Nuria Díaz
“Llevamos una década de retraso en el desarrollo de las energías renovables. Ahora, si queremos cumplir con los compromisos con Europa, hay que ganar el tiempo perdido”. Esta frase de una fuente de sector resume el ritmo al que se están presentando proyectos eólicos y fotovoltaicos; tantos, que en algunos municipios se ha desatado una gran contestación social por su impacto en el paisaje, la economía y la biodiversidad de la zona. El sector se defiende asegurando que esos MW son necesarios para luchar contra el cambio climático y que, además, no saldrán todos adelante y los que lo hagan será cumpliendo la exigente normativa medioambiental. En cualquier caso, unos u y otros coinciden en que el Ministerio de Transición Ecológica debería retocar el PNIEC para introducir criterios de ordenación del territorio. Un nuevo debate energético está sobre la mesa.
La planta de Núñez de Balboa en Extremadura es la más grande de Europa. Cerca de 1.500 hectáreas de terreno, casi millón y medio de paneles solares y más de 2.000 kilómetros de cables de baja y media tensión. A vista de pájaro impresiona. Una macro instalación que entró en operación hace algo más de un año tras invertir 300 millones de euros, que tiene una potencia de 500 MW y que genera energía para abastecer las necesidades de 250.000 personas al año, o sea, más o menos, la población equivalente a Cáceres y Badajoz. Y está a punto de ser superada. Ya se está construyendo otra fotovoltaica todavía mayor entre Torrecillas de la Tiesa y Aldeacentenera (Cáceres), la Francisco Pizarro, de 590 MW y 1.300 hectáreas. Casi igual de grande es la macroplanta puesta en marcha en 2019 en Mula, de 494 MW. Construida por Cobra (ACS), su perímetro ocuparía buena parte de la ciudad de Murcia.
El ritmo de peticiones está provocando que en algunas zonas haya cundido la alarma social y ecologistas, municipios y asociaciones se hayan organizado para protestar para que el proceso de transición energética no ponga en riesgo la biodiversidad
En España también está el parque eólico más grande de la Europa continental, el complejo de El Andévalo (Huelva), que con sus 292 MW de potencia está a punto de ser superado por el que se encuentra en Cuenca entre los términos de municipales de Honrubia, Cañada Juncosa, Atalaya del Cañavate y Tébar, con 313,5 MW de potencia instalada con 82 aerogeneradores de 120 metros de altura. Con algo menos de potencia, pero más generadores, 149, destaca en Guadalajara el parque de Maranchón.
Pero la lista suma y sigue y es larga. Solo en el PNIEC el Gobierno se ha marcado como objetivo duplicar la producción eólica y tener para 2030, 39 GW solares. Ahora mismo estarían ya construidos unos 12,5 GW, asique, como explica a El Nuevo Lunes José Donoso, el director general de Unión Española Fotovoltaica (UNEF), la asociación que representa a más del 90% de la actividad del sector en España, “aun quedaría como mínimo otros 17 GW para cumplir los objetivos a 2030 y, en nuestra opinión habría que incrementarlos”.
El problema es que el ritmo de peticiones, la avalancha de permisos está provocando que en algunas zonas haya cundido la alarma social y ecologistas, municipios y asociaciones ciudadanas se hayan organizado para protestar por lo que consideran que el proceso de transición energética no puede poner en riesgo la biodiversidad y abogan por buscar alternativas. Las manifestaciones se suceden en Galicia, Cantabria, Castilla y León, Andalucía…y lo cierto es que también desde el ámbito científico ha habido actos de protesta. El pasado mes de diciembre, 23 científicos del CSIC firmaron una carta en la revista Science en la que advertían de la pérdida de biodiversidad que puede causar la construcción de megainstalaciones fotovoltaicas y eólicas, en especial, en lo que se refiere a aves esteparias.
Ecologistas en Acción cree que la falta de planificación rigurosa y vinculante y de instrumentos de selección de emplazamientos adecuados está generando ya hoy la ocupación y la fragmentación de numerosos hábitats y la desaparición de especies cuando las ubicaciones de los proyectos renovables son incompatibles o sus dimensiones excesivas. Principalmente, ante la ausencia de una gobernanza adecuada por parte de las administraciones son las empresas promotoras las que están haciendo esa selección de emplazamientos, no solo por la disponibilidad del recurso eólico o solar, sino también en base al menor coste del suelo y a la menor resistencia social. “Si bien es cierto que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico presentó a finales del año pasado un mapa de zonas de sensibilidad para identificar los potenciales condicionantes ambientales, continúan, no desarrolló ningún mecanismo de obligatoriedad a esta caracterización. Incluso se siguen observando deficiencias en ese mapeo, como es el caso de las 10 plantas solares que se tramitan en un hueco “robado” al parque natural del Valle de Alcudia y Sierra Madrona (Ciudad Real), que continúa siendo un lugar apto en el mapa, a pesar de que ya se puso de manifiesto lo inadecuada que sería esa ubicación”
El efecto NIMBY o “no en mi patio trasero”
“Estamos muy preocupados con estos movimientos que amenazan la transición ecológica. Este movimiento “renovables sí, pero no en mi patio trasero, una expresión muy popular en inglés (‘not in my back yard (NIMBY)”. Pues hay que construir más solares lo que no es óbice para que se vigile que no se instalen en sitios inadecuados y se planifique mejor. Pero pedir una moratoria cuando hemos perdido una década es imposible. Además, hay que explicar que, de todos los proyectos presentados, ahora los hay por unos 103 Gw que están en promoción, muchos no saldrán adelante porque no cumplirán con la exigente tramitación de impacto ambiental o no encontrarán financiación”, explica el director general de UNEF. “Además, continúa explicando Donoso, algunos de los argumentos utilizados en alegaciones y protestas no son ciertos. Cuando se dice que las instalaciones están acabando con las tierras agrícolas hay que explicar que para cumplir con los compromisos del PNIEC solo se necesita entre un 0,15-0,17% del terreno agrícola. Es decir, si se considera que hay unos 2,350 millones de hectáreas agrícolas, la solar necesita unas 30.000 hectáreas. También es alarmista el argumento del agua que consumen estas instalaciones cuando en realidad, no usan casi, equivaldría al consumo de unas 20 personas al año”.
