Nuria Díaz
Las cosas no le han salido a la ministra Teresa Ribera como esperaba. La celebración de una segunda subasta renovable, tras la que se llevó a cabo el pasado mes de enero, y en la que se han adjudicado 3.123 MW, ha quedado un tanto deslucida porque no han acudido las grandes compañías del sector, molestas y sin disimularlo, según aseguran fuentes del sector, por las medidas para atajar el recibo de la luz. Pero es que tampoco han acudido los pequeños productores a los que la titular de Transición Ecológica quería dar una oportunidad pero que se han acobardado ante los restrictivos requisitos, explican fuentes del sector. Así las cosas, dos han sido los grandes vencedores: Capital Energy, que se ha hecho con 1.550 MW, y Forestalia, con 776, dos compañías que han pasado en poco tiempo de ser unas novatas a hablar de tú a tú a las grandes del sector.
“Era una subasta llena de buenas intenciones, pero que no ha salido bien”, señala una fuente del sector. Y argumenta que si la puja ha pinchado es básicamente por tres razones. La primera es, sin duda, que las grandes no han acudido. “Si bien es cierto que no suelen mostrar mucho interés por este tipo de operaciones, no lo es menos que en plena tensión con el Gobierno por las medidas para atajar el precio de la luz, no comparecer es lanzar un mensaje”. Y no precisamente velado. El presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, que para más inri distribuía el mismo día de la puja una fotografía en la que charlaba relajadamente con el primer ministro británico Boris Johnson y se deshacía en halagos sobre las oportunidades de inversión en Reino Unido, ha explicado su ausencia en la subasta “por la incertidumbre regulatoria, que les ha hecho replantearse sus inversiones renovables en el país”. Algo más delicada en sus explicaciones ha sido Endesa que ha explicado que “su estrategia está orientada a promover su propia generación para suministrar a largo plazo a sus clientes”. Parecidos argumentos han utilizado en Acciona Energía.
Las dos grandes novedades de la subasta han quedado prácticamente desiertas. El Gobierno había reservado 300 megavatios para pequeñas instalaciones fotovoltaicas de generación distribuida, pero sólo se han adjudicado 5,75 megavatios
Pero si el plantón de las grandes llama la atención más por lo que tiene de político que de estratégico, el sector si destaca que hay otras dos circunstancias que si que evidencian que la subasta no estaba todo lo bien diseñada que debiera. Se refieren estas fuentes a que las dos grandes novedades de la subasta han quedado prácticamente desiertas. El director general de APPA Renovables, José María González Moya, explica a El Nuevo Lunes que el Gobierno había hecho una apuesta por los pequeños productores que no ha salido bien. El Gobierno había reservado 300 megavatios para pequeñas instalaciones (menos de 5 megavatios) fotovoltaicas de generación distribuida, pero solo se han adjudicado 5,75 megavatios, según la resolución del Ministerio para la Transición Ecológica. “La razón puede ser que los requisitos eran excesivos, muy restrictivos”, explica González Moya. Se refiere el presidente de la patronal renovables a que el Gobierno introdujo requisitos relativos a la población próxima al emplazamiento y otros relativos a la «participación ciudadana» como que el titular de la instalación sea una cooperativa de al menos 10 integrantes; una administración o entidad pública local como un ayuntamiento o que el 25% del capital social o la financiación necesaria para ejecutar el proyecto provenga de 4 participantes de carácter local.
La tercera de las novedades en las que la subasta también ha fracasado es que el Gobierno había reservado 600 megavatios para instalaciones eólicas o fotovoltaicas en avanzado estado de tramitación, y se repartieron solo 21,9 megavatios.
Quiénes son los nuevos reyes renovables
Con todo, en la subasta se han adjudicado 3.123 MW de potencia, un 95% de la potencia subastada, 3.300 MW, a un precio medio de 30,56 euros el MWh, el 15% del marcado por el mercado mayorista de la electricidad y un 60% inferior a la cotización media de los futuros de los próximos cinco años. Con una primera estimación, la ejecución de las instalaciones adjudicadas en esta subasta canalizará una inversión de unos 3.000 millones de euros y creará más de 30.000 empleos, muchos de ámbito local.
Ribera considera “razonable” el leve incremento de precio sobre la primera subasta (una media de 25 euros) por el “momento especialmente delicado y complejo en el panorama europeo” y la tensión inflacionista actual en los bienes de equipo y las materias primas. La vicepresidenta enfatiza que el “el precio resultante muestra hasta qué punto hay una distorsión clarísima en el precio del mercado mayorista en estos momentos: frente a los 30 euros MWh que marca la adjudicación media de esta subasta hay una distancia grande con los más de 200 euros MWh que se pagarán mañana en el mercado mayorista español”
Y desde luego, hay dos claros ganadores. El primero, Capital Energy, que se ha impuesto en la subasta al hacerse con cerca de 1.550 megavatios (MW) (1.540 eólicos y 8 solares), todos por los que competía. Se trata de la segunda vez que la compañía participa en una subasta de renovables convocada en España bajo este nuevo mecanismo. En la primera, celebrada el pasado 26 de enero, ya resultó vencedora en el apartado eólico, tras adjudicarse 620 MW.
El grupo que dirige Juan José Sánchez destaca la competitividad de su portfolio de proyectos, compuesto por más de 35 GW a día de hoy, de los que más de 8,7 GW tienen los permisos de acceso a la red concedidos y la flexibilidad que le otorga el tener una cartera de gran tamaño a la hora de decidir sus coberturas de riesgos.
Detrás de la compañía se encuentra el empresario Jesús Martín Buezas, con vínculos familiares vinculados al transporte y también conocido en los círculos madrileños por ser el ex yerno del presidente de ACS y del Real Madrid, Florentino Pérez. El dueño de Capital Energy formó rápidamente equipo con Juan Lasala -ex CEO de Red Eléctrica- como presidente no ejecutivo, y Juan José Sánchez, ex de Enagás, como consejero delegado.
Capital Energy se ha impuesto en la subasta al hacerse con cerca de 1.550 MW, todos por los que competía. Se trata de la segunda vez que participa en una bajo este nuevo mecanismo. En la primera, celebrada el pasado enero, también resultó vencedora
El segundo ganador es Forestalia, la empresa que se lleva casi una cuarta parte de la subasta de renovables, 776 de los 3.300 MW. Esta ha sido la cuarta subasta en la que participa Forestalia, que irrumpió en 2016 en el sector eléctrico siendo una total desconocida. Ese año se adjudicó 408 megawatios (300 de eólica y 108 de biomasa), aunque el campanazo lo dio en mayo del 2017 cuando se llevó un total de 1.200 MW de un total de 3.000. Solo unos meses después se hizo con 316 MW de fotovoltaica. Si bien, es cierto que pasado un tiempo revendió gran parte de estos MW a terceros, concretamente unos 2.000 al grupo Bruc Energy – empresa participada por Ontario Pension Trust (OPT) y Juan Béjar (exconsejero delegado de FCC)- y
y unos 300 a BP. En estos momentos tiene construidos proyectos por dos gigawatios, aunque a estos hay que sumar otros ocho en cartera, entre los que se incluyen los 776 MW recién adjudicados.
Por su parte, Repsol que también está haciendo de la apuesