Nuria Díaz
La batalla parece que no ha hecho sino comenzar. El recién aprobado decreto del Gobierno con medidas encaminadas a rebajar la factura de la luz, que incluye un recorte de los beneficios extraordinarios de las eléctricas por valor de 2.600 millones, ha caído como un jarro de agua fría en el sector del kilowatio, poco acostumbrado a que se les toquen las cuentas. Las compañías no han tardado en alertar de la inseguridad jurídica que acarrearía la reforma del Gobierno al tiempo que han amenazado con dar la batalla en los tribunales, pero también con el cierre desordenado de las centrales nucleares, lo que pondría en riesgo la garantía de suministro. Y, mientras, un posible efecto colateral indeseado: cientos de plantas renovables en España podrían verse abocadas a vender con importantes pérdidas.
La luz no deja de subir, superando ya los 180 euros MW/h, rompiendo lo que parecía una barrera indestructible. En medio de un clima de alarma social considerable y críticas políticas al alza, el Gobierno ha decidido poner en marcha una reforma calificada de “histórica” por algunas fuentes, de insuficiente por otras, y de intervencionista por el sector eléctrico.
Las medidas anunciadas por el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, son en gran medida de carácter fiscal como la reducción del impuesto de la electricidad del 5,1% al 0,5% y la prórroga hasta fin de año de la reducción del IVA desde el 21% al 10% y la suspensión de la denominada tasa a la generación eléctrica, del 7%. También las hay de corte social porque se incrementa la protección de los vulnerables, las familias y las pymes, estableciendo un suministro mínimo vital que prohíbe el corte del servicio por impago a los beneficiarios del Bono Social Eléctrico durante seis meses adicionales a los cuatro ya existentes. E igualmente se convocarán nuevas subastas de contratos de compra de energía y en la próxima revisión trimestral, el 1 de octubre, la subida del gas natural que pagan los usuarios será del 4,6%, en lugar del 29%.
El Ministerio de Transición Ecológica ha aprobado un paquete de medidas que se basa en detraer 2.600 millones de euros de las cuentas de las eléctricas para reducir los beneficios que les ha producido el incremento del coste del gas natural en otras tecnologías como las renovables que van a mercado, la hidráulica o la nuclear
Pero sin duda, la medida que ha revolucionado al sector es la de meter la tijera a sus ingresos extraordinarios. El Ministerio de Transición Ecológica ha aprobado un paquete de medidas que se basa en detraer 2.600 millones de euros de las cuentas de las eléctricas para reducir los beneficios que les ha producido el incremento del coste del gas natural en otras tecnologías como las renovables que van a mercado, la hidráulica o la nuclear. El Gobierno impondrá a estas centrales un precio del gas de 20 euros/MWh, que equivale a la media de negocio del Mibgas desde su existencia y detraerá los ingresos extra que perciban estas tecnologías hasta marzo de 2022, fecha en la que se espera una normalización de las cotizaciones internacionales del gas.
Las nucleares, ¿moneda de cambio?
A pesar de que el recorte de beneficios será temporal, la patronal Aelec manifestaba rápidamente su “contundente rechazo” a unas medidas que tacha de “intervencionistas y que penalizan de forma injusta a un sector que aporta 3.300 millones de euros anuales en impuestos y tiene comprometidos 4.500 millones de euros este año en inversiones”. Las principales empresas ya habrían puesto en manos de sus equipos jurídicos la batalla legal en contra del paquete de medidas, según aseguran fuente del sector.
Pero sin duda el golpe de efecto lo daba el presidente del Foro de la Industria Nuclear Española, Ignacio Araluce, que señalaba que estas medidas “ahondan aún más en la penalización a la generación eléctrica de origen nuclear” y advertía de que provocarían “un cierre desordenado de la generación nuclear” y “la consiguiente pérdida de puestos de trabajo y tejido industrial”. Una amenaza que fue recibida con calma por Teresa Ribera que aseguraba que las palabras de Araluce respondían a un calentón y que cuando leyeran el decreto con sosiego, cambiarían de opinión. Una advertencia que supondría suprimir de golpe cerca del 20% de la energía total del país. “Es una amenaza difícil de cumplir. Explica una fuente. La Ley del Sector Eléctrico estipula que una decisión como esa debe ser autorizada por la Administración y por REE porque está en juego la garantía de suministro”.