Ribera ha señalado que la transformación del sistema energético no puede llevarse a cabo sólo con autoconsumo y comunidades energéticas locales y que serán necesarias algunas plantas de tamaño industrial
El presidente de APPA, José María González Moya, comparte preocupación con Donoso. “Es una paradoja que, habiendo un consenso social tan grande sobre la necesidad de la transición energética, luego cunado bajas al terreno, a lo local, haya estos desacuerdos”. “Es cierto que el desarrollo ahora esta siendo muy fuerte ero es que llevamos mucho retraso. Actitudes, como por ejemplo en Cataluña, donde las administraciones piden una moratoria, son un error”. “Nuestra intención es hacer las cosas lo mejor posible, de la mano de las administraciones, y que esas administraciones planifiquen”. “La tecnología también ayudará. Antes para producir un megavatio se necesitaban tres hectáreas, ahora una. Los parques son cada vez más eficientes y nosotros defendemos que se vaya hacia esos parques más pequeños”.
La ministra Teresa Ribera también ha tenido que contestar ante la creciente presión social. Ribera ha señalado que la transformación del sistema energético no puede llevarse a cabo sólo con autoconsumo y comunidades energéticas locales y que serán necesarias algunas plantas de tamaño industrial. No obstante, ha advertido que el Gobierno será exigente para que estos proyectos tengan solvencia ambiental y social. Reivindicar una moratoria hasta que no haya nuevos planes de ordenación territorial equivale a renunciar a una década entera, una década clave en la transición energética. No se puede partir de cero, se trata de reforzar los mecanismos existentes”, ha señalado Ribera, para quien tampoco es razonable rechazar de plano las nuevas soluciones tecnológicas, que tienen menor impacto que todas las tecnologías energéticas desplegadas hasta ahora, además de ser ocupaciones desmontables con capacidad de introducir correcciones (de tamaño, de convivencia con especies y con otras actividades).
La Fundación Renovables pide más respeto al territorio y el medio ambiente
Sin duda uno de los documentos más significativos es el que al cierre de esta edición publicaba la Fundación Renovables titulado “Renovables, ordenación del territorio y biodiversidad” en el que exige unas líneas de actuación basándose en una serie de criterios técnicos, regulatorios y financieros para crear una ordenación y una planificación energética en la implantación de las renovables.
“Con la intención de mejorar la aceptación e inclusión de la sociedad en el proceso de la transición energética, ante los movimientos de oposición que están surgiendo en numerosas regiones y localidades y con el objetivo de conservar la biodiversidad, estas medidas de actuación deben ser aplicadas a todos los proyectos de renovables, incluidos los que se encuentran en estado de tramitación”, señalan.
“Desde la Fundación Renovables, continúa el documento, venimos observando que se está produciendo, en numerosas regiones de España, una falta de control y de criterios en la ordenación por la inexistencia de una planificación en la implantación, ocasionando una saturación de las administraciones locales y regionales para la tramitación de proyectos. Ante el panorama actual, el despliegue de proyectos de renovables a gran escala, entre otros criterios, debe realizarse en la cantidad y ubicación ajustadas para cubrir las necesidades del sistema eléctrico que las soluciones de autoconsumo y generación distribuida no pueden aportar. Demandamos que se reserve capacidad de evacuación, allá donde se instalen grandes plantas, para el autoconsumo y que se exima a las instalaciones de potencia inferior a la contratada de solicitar permiso de acceso y conexión”.
“Creemos que las Comunidades Autónomas deben crear una planificación energética territorializada que contenga una zonificación socioeconómica y ambiental obligatoria y vinculante para la ordenación de las instalaciones a escala local y regional. La propuesta es crear la base de la redacción para noviembre y, posteriormente, durante la edición, desarrollar un proceso de participación pública (de 3 meses de duración) y que quede aprobado a finales de marzo de 2023”.
Fuentes de la Fundación señalan que esto puede provocar cierto retraso, “como siempre cuando se produce una reflexión puede suponer un menor avance en el desarrollo de promociones, pero tanto el ritmo como la gran disponibilidad de proyectos no pone en riesgo el objetivo de reducción de emisiones ni de generación de electricidad renovable del PNIEC; aun es más lo debería facilitar por la menor contestación social. Lo que no puede ser es que para una instalación de autoconsumo tenga que ponerme a la cola en el acceso a la red cuando ya tenía una potencia contratada como consumidor muy superior a la solicitada”.
