caídos del cielo”, ya que como demuestran los balances y cuentas de resultados auditados de las empresas propietarias de las centrales, señalan, “conocidos por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, el inmovilizado pendiente de amortizar es superior a 5.500 millones, con más de 3.000 millones invertidos solo en los últimos 10 años. Y recuerdan que “las centrales vienen solicitando reiteradamente una revisión de la elevadísima fiscalidad que soportan, y demandan una retribución ajustada pero razonable que haga viable una tecnología que es indispensable para la descarbonización de la generación de electricidad, contemplada en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 (PNIEC). El anteproyecto de Ley va en sentido contrario y aboca al parque nuclear al cierre”.
Según todos los analistas la medida afectaría a aquellas compañías con mayor exposición a centrales nucleares e hidroeléctricas, donde Endesa contaría con un alto peso en su resultado bruto de explotación (Ebitda) de producción de ambas tecnologías, con en torno al 15% en 2020, frente al 8% en Iberdrola, el 5% Acciona y el 4% Naturgy. Y los mismos analistas no dudan de que estas compañías ya estarán preparando la batalla judicial para impedir este recorte.
El ‘argumentario’ eléctrico para frenar los planes de la ministra
Los argumentos que estarían manejando en el sector, según estas fuentes, es que el anteproyecto va en contra del derecho comunitario y es una intervención en los precios de mercado no acorde con el trabajo de credibilidad-país realizado en los últimos años. Además, la posible propuesta parece que afectaría a tecnología no emisora de CO2 lo que estaría contra la lógica de incentivar esta tecnología en el marco del PNIEC. Cualquier propuesta de poner un techo a la retribución de nuclear y hidroeléctrica tendría que ser aprobada en Bruselas, donde no será simple justificar la penalización de estas tecnologías no emisora (introduciría una limitación de su competitividad). Además, un toque a la retribución de nucleares con esta posible propuesta podría arriesgar el protocolo firmado por las empresas con Enresa sobre el cierre ordenado de las plantas nucleares. En definitiva, esa una medida que supone una intervención en el mercado eléctrico que pone en riesgo el futuro del PNIEC.
La ministra ya se ha adelantado y ha asegurado que no teme la batalla judicial con la que amenaza el sector eléctrico y asegura que se trata de una propuesta compatible con el marco normativo comunitario y que cuenta con el respaldo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que validó en una sentencia del 17 de octubre de 2013 un mecanismo muy similar que estuvo en vigor en España entre 2006 y 2009. La propia Ribera ha considerado que «todos los actores tienen derecho a recurrir a todos los recursos a su alcance», aunque ha subrayado que la electrificación supondrá «un incremento muy notable del negocio al que se dedican» y ha descartado un cierre acelerado del parque nuclear, que está previsto entre 2025 y 2035.
