Nuria Díaz
Las cifras no engañan. El colapso de los juzgados especializados en cláusulas abusivas de las entidades bancarias provoca que las vistas orales se demoren hasta cuatro años y que, desde su puesta en marcha, el 1 de junio de 2017, estos órganos judiciales hayan recibido 583.964 asuntos y decidido sobre 358.512, lo que equivale a que cuatro de cada diez siguen pendientes de resolución. En cuatro años de actividad de estos juzgados especializados ya se ha acumulado un volumen de casos difícil de digerir para la Justicia, máxime, señalan las asociaciones de usuarios de banca como Asufin, cuando las entidades no cejan en su determinación recurrir a instancias superiores, pese a que pierden el 90% de los casos, y el Gobierno no acaba de dar luz verde a la largamente esperada Autoridad de Defensa del Cliente Financiero, que parece vuelve a retrasarse hasta, al menos, 2022.
La pasada semana la subgobernadora del Banco de España, Margarita Delgado, advertía de que el «inusitado» incremento de los conflictos y litigios entre la banca y su clientela puede terminar limitando o encareciendo el acceso al crédito, perjudicando al cliente bancario. “Si bien se trataba de un largo discurso en el que no cargaba las tintas del lado de la banca, si supone un reconocimiento expreso de que la excesiva litigiosidad del sector existe y perjudica especialmente a los clientes”, señala una fuente del sector. Tanto es así que, casi coincidiendo con el discurso de la reguladora, la Asociación de Usuarios Financieros (Asufin), una de las principales asociaciones de usuarios de banca, presentaba una carta pidiendo amparo al Ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, al que reclaman medios para una mayor agilidad, y al que le recuerdan que, “según los últimos datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) faltan por resolver 240.000 demandas en los juzgados especializados de las casi 600.000 que han ido llegando desde 2017, año de su creación, es decir, el 41%. El resultado de los procedimientos ya tramitados arroja un porcentaje de éxito para el consumidor del 97,55%”, “ ¿Cómo explicar a un afectado de la banca, que está reclamando legítimamente que le devuelvan un dinero que le pertenece y con toda la jurisprudencia a su favor , que tiene que espera más de cuatro años para que se resuelva su caso?, señala la presidenta de Asufin, Patricia Suárez.
Según los últimos datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) faltan por resolver 240.000 demandas en los juzgados especializados de las casi 600.000 que han ido llegando desde 2017, año de su creación, es decir, el 41%
Según los datos recopilados por esta asociación, estos juzgados especializados tardan una media de un año en la admisión a trámite de los procedimientos, con casos “sangrantes” como los de los juzgados 101Bis de Madrid y 50 de Barcelona, que arrojan datos de hasta un año y diez meses, y de dos años y tres meses, respectivamente. Por comunidades autónomas, Madrid es la que cuenta con mayor litigiosidad, con un 48,8% de las resoluciones analizadas y 44,7 sentencias por millón de habitantes. Madrid lidera especialmente los fallos por las multidivisas, según sus datos. Le sigue Cataluña, con un 11,5% de las sentencias y 9,3 fallos por millón de habitantes.
Los bancos no se rinden
El problema, por una parte, de medios. El magistrado en excedencia Agustín Azparren ha señalado en una jornada organizada por Asufin que “estamos en el pódium de la OCDE por litigiosidad, ocupando el tercer puesto. Tenemos 5.700 jueces, cuando se necesitarían 11.000 para que la tutela judicial fuera efectiva”. Pero no solo. El problema radica también, según esta asociación, en que los bancos pese a perder el 90% de las sentencias por productos financieros, por ejemplo, en 2020, alargan los procesos y recurrir a instancias superiores a sabiendas de que la jurisprudencia está en su contra, lo que dilata los procesos y supone un coste elevado para el consumidor. Azparren, que ha hecho aportaciones para los anteproyectos de ley que tramita el Ministerio de Justicia, se refirió a la necesidad de un “cambio de cultura”, presidido por más instrumentos que descongestionen los tribunales: “desde la negociación entre las partes, ya sea por la mediación, o por otros que regula el anteproyecto: la conciliación pública o la privada; sin olvidar otros instrumentos como la opinión del experto independiente o la oferta vinculante”.
Durante 2020 se han producido cambios relevantes en la litigiosidad por entidad financiera, según un estudio realizado por Asufin con la colaboración de Antonio Luis Gallardo Sánchez-Toledo, licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Autónoma de Madrid. Así, Banco Santander sube casi 10 puntos porcentuales (pasa del 20,8% al 30%) y CaixaBank lo hace en casi 7 puntos (16,3% en 2020 frente al 9,6% de 2019). Con ello se consolida que las entidades de mayor tamaño acaparan la mayoría de los fallos, con la excepción de WiZink, que por el mayor peso de los litigios por tarjetas ya alcanza un 4,3% y es la sexta entidad por litigiosidad. En estos cambios tiene mucho que ver el distinto peso del tipo de resoluciones. Descienden, aun siendo muy importantes, los litigios por multidivisa, que se concentran especialmente en Bankinter, Banco Santander y CaixaBank. En el lado contrario, suben IRPH y tarjetas revolving. En el caso del IRPH, un 43% del total lo acapara CaixaBank, seguida de nuevo por Banco Santander, con un 21%. En tarjetas destaca especialmente WiZink, cuyos datos de litigiosidad derivan de las tarjetas revolving.
Pero los bancos se defienden. Según fuentes de la Asociación Española de la Banca (AEB), “la ley hipotecaria de 2019 ha reforzado la protección del cliente y la seguridad jurídica para ambos, cliente y banco. Ha servido para superar las diferentes interpretaciones judiciales previas a la norma. La actividad de los bancos es fundamental para la sociedad y para la economía, por lo que precisa de nomas claras y estables en el tiempo. Por último, el Tribunal Supremo ha reconocido en varias sentencias la legalidad de la cláusula suelo empleado. Es por ello por lo que los bancos que consideran que sus cláusulas son transparentes lo defienden hasta el final”.
Según el despacho Arriaga Asociados, “las entidades bancarias han podido claramente evitar la excesiva litigiosidad de los últimos años devolviendo a los consumidores los importes pagados de más antes de que acudiesen a la vía judicial. En primer lugar, tras la sentencia del Tribunal Supremo que declaró la nulidad de estas cláusulas y, en segundo, cuando sus clientes, antes de iniciar la vía judicial, les remiten una carta para intentar alcanzar un acuerdo.
Asufin: “Los bancos, pese a perder el 90% de las sentencias, alargan los procesos y recurren a instancias superiores a sabiendas de que la jurisprudencia está en su contra, lo que dilata los procesos y supone un coste elevado para el consumidor”
En ambos casos, el banco podría eliminar la cláusula que insertó en estos contratos que ofreció en masa y devolver al consumidor las cantidades pagadas de más, pero la entidad no llega a un acuerdo con el consumidor, es más, si en alguna ocasión propicia un acuerdo previo a la vía judicial, el banco no ofrece al consumidor todas las cantidades debidas por la aplicación de la cláusula abusiva, suelen ofrecer sólo su eliminación del contrato pero intentan ahorrarse la devolución de sus cantidades, por lo tanto, al consumidor no le queda otra opción que iniciar la vía judicial. Además, con el objetivo de dilatar el pago, en algunas ocasiones, cuando el consumidor obtiene una sentencia favorable en primera instancia, recurren a la segunda instancia a pesar de conocer que la jurisprudencia existente no les favorece”. Arriaga Asociados cuenta actualmente con aproximadamente 60 mil procedimientos judiciales pendientes de sentencia en los juzgados especializados. Y cerca de 20 mil procedimientos están siendo analizados para determinar su viabilidad y diseñar la estrategia a seguir para presentar su demanda.
¿Para cuándo Autoridad de Defensa del Cliente Financiero?
El Gobierno ha incluido en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que ha enviado a la Comisión Europea su intención de someter el proyecto de ley sobre una Autoridad de Defensa del Cliente Financiero a consulta pública en breve, para aprobarlo posteriormente en Consejo de Ministros con idea que las Cortes Generales le den luz verde ya el año que viene. Es un nuevo retraso en la creación de un organismo largamente esperado en el sector ya que sus resoluciones serán vinculantes para los bancos, gestoras de inversión y aseguradoras hasta cierta cantidad mientras que los usuarios podrán seguir acudiendo a los tribunales si no están de acuerdo con el dictamen. Hoy, los fallos de los servicios de reclamaciones del Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones no son de obligado cumplimiento para las entidades, lo que suele abocar a un largo y costoso proceso judicial.
