Nuria Díaz ■
Doce Pertes en algo más de un año, mucha convocatoria, pero, aseguran los expertos, poca ejecución presupuestaria. El 30% de los algo más de 30.000 millones previstos. Así las cosas, y con el del coche eléctrico y el del hidrógeno como puntales de la inversión, 2023 se postula ya como el año del acelerón para utilizar los fondos europeos en la transformación de la economía española. Los sectores piden más agilidad en las convocatorias, más información, menos trabas burocráticas y más acceso a las pymes. “Nos jugamos mucho. Estas ayudas son fundamentales”, señala una fuente.
PERTE: Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica. Quizá uno de los conceptos más repetidos en 2022 y desde luego que seguirá siéndolo en 2023. Este nuevo instrumento de colaboración público-privada en los que colaboran las distintas administraciones públicas, empresas y centros de investigación con el objetivo de impulsar grandes iniciativas que contribuyan a la transformación de la economía española señalando áreas concretas de futuro, es una de las grandes apuestas del Gobierno de Pedro Sánchez para impulsar la economía gracias a las ayudas europeas.
Desde Anfac se explica que la asignación del Perte del vehículo eléctrico ha sido menor de la esperada y es necesario que en una segunda convocatoria se repartan los 2.200 millones que restan del presupuesto asignado en la primera
A 14 de diciembre, según los últimos datos oficiales proporcionados por el Ejecutivo, hay doce PERTE en marcha y se han resuelto 922 convocatorias con una financiación total de 13.757 millones de euros, que han sido adjudicados a 97.821 beneficiarios. Todo el mundo sin excepción ha aplaudido la iniciativa que han considerado fundamental desde la CEOE, a los analistas o las propias empresas.
Desde julio de 2021 cuando el Consejo de Ministros aprobó el PERTE para el desarrollo del vehículo eléctrico y conectado; se han ido sucediendo: el PERTE para la salud de vanguardia; PERTE de energías renovables, hidrógeno renovable y almacenamiento; PERTE Agroalimentario; PERTE Nueva economía de la lengua; PERTE Economía circular; PERTE para la industria naval; PERTE Aeroespacial; PERTE de digitalización del ciclo del agua; PERTE de microelectrónica y semiconductores; PERTE de economía social y de los cuidados; hasta el últimos aprobado casi con las uvas en la mano: el PERTE de descarbonización industrial. Este último proyecto prevé una inversión pública de 3.100 millones de euros que van a permitir movilizar hasta 11.800 millones de euros de inversión total.
Con cuentagotas
Sin embargo, y como nunca es oro todo lo que reluce, nada está yendo al ritmo esperado. Los
cerca de 10.000 millones adjudicados en 2022, son solo un 30% de la inversión prevista que alcanza los 33.000 millones de euros y gran parte de ellos se ha ido sólo a los dos o tres Perte ‘estrella’ como los denomina una fuente del sector. Se trataría del Perte de energías renovables, hidrógeno renovable y almacenamiento (Ertha), con 3.900 millones y el Perte del vehículo eléctrico y conectado (VEC), con 3.000 millones.
¿Por qué va tan lenta la adjudicación de fondos? Algunos hacen sus apuestas. Antes de las Navidades, la Oficina de Proyectos Europeos de CEOE elaboraba un informe de Seguimiento de los PERTE en el que concluían que “se observa que el ritmo de publicación y adjudicación de estas convocatorias, aunque se ha acelerado, es todavía muy lento. Desde el lanzamiento del primer PERTE en julio de 2021, la ejecución de los PERTE presenta barreras importantes para el conjunto de beneficiarios, especialmente para las pymes. Entre ellas -sigue el documento- destacan la todavía baja velocidad en la publicación de las convocatorias; una necesidad de mayor flexibilidad y menor complejidad en el acceso a las ayudas; y una falta de detalle y actualización periódica de la información en relación con la llegada de los fondos asociados a los PERTE a la economía real”.
Desde ANFAC, la patronal del automóvil, pese a que se valora positiva y expresamente el PERTE VEC y el esfuerzo realizado por el Gobierno, también se explica que “es cierto que su asignación ha sido menor de la esperada y es necesario que en la convocatoria de lo que se ha llamado PERTE VEC 2 se repartan los 2.200 millones que restan del presupuesto asignado en la primera convocatoria que fue de 2.975 millones. Los mecanismos para desarrollar los proyectos tractores son complejos y no han casado con los tiempos y las estrategias de las grandes multinacionales del automóvil”. Se refieren en la patronal a las dificultades que hubo para que los grandes fabricantes se implicaran. A principios del mes de noviembre, Seat alertó de que el “Perte no es suficiente” y pidió más ayudas públicas. Su CEO, Wayne Griffiths, aseguraba que el fabricante estaba en charlas con las administraciones regionales y central para buscar «soluciones» para que el proyecto de la planta de baterías en Sagunto saliera adelante. Y así fue. El Gobierno ampliaba las ayudas del PERTE del coche eléctrico a 880 millones y además convocó otro en 2023.
