En los algo más de cuatro meses transcurridos desde que el Gobierno aprobara un fondo de rescate para empresas estratégicas en problemas por la crisis del Covid, la SEPI, encargada de organizarlo, ya gestiona con una discreción digna de algunos secretos de Estado, cuatro peticiones de ayuda por unos 1.000 millones de euros, un 10% de los 10.000 de los que está dotado. Sólo Globalia y Duro Felguera han hecho pública su petición, aunque fuentes del sector señalan a la siderúrgica catalana Celsa, Avoris, la agencia de viajes del Grupo Barceló, o la valenciana Air Nostrum, como las que les seguirán en la lista. Pero además, otros cientos de peticiones de información que, señalan estas fuentes, irán a más según se acerque el cierre de las cuentas de 2020 y se vayan liquidando las ayudas ICO. Tantas peticiones se esperan que no falta quien opina que los 10.000 millones se van a quedar muy cortos.
El pasado mes de junio, el presidente de Globalia, Juan José Hidalgo, reclamaba al Gobierno más ayudas al sector. «Estamos secos, no tenemos un duro y no sabemos cómo vamos a resistir. Vamos a durar un telediario”, advertía muy gráficamente el primer directivo del grupo dueño de Air Europa y Halcón Viajes. Apenas un mes después el Gobierno aprobaba la creación de un fondo dotado con 10.000 millones para rescatar empresas viables pero que presenten problemas de solvencia por el impacto de la crisis provocada por el coronavirus. El fondo, que dependerá de la SEPI, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, adscrita al Ministerio de Hacienda, servirá para apoyar la solvencia de distintas compañías mediante la compra de acciones, deuda o cualquier otro instrumento convertible en capital, pero siempre que antes las propias empresas lo soliciten y acrediten sus cuentas. Porque la ayuda tiene condiciones. El fondo está destinado a compañías que gozaban de buena salud hasta el 2019, que presenten un plan de viabilidad que concrete un calendario para la devolución del dinero público que se solicita, y se comprometan a no repartir dividendos, suspender los bonus de la alta dirección y congelar cualquier plan agresivo de crecimiento.
Hace sólo unos días, la SEPI contrataba a PricewaterhouseCoopers (PwC) para evaluar el plan presentado por Air Europa para acceder al Fondo de Apoyo. Sobre la mesa están algunas fórmulas que, en principio, no implicarían que la sociedad pública entrara en el capital del conglomerado turístico
Pues bien, ¿quiénes son las primeras que se han decidido a llamar a la puerta de la Sepi?. Con la misma claridad con la que puso sobre aviso de la mala situación de su empresa, Globalia también ha hecho público que ha pedido 400 millones del fondo. Corren malos tiempos para el holding de la familia Hidalgo, que había acordado la venta de Air Europa a IAG, que ya presentó en marzo un ERTE para el 90 % de su plantilla y además firmó un préstamo sindicado con el apoyo del Estado. Y las previsiones no podrían ir a peor. Globalia confiaba en que en otoño se reactivaran sus operaciones en Europa y otros destinos clave del Caribe, pero los rebrotes no dan tregua y ya baraja pérdidas para todo el ejercicio de en torno a los 500 millones de euros, lo que podría situarla en causa de disolución, dado que su patrimonio apenas roza los 90 millones de euros. De ahí que se haya decidido a llamar directamente a la puerta de la Sepi. El cómo se articule esta ayuda, que podría desbloquear la operación con IAG, es lo que todavía es un misterio. Hace solo unos días, la Sepi contrataba a PricewaterhouseCoopers (PwC), para evaluar el plan presentado por Air Europa para acceder al Fondo de Apoyo. Además, están sobre la mesa algunas fórmulas que, en principio, no implicarían que la sociedad pública entrara en el capital del conglomerado turístico.
Air Europa sería la primera aerolínea en formalizar la petición de ayuda pero ya hay otra que está estudiándolo. Se trata de Air Nostrum. La compañía valenciana, de momento ya ha contactado con la Generalitat para informarle de cómo afecta el coronavirus al sector y a su situación interna. El pasado mes de mayo cerró su ronda de financiación con el aval del Instituto de Crédito Oficial por valor de 130 millones de euros y con la participación de 18 entidades financieras, incluidos los principales bancos españoles. Esta inyección se produjo después de que la aerolínea dejara de volar temporalmente a finales de marzo, una parada «sin precedentes» en sus más de 25 años de historia, de la mano de un ERTE por fuerza mayor para sus 1.439 empleados.
La industria, también en apuros
En el sector no sólo de la aviación, sino en el turístico en general, otras muchas compañías hacen cuentas y rondan ya los despachos de organismo adscrito a Hacienda, según fuentes del sector. Por ejemplo, Ávoris, la división de viajes del grupo Barceló, que también habría ha solicitado información, lo que no es vinculante, y según algunas fuentes, la cifra solicitada en su caso podría alcanzar los 200 millones de euros. También Hotusa, dueña del Eurostars y EXE Hotels podría haber pedido información.
Algunos analistas creen que es probable que sean tantas las peticiones de ayuda que el fondo de rescate de empresas estratégicas no alcance a cubrir todas las necesidades de empresas que, pese a ser viables, están al borde de la insolvencia
Quien, como Globalia, sí ha hecho pública su petición oficial es Duro Felguera. La compañía asturiana ha solicitado a la SEPI un plan de rescate para que entre en su capital con la toma de alrededor del 40% de su capital. El plan presentado supone la petición para que la SEPI inyecte 100 millones de euros del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas. De ellos, 70 millones de euros corresponderían a un préstamo participativo, y los 30 millones restantes tendrían como destino la entrada en su capital en una próxima operación sin derechos de suscripción preferente. Esta misma semana la compañía celebra su Junta de Accionistas y espera poder tener un mensaje de la Sepi que comunicar a sus inversores. En su camino se ha cruzado también una oferta del empresario asturiano Blas Herrero, propietario de la emisora Kiss FM, con una propuesta de reestructuración financiera de Duro Felguera que la compañía ha considerado “ilegal e inviable”. La compañía de ingeniería tiene 1.200 trabajadores directos y más de 3.000 empleos inducidos y espera ampliar la contratación en los próximos años pero lleva varios con serios problemas económicos y por eso ha explicado que esta solicitud de rescate es para «desarrollar el plan estratégico para el periodo 2020-2025, focalizado en el fortalecimiento de los negocios tradicionales y en el crecimiento en los mercados de energías renovables y sistemas inteligentes».
La tercera compañía en el lote de quienes ya han solicitado ayuda es la siderúrgica catalana Celsa, que pide 200 millones de euros. Celsa emplea a casi 10.000 trabajadores de forma directa y más de 20.000 de forma indirecta, cuenta con 120 centros de trabajo por todo el mundo y una facturación de 4.253 millones de euros anuales. A nivel de producción, fabrica 7 millones de toneladas al año y recicla otros 8 millones. El grupo Celsa, con todas sus filiales, es el mayor productor de productos de acero en España y uno de los principales productores europeos. Otras firmas, como Abengoa o Codere, también aparecen en las quinielas de quienes están tratando de obtener financiación, pero lo cierto es que la discreción es total en casi todas las operaciones. “No es fácil dar a conocer tu mala situación financiera, retratarte ante posibles inversores, y por eso algunas compañías se resisten. Pero, sin duda, vamos a ver muchas más peticiones en cuanto acabe el año y las compañías ven cual es el estado de sus cuentas y tengan que empezar a devolver los créditos ICO”, señala una fuente del sector. Tanto, que algunos analistas creen que es probable que el fondo de rescate de empresas estratégicas no alcance a cubrir todas las necesidades de empresas que, pese a ser viables, están al borde de la insolvencia. El segundo problema que también señalan algunos expertos es que el Fondo viene autorizado por Bruselas solo hasta la primavera del año que viene y la simple tramitación de algunos expedientes va a llevar más de seis meses, luego podría generar algunos problemas. Por último, son muchos los analistas que estiman que, aunque cada caso se estudiará individualmente, es más probable que la Sepi opte por los préstamos participativos y la deuda subordinada en las futuras operaciones del fondo que por la suscripción de nuevas acciones.
Más trabajadores, asesores… lo que cuesta salvar a empresas en cuerda floja
La SEPI andaba de cambios, con sus propios problemas cuando le ha caído una tarea de salvamento en toda regla. Con un presidente en funciones, Bartolomé Lora, desde la salida de Vicente Fernández Guerrero en octubre del año pasado por la causa penal abierta en ‘caso Aznalcollar’ y con la tarea por delante de renovar las cúpulas de algunas de sus participadas -Navantia e Hispasat acaban de hacerlo- el organismo dependiente de Hacienda es el encargado de dar información y recibir, evaluar y en su caso aprobar las peticiones de ayudas del fondo de Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas dotado con 10.000 millones. Lora, alto directivo del hólding público desde hace treinta años, será además el representante del Estado en las empresas catalogadas como ‘estratégicas’ en las que la Administración decida tomar de manera transitoria una participación. Pero la tarea no es fácil. El hecho de que el holding público haya convocado un proceso selectivo para la creación de una bolsa de empleo de hasta un máximo de 50 puestos de trabajo de carácter temporal que se destinarán a reforzar las necesidades Constituido en SEPI el Consejo Gestor del fondo de rescate a empresas estratégicas, o que el Consejo de Ministros haya autorizado la celebración de un acuerdo marco para la contratación de servicios de apoyo externo en la gestión del susodicho fondo, lo demuestra. Lora no estará solo eso sí. El Consejo Gestor participan también la secretaria de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, Ana de la Cueva; la subsecretaria del Ministerio de Hacienda, Pilar Paneque; el secretario general de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, Raúl Blanco; la secretaria de Estado de Energía, Sara Aagesen y el secretario general y del Consejo y director de Asuntos Jurídicos de la Sepi, Javier Loriente.
