Nuria Díaz
Ya está. Seis meses después de que Caixabank y Bankia reconocieran que estaban en conversaciones para una posible fusión, la nueva entidad, el primer banco de España, echa a andar con todos los permisos y bendiciones en el bolsillo. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha aprobado la operación con nueve condiciones, asumibles por el megabanco, entre las que destacan que tendrá que vender parte de su participación en algunos sistemas de pago como Bizum o Mastercard, y que tendrá que mantenerse en aquellos municipios donde se quedan solos y por tanto están en riesgo de exclusión financiera. Con Jose Ignacio Goirigolzarri como presidente y Gonzalo Gortazar a los mandos, las principales incógnitas son ahora como se dibujan los equipos directivos medios y a cuanto asciende finalmente un recorte de personal que fuentes del sector estiman en entre 7.000 y 8.000 empleos, un 15% de la plantilla.
Bendición de la CNMC, a renglón seguido del ministerio de Economía, luego las respectivas juntas de accionistas, canje de títulos, inscripción en el registro, primer día de negociación de las nuevas acciones y este martes 30, primer consejo de administración de la nueva Caixabank. Una semana de infarto para Caixabank y Bankia, tras seis meses desde que anunciaran sus intenciones, que el CEO, Gonzalo Gortazar, ha calificado de “duro trabajo, con un equipo de 1.500 personas volcadas en los trabajos preparatorios”. “Ya somos un solo equipo, una sola marca”.
Se han identificado 86 códigos postales en los que la entidad resultante quedará, bien en una situación de monopolio o en situación de duopolio, expuesta a débil presión competitiva
Les quedan ahora, eso sí, varios asuntos pendientes, como, por ejemplo, preparar la integración tecnológica, que es un asunto siempre complejo que se demorara seguramente hasta finales de año. Mucho más rápido será todo lo que se refiere al cambio de marca, que al cierre de esta edición ya ha comenzado en los edificios más emblemáticos. Y, lo que sin duda ninguna será la medida más traumática este año que será la reestructuración de la plantilla, con unos entre 7.000 u 8.000 empleados que podrían abandonar la nueva CaixaBank tras la absorción de Bankia.
La entidad no se ha pronunciado sobre el número, pero sí parece ser que convocará a los sindicatos tras la Semana Santa. El objetivo es iniciar las salidas antes de verano y concluirlas en junio de 2022 en una sola fase, y que prime, según Gortazar, los criterios de voluntariedad y meritocracia.
Otro de los asuntos en los que está inmersa la nueva entidad es en el estudio de las condiciones que el organismo que preside Cani Fernández les ha impuesto para no socavar la competencia, pero que todas las fuentes consultadas califican de “asumibles”. ¿Qué condiciones son esas? Las principales tienen que ver con las cuotas de mercado territoriales. La CNMC ha identificado las zonas del país en las que el banco tendrá posición predominante tras la absorción de Bankia.
El supervisor ha realizado un exhaustivo examen de cuotas de mercado y número de competidores existentes en los entornos más afectados, considerando isócronas de 1,5 kilómetros de distancia desde las sucursales de la entidad fusionada. Se han identificado 86 códigos postales en los que la entidad resultante quedará, bien en una situación de monopolio, siendo la única entidad bancaria presente en 21 códigos postales, o en situación de duopolio expuesta a débil presión competitiva, en un radio de 1,5 kilómetros desde la sucursal en otros 65 códigos postales.
Según las condiciones pactadas entre el grupo financiero y el organismo regulador, tendrá que desprenderse del 9,4% del capital social de Bizum, para quedarse con un máximo del 24%
Además, se ha identificado un riesgo de exclusión financiera en los lugares donde estén presentes únicamente las partes, debido a la posibilidad de cierre de las oficinas bancarias presentes en esas zonas tras la fusión. Asimismo, en entornos en los que no existe una suficiente presión competitiva por parte de terceros operadores, podría producirse un empeoramiento en las condiciones comerciales para los actuales clientes de Bankia.
CaixaBank se ha comprometido a no abandonar, salvo en supuestos excepcionales sujetos a autorización previa de la CNMC, ningún municipio en el que actualmente esté presente una de las partes -o ambas- y no haya ninguna oficina competidora, con el fin de evitar la exclusión financiera en los municipios.
En los códigos postales identificados en los que se quedará en situación de monopolio, no podrá cambiar las condiciones y términos que los clientes de Bankia tengan actualmente suscritos en sus productos. Este requisito deberá cumplirlo durante un periodo de tres años.
Rupturas con terceros y desinversiones
Adicionalmente, el análisis del mercado de cajeros automáticos ha puesto de manifiesto que, para los clientes de terceras entidades que tenían suscritos acuerdos con Bankia, como ING, Banco Sabadell y las entidades pertenecientes a la red Euro6000, una posible ruptura de estos supondría para ellos dejar de acceder a la red de cajeros de la entidad absorbida en las condiciones en las que venían haciéndolo y tener que pagar una comisión más elevada. «Esta situación sería especialmente perceptible en las localizaciones en las que la posición de Bankia en el mercado de cajeros es especialmente relevante», recoge el informe de la CNMC.
Al contrario, la operación no supondrá una amenaza para la competencia efectiva en los mercados de banca corporativa, banca de inversión, factoring, tarjetas, TPV, producción y distribución de seguros y gestión de fondos y planes de pensiones. La CNMC explica que esto se debe a que, en estos mercados, o bien las cuotas resultantes no son preocupantes o bien la adición de Bankia es reducida, por lo que no se produce una modificación relevante de la estructura competitiva previa a la operación, y existe presión competitiva suficiente en todos ellos.
CaixaBank tendrá cerca de 20 millones de clientes y 623.800 millones en activos totales, con una cuota de créditos y depósitos del 26% y 24%.
Según las condiciones pactadas entre el grupo financiero y el organismo regulador, tendrá que desprenderse del 9,4% del capital social de Bizum, la plataforma lanzada por el sector para las transferencias inmediatas. Tras la venta pasará a ostentar un máximo del 24% del capital de esta firma. Asimismo, el plan de desinversiones acordado establece que tendrá que deshacerse de un paquete de al menos el 16,2% de Servired, empresa de cajeros que comparten una serie de entidades en nuestro país, entre ellas la propia CaixaBank y Bankia. Tras la colocación de estas acciones, el nuevo grupo fusionado tendrá un 25% de la compañía.
Finalmente, CaixaBank tendrá cerca de 20 millones de clientes y 623.800 millones de euros en activos totales, y se convertirá en el banco de referencia en España, con una cuota de créditos y depósitos del 26% y 24%, respectivamente, y una presencia geográfica diversificada y equilibrada.
Según las condiciones pactadas entre el grupo financiero y el organismo regulador, tendrá que desprenderse del 9,4% del capital social de Bizum, para quedarse con un máximo del 24%
Los directivos que no siguen: Gual vuelve al IESE
Jordi Gual se reincorporará al IESE como profesor ordinario de Economía a finales de esta semana, cuando termine sus funciones como presidente de CaixaBank, cargo que ha ocupado desde junio de 2016, según ha informado la escuela de dirección de empresas en un comunicado. Gual se unió al claustro del IESE en 1987, donde desarrolló su actividad académica hasta 2005, año en que se incorporó al grupo ‘La Caixa’. Antes de asumir la presidencia de CaixaBank, fue Economista Jefe y director ejecutivo de Planificación Estratégica y Estudios de este banco y director general de Planificación y Desarrollo Estratégico de CriteriaCaixa. Actualmente, entre otros cargos, Gual es miembro del consejo de administración de Telefónica, vicepresidente del Círculo de Economía y miembro de los Patronatos del Real Instituto Elcano y la Fundación Barcelona Mobile World Capital. A lo largo de su trayectoria, Gual ha sido además consejero económico en la Dirección General de Asuntos Económicos y Financieros en la Comisión Europea y miembro del Consejo Asesor para la Reactivación Económica y el Crecimiento del Gobierno de Cataluña (CAREC).
