Nuria Díaz
La guerra de Ucrania ha puesto todo el sistema energético europeo en entredicho. La excesiva dependencia del gas ruso, la falta de interconexiones y un sistema de formación de precios que, desde hace años, critican muchos expertos por injusto, podrían tener los días contados según los acuerdos que salgan del Consejo Europeo del 24 y 25 de marzo. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lleva días tratando de recabar apoyos para su plan de choque, que aún está ultimando, y que contemplaría desacoplar el precio del gas del mercado eléctrico, de forma que no marque el coste final del megavatio hora (MWh); topar los precios de la energía; acelerar el plan de renovables y desatascar las interconexiones de gas en España con Europa a través de Francia e, incluso, gravar a las eléctricas. Un plan de choque para atajar un recibo de la luz que no deja de subir.
La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha renunciado a presentar con Portugal una propuesta conjunta para limitar a 180 euros el precio del megavatio hora en el mercado mayorista, aunque así lo había anunciado hace unos días. No era un número al azar. Ese techo ya existía hasta que en 2019 una directiva europea prohibió mantener topes a las ofertas de las empresas eléctricas. Y eso que se consideraba muy alto, al que no se llegaría con facilidad. Hoy, que se ha rebasado en algunos momentos los 500 euros MW/h, el tope es de 3.000 euros. El Gobierno estaría así trabajando ahora en otras fórmulas que puedan salir adelante en la cumbre de líderes europeos de esta semana.
Además de Portugal, el Gobierno ha sumado nuevos apoyos en su plan de reformar el mercado eléctrico. El Ministerio de Industria asegura que representantes de las principales asociaciones de la gran industria, electrointensiva, han dado su visto bueno a las medidas que España quiere trasladar a Bruselas para impulsar una respuesta común europea a la subida de los costes energéticos. Y es que, empresas como Acerinox, ArcelorMittal, Celsa, Cementos Portland o Asturiana del Zinc se han visto obligadas a reducir su producción al mínimo e incluso a apagar hornos, con el impacto que esto tiene en el empleo y en la cadena de suministro.
Europa se muestra abierta a tomar medidas, en un giro total a lo que venía siendo su política, pero no tanto a que una de ellas sea poner topes al MW. En la Comisión, por el momento, se muestran más proclives a las ayudas que a la intervención directa
Europa se muestra abierta a tomar medidas, en un giro total a lo que venía siendo su política, pero no tanto a que una de ellas sea poner topes al MW. En la Comisión, por el momento, se muestran más proclives a las ayudas que a la intervención directa. Al cierre de esta edición, el ejecutivo comunitario aprobaba un régimen de ayudas estatales de España por 2.900 millones de euros para compensar a empresas en uso intensivo de energía por la escalada de precios, régimen que afectan a industrias como el aluminio y el acero, el papel, el cuero o la fibra de vidrio.
Ejecutivo volcado
A la vista de estas reticencias, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez esté poniendo toda la carne en el asador con una gira europea en busca de apoyos, sobre todo de la Europa del Sur, y azuzando a sus ministros para que remen todos en esa dirección. Y lo están haciendo. La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, en la reunión de los ministros de finanzas de los 27 de la pasada semana, insistía en Bruselas en la «urgencia» de que la Unión Europea limite los precios de la energía de los mercados mayoristas de la energía y pedía desacoplar la electricidad europea de Rusia. «Confío en que en las próximas semanas se va a producir una respuesta positiva de la UE que nos permita inmediatamente topar los precios en los mercados mayoristas», ha expresado Calviño.
Además, y ya en el terreno doméstico, el Gobierno está también volcado en ganarse a la oposición y hace solo unos días se producía una reunión con el PP, a la que acudían las tres vicepresidentas, Nadia Calviño, Yolanda Díaz y Teresa Ribera, y el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños.
Tal es la determinación de Sánchez que ha declarado que, si las negociaciones fracasan y España, apoyada en este caso por Italia, Portugal y otros, no logra aprobar un límite de precios en la UE, el Gobierno está dispuesto a establecerlo de forma individual en el Consejo de Ministros del próximo 26 de marzo, otra de las fechas clave de este asunto.
