La Sareb: nueve años de un pozo sin fondo

Nuria Díaz

En agosto de 2012, el entonces Gobierno del PP aprobaba por Real Decreto Ley la creación de un ‘banco malo’, inspirado por Europa, para retirar los ‘activos tóxicos’ de los balances de los bancos. Una medida que, según anunció la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, tras el Consejo de Ministros, estaba llamada a culminar el saneamiento del sistema financiero, paso previo a la recuperación del crédito y la creación de empleo. «Dinamizará el sector inmobiliario para sacar a la venta a precios razonables el ‘stock’ de viviendas de los bancos», afirmó Sáenz de Santamaría antes de apuntar que no costaría un euro al contribuyente, mientras el ministro de Economía Luis de Guindos, sentado a su lado, le daba la razón.

Eurostat ha obligado al Estado a incorporar a la Sareb dentro de las cuentas públicas, lo que supone que la deuda de España en 2020 se eleva hasta el 120% del PIB, frente al 117,1% que se había comunicado a cierre del año

Pues de los objetivos que se planteaban entonces, tal y como nos explica el economista y ex presidente de la Sociedad Pública del Alquiler, Alejando Inurrieta, uno se ha cumplido. El otro, ha sido un fracaso. “Si el objetivo de Bruselas y del Gobierno era sanear la banca, ha funcionado. Ahora bien, si había de hacerse partiendo de la premisa de no costar dinero al erario, entonces ha sido un completo fracaso”. Si había dudas al respecto, hace solo unos días la oficina de estadísticas Eurostat ha obligado al Estado a incorporar a la Sareb dentro de las cuentas públicas, lo que supone que compute en el déficit y la deuda pública. De esta forma, la deuda de España en 2020 se eleva hasta el 120% del PIB, frente al 117,1% que se había comunicado a cierre del año. El impacto en el déficit, eso sí, será solo en este ejercicio.

Lo cierto es que el asunto colea prácticamente desde su primer año de vida. La Comisión Europea ya había advertido a España el año pasado de que la Sareb ha registrado números rojos desde su creación, y que todavía mantenía activos (inmuebles y préstamos dudosos) valorados en unos 35.000 millones avalados por el Estado, desde los 50.781 millones en activos que recibió a finales de 2011. Es decir que solo ha logrado devolver unos 15.000 millones, menos del 30% del total.

Pérdidas crónicas

«Sareb ha registrado pérdidas a lo largo de su vida que ascendieron a 947 millones de euros en 2019 y a 396 millones en el primer semestre de 2020», señaló entonces la Comisión Europea, que ya advirtió de que «los accionistas pueden verse obligados a revisar la estrategia y el papel de la Sareb en 2021». Y lo cierto es que, en eso parece que podría estar el Gobierno. En junio de 2022 vencen los convenios que firmó el banco malo con Solvia (hoy Intrum), Altamira y Servihabitat para dar salida a los activos tóxicos que le traspasaron las entidades financieras en 2012. “Todo se confabula”, señala una fuente. El que mantienen con Haya lo renovaron en enero de 2020 y se apostó por una mayor especialización. En este sentido, la sociedad está analizando cómo avanzar hacia esa nueva estrategia con las otras tres inmobiliarias a partir del año que viene.

El analista financiero de AFI, Fernando Rojas, explica en este sentido que “el supervisor europeo, así como el regulador, está haciendo hincapié en los últimos meses sobre el crecimiento que se prevé que se produzcan de activos improductivos (NPL por sus siglas en inglés) de la crisis actual, sobre todo derivados de empresas. Debido a este fenómeno, más que previsible, que tocará su punto álgido a lo largo de 2022, han puesto de nuevo sobre la mesa la creación de sociedades gestoras de activo que sirvan para gestionar estos activos y, sobre todo, para orientar la venta de esos activos improductivos y agilizar el proceso de saneamiento de balance. En este sentido, estas sociedades gestoras de activos serían parecidas a las creadas en la pasada crisis, sin embargo, los activos que se incluirían cambiarían de composición, hacia las empresas que más afectadas estarían derivadas de la crisis de la Covid. Aunque está bajo debate en el seno de las instituciones, es cierto que la fórmula sería la creación de sociedades gestoras en cada país, con mayor conocimiento de los activos y mayor capacidad de gestión de estos». Otros expertos señalan directamente a activos de la hostelería, hoteles, pymes…