En todo caso, ANFAC asegura estar colaborando con el ministerio de Industria “y ya nos hemos reunido con el nuevo secretario general de Industria, Francisco Blanco, para lograr ese objetivo de que todo el dinero presupuestado se quede en el sector de la automoción y sirva de palanca para impulsar la transformación y atraer nuevos proyectos vinculados con la movilidad sostenible, conectada y electrificada, con la que estamos plenamente comprometidos. Eso sí, el PERTE VEC es sólo una palanca, hace falta que el Gobierno tome medidas como que las ayudas a la compra de vehículos electrificados sean directas y no tributables en el IRPF o que agilice la implementación de la escasa red de puntos públicos de recarga rápida que existe en España”, señalan.
El hidrógeno en el centro
Por su parte, el Perte de energías renovables, hidrógeno renovable y almacenamiento (Ertha), ha visto ya como el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico lanzaba dos convocatorias de ayudas: una de 240 millones de euros ligada a la energía renovable marina y otra de 150 millones de euros vinculada al almacenamiento energético. De la primera convocatoria de ayudas, gestionada por el Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (IDAE), el plazo de presentación de solicitudes se abrirá en breve, el 31 de enero y finalizará el 24 de marzo. Los proyectos deberán estar finalizados antes del 15 de enero de 2026 y, además de los requisitos específicos de cada uno de los subprogramas, se valorarán criterios como la complementariedad con actividades como la acuicultura, pesca y otras del medio marino, entre otros.
El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico también ha lanzado una convocatoria de ayudas de 150 millones de euros para «proyectos innovadores» de almacenamiento energético hibridado con instalaciones de generación de energía eléctrica a partir de fuentes renovables. Gestionada también por el IDAE, en este caso el plazo de presentación de solicitudes comenzará el 18 de enero y finalizará el 20 de marzo. Es mucho dinero el que está en juego asique las grandes energéticas, como Endesa, Iberdrola, Repsol, Cepsa, o Naturgy ya preparan sus armas para la batalla de conseguir las ayudas estatales del ya conocido como Perte energético.
En breve se espera que se active el Perte Agroalimentario. El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo abrirá el próximo 23 de enero la ventanilla para solicitar las ayudas y se cerrará el 28 de febrero. Dicha línea está dotada con 510 millones de euros
Son los dos que más movimiento han generado, pero no son los únicos. En breve se espera que se active el PERTE Agroalimentario. El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo abrirá el próximo 23 de enero la ventanilla para solicitar las ayudas y se cerrará el 28 de febrero. Dicha línea está dotada con 510 millones de euros, de los que 310 millones se corresponde con subvenciones públicas, es decir un 60,7% del total, mientras que 200 millones están destinados a préstamos, lo que supone un 39,2%. No obstante, como se ha publicado en el BOE, este presupuesto puede llegar a incrementarse con 200 millones adicionales. La convocatoria finalmente ha flexibilizado algunos requisitos, como ampliar el número de posibles beneficiarios y limitar el número de miembros por agrupación. Dichas agrupaciones deberán tener un mínimo de cuatro entidades y un máximo de 60.
El Perte aeroespacial puede presumir de ser el que ha conseguido una mayor ejecución de los fondos. Casi de un 30% con nueve convocatorias resueltas por 500 millones, tres más cerradas o en proceso de evaluación, por valor de 110 millones y una preparada para abrirse este año 2023, con algo más de 300 millones.
Comisionados para acelerar los proyectos
Conscientes de la necesidad de acelerar las convocatorias y proyectos, el Consejo de Ministros ha nombrado a Luis Colunga comisionado para el PERTE de Descarbonización Industrial y a Jordi Carbonell comisionado para el PERTE Agroalimentario con el objetivo de reforzar el despliegue de estos proyectos, que movilizarán 3.610 millones de inversión pública. Colunga, en la actualidad director de Desarrollo Industrial de Ignis Energía, fue director general de Industria de Asturias en 2012, secretario general adjunto de IndustriAll Europe en 2016 y miembro del grupo de alto nivel de empresas intensivas en consumo de energía de la UE.
Por su parte, Jordi Carbonell será el comisionado especial para el PERTE Agroalimentario. Fue secretario general técnico del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en 1982; diputado autonómico y secretario general de Industria en la Generalitat Catalana entre 2005 y 2007, y consejero y asesor del Parque Científico y Tecnológico agroalimentario de Lleida.
Entre las funciones de estos comisionados especiales, con rango de subsecretaría, se encuentran la de promover planes para la descarbonización de la industria y la transformación de las cadenas de valor del sector agroalimentario; desarrollar medidas de apoyo y colaboración público-privada para estos proyectos; servir de interlocutor con el Gobierno y otros actores o impulsar la interlocución internacional de España.
Con estos nombramientos el Gobierno busca reforzar el despliegue de proyectos estratégicos para la recuperación y transformación económica que movilizarán 3.610 millones de euros de inversión pública.