Desacoplarse del gas y de Rusia
Aunque el tope al MW está en el centro del plan de choque, no es la única medida que se baraja. Además, esta sobre la mesa gravar de alguna manera a las eléctricas con una tasa, por ejemplo, sobre los denominados ‘beneficios caídos del cielo’ o sea las ganancias extraordinarias obtenidas por propietarios de tecnologías como la nuclear o la hidráulica por un aumento de costes a los que ellas no están sujetas. Mientras que la Comisión Europea es reticente a topar los precios, esta propuesta la ve con mejores ojos, dado que paliaría el golpe sobre hogares y empresas sin intervenir el mercado. La propia OCDE ha dejado abierta la puerta al decir que “dados los beneficios de las firmas energéticas, hay capacidad para aumentar el nivel de impuestos que están pagando y redirigir parte de ese dinero a medidas que amortigüen el impacto”, defendía la pasada semana en Madrid su secretario general, Mathias Cormann.
Además, la intención del Gobierno es dar respuesta a esta crisis desacoplando los precios del gas a los de la electricidad, declarando el sistema actual, en el que la energía más cara marca el precio final en el pool, como ineficiente. “Está actuando en contra del bienestar de los ciudadanos, la industria y las empresas en Europa”. Los ciclos combinados de gas, que generan electricidad con gas, tendrían que ser compensados, si se les pone un tope, ya que, si no se les abona la diferencia de lo que les cuesta el gas, actualmente en máximos en el mercado, podrían declararse indisponibles, según fuentes del sector eléctrico.
Precisamente desde el sector renovable se señala que llevan décadas defendiendo la necesidad de luchar contra la dependencia energética española, que supera en veinte puntos porcentuales a la media europea. José María González Moya, director General en APPA Renovables indica que “a pesar de que la actual situación con Rusia señale la dependencia de otros países, España depende más de las importaciones. La única vía para que tanto España como Europa deje atrás esta grave vulnerabilidad de nuestra economía es potenciar las energías autóctonas que, en nuestro caso, son las energías renovables. Estamos en el camino correcto, pero debemos acelerar la apuesta por las energías limpias porque nos estamos desviando de la senda que nos lleva a los objetivos marcados: 74% de la electricidad renovable y 42% de la energía también renovable en 2030”.Para muchos expertos, aun señalando que Europa debe tomar medidas ya, existe un riesgo en que estén tomadas un tanto a “a la desesperada”. La Profesora de economía en la Universidad de León y experta en política energética europea para el Foro de Industria y Energía, Nuria G. Rabanal, señala que “Europa puede y debe al menos intentar paliar esta crisis energética. Otra cosa es si conseguirá con medidas coyunturales y precipitadas fuera del marco de una estrategia estructural a largo plazo, conseguir los efectos esperados. La crisis causada por la guerra pone de relieve que la UE vive alejada de la realidad productiva y energética y no ha sabido pasar de la teoría y el plano político a la realidad, que no ha tenido miras a la hora de poner en marcha una agenda 2030 y un modelo de transición basado en la economía circular pivotando casi de manera exclusiva sobre el suministro de gas procedente de Rusia, un gas que ni ha sido, ni es, ni será en modo alguno “renovable” por mucho que se quiera blanquear su categorización como combustible convencional”
España urge a la UE a acelerar las interconexiones
La invasión rusa de Ucrania ha puesto patas arriba el mercado energético en la Unión Europea. Tras años de retrasos en las interconexiones entre Estados miembro, y muy particularmente entre la península Ibérica y el resto del continente ahora, con la intención de no depender del gas ruso y buscar alternativas, todo son prisas. El proyecto del Midcat, por ejemplo, el gasoducto que estaba llamado a cruzar los Pirineos, fue acordado en 2013 por los Gobiernos de España y Francia, pero cayó en el olvido cinco años después cuando los reguladores de ambos países subrayaron la escasa viabilidad financiera de la obra. Ahora vuelve a estar sobre la mesa y, de hecho, es uno de los puntos junto con el desacoplamiento del gas, los precios máximos y la apuesta renovable que Pedro Sánchez lleva en su gira para conseguir apoyos ante la Comisión Europea. La clave: que no tenga coste para los bolsillos españoles y que tenga perspectiva de futuro, es decir, que esté preparado para transportar nuevos combustibles como hidrógeno o gases renovables porque lo contrario sería, señala una fuente, “ponernos palos en la rueda de nuestra transición energética”.