Reinventarse o morir

¿Es este el futuro de la actual Sareb?. Podría ser. La actual, en palabras del experto en el sector inmobiliario Inurrieta, “tiene los días contados”. “Ha funcionado de manera opaca, y ha habido que hacer uso incluso de trucos contables”. Se refiere el analista a que pocos días antes de la primera declaración del estado de alarma, el banco malo se aseguró su supervivencia en un Consejo de Ministros. El 10 de marzo, el Ejecutivo aprobó una modificación legal que exime a Sareb de entrar en causa de liquidación, aunque su situación patrimonial fuera negativa. Economía explicó que era un paso necesario para que la sociedad, participada en casi un 46% por el Estado, “continúe con sus funciones con normalidad hasta el fin de su mandato”. Un mandato que, en principio terminaría en 2027 pero que puede prorrogarse. O no.

La Comisión Europea ya había advertido a España el año pasado de que la Sareb ha registrado números rojos desde su creación, y que todavía mantenía activos valorados en unos 35.000 millones avalados por el Estado

El propio Banco Central Europeo (BCE) ha barajado la creación de un banco malo similar al español, pero también al que se hizo en Reino Unido, Irlanda o Países Bajos, pero a nivel comunitario, un proyecto con muchas dudas que por el momento está en el cajón. Lo cierto es que es difícil cuadrar las cuentas cuando se adquieren inmuebles, créditos y suelo por valor de 50.781 millones de euros con un sobreprecio de origen que la propia Comisión Europea ya cifró en cerca de 20.000 millones. Un sobreprecio que, según los expertos, lo ha complicado todo.

En las últimas semanas, desde Podemos han pedido a los socialistas que la Sareb esté obligada a alquilar a precio regulado tres cuartas partes de sus pisos. La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, ha asegurado que su departamento lleva meses proponiendo a los socialistas que «la Sareb rinda cuentas y la ciudadanía sepa de cuántas viviendas dispone» para, una vez hecho este cálculo «poner, al menos, el 75% en alquiler social y ampliar así el parque público de vivienda en alquiler». En febrero ya se firmó un protocolo con el Ministerio de Transportes por el que amplía su parque de vivienda social hasta las 15.000 unidades, desde las 10.000 contempladas anteriormente, tras recibir la aprobación del Consejo de Administración de la compañía.

El difícil engranaje entre lo público, lo privado y lo semipúblico

El banco malo fue creado en 2012 en el contexto de la crisis financiera para gestionar los activos tóxicos de la banca. Su cómputo quedó inicialmente fuera de las cuentas públicas porque la participación del Estado era inferior a la mitad (45,9 %). Ahí empieza el truco. Para que no formase parte del sector de Administraciones Públicas, en el capital de la mercantil, el Estado a través del FROB, puso «solo» el 45% del capital inicial de 1.200 millones. El resto lo aportaron catorce bancos nacionales (Santander, Caixabank, Banco Sabadell, Banco Popular, Kutxabank, Ibercaja, Bankinter, Unicaja, Cajamar, Caja Laboral, Banca March, Cecabank, Banco Cooperativo Español y Banco Caminos); dos bancos extranjeros, (Deutsche Bank y Barclays Bank), una eléctrica (Iberdrola) diez aseguradoras (Mapfre, Mutua Madrileña, Catalana Occidente, Axa, Generali, Zurich, Reale, Pelayo, Asisa y Santa Lucía). Pero lo cierto es que, en la práctica, y pese a los porcentajes de capital, la Sareb ha sido financiada sobre todo con recursos públicos más que privados. Hay disparidad de opiniones, pero no faltan expertos que creen que incluso en un 90%-10%, un negocio redondo para la banca y no tanto para las arcas públicas.