En caso de que la industria decidiera seguir adelante con su amenaza, la legislación española ofrece mecanismos para que el Estado intervenga. El artículo 64 de dicha ley, en su punto 31, considera como infracción «grave» la «interrupción o suspensión del suministro sin que medien los requisitos legales». Por otra parte, el artículo 128 de la Constitución deja abierta la puerta a la intervención del estado en caso de que las empresas operen contra el interés general del país.
Desde el Gobierno explican que «la minoración de CO2 tiene un suelo de 20 euros por tonelada de CO2» y que esto «coincide con el precio que había cuando las eléctricas firmaron el protocolo de cierre en marzo de 2019», por lo que «no supone ninguna detracción de los ingresos que recibían cuando lo firmaron»
Fuentes del Gobierno explican que «la minoración de CO2 tiene un suelo de 20 euros por tonelada de CO2» y que esto «coincide con el precio que había cuando las eléctricas firmaron el protocolo de cierre en marzo de 2019», por lo que «no supone ninguna detracción de los ingresos que recibían cuando lo firmaron». «Es más, contempla sus expectativas de mayores ingresos por la subida del CO2 al concederles un 10% de los ingresos sobrevenidos cuando el CO2 esté por encima de esos 20 euros por tonelada», dice el Gobierno, que recuerda además que «el proyecto de Ley se ha tramitado con todas las garantías y ha recibido el informe positivo de la CNMC, del Consejo de Estado y es conforme a derecho nacional y europeo».
Desde la Fundación Renovables, que apoyan estas medidas, señalan sin embargo que no hay que perder de vista que son temporales y que el sector necesita reformas más en profundidad del mercado.
Las renovables, daño colateral
Las renovables tampoco están contentas con el decreto. La inmensa mayoría de la producción eléctrica de estas instalaciones que no están sujetos a régimen retributivo aseguran con coberturas sus precios, dadas las exigencias tanto de entidades financieras como de sus inversores (en la mayoría de los casos las coberturas superan el 80-90% de la producción). Al entrar en vigor el Real Decreto-ley 17/2021, cientos de plantas en España se verán abocados a vender con importantes pérdidas, a denunciar los contratos e, incluso, a paralizar su producción durante el período de vigencia de la norma.
Desde el sector se entiende que este efecto no era el buscado por el Gobierno, que ha realizado un importante esfuerzo en los últimos años por acelerar la transición a una economía más baja en carbono, con mayor presencia de renovables y con menores costes energéticos gracias a la competitividad alcanzada por las energías limpias.
Según datos de la Asociación Empresarial Eólica (AEE), el 21% del parque eólico español se verá afectado negativamente por las nuevas medidas aprobadas por el Gobierno. Y ponen un ejemplo práctico de cómo puede afectar esta medida a los PPA existentes: un propietario de un parque eólico que cierra un contrato de venta de su electricidad para el cuarto trimestre de este año finales del año pasado, para lo cual habrá tenido en cuenta los futuros de la electricidad de OMIP. El precio para dicho contrato para el último trimestre de 2021 se habría cerrado a 50 euros/MWh aproximadamente (asumiendo un 10% de descuento sobre el precio del futuro para el Q4/2021). Si se cumplen los precios que actualmente están indicando los futuros de OMIP, (el gas en el Q4/2021 estaría en 68,1 euros/MWh) el propietario del parque eólico tendrá que devolver al sistema 78,1 euros/MWh, lo cual le llevaría a un resultado negativo de -34,1 euros/MWh y le obligaría a no generar electricidad.
Por ello, desde APPA Renovables se reclama la tramitación de la norma como Proyecto de Ley en las cortes para poder modificar los aspectos más lesivos para los proyectos y salvaguardar la seguridad jurídica, fundamental para la obtención de los más de 100.000 millones de euros en inversiones necesarios para acometer la Transición Energética.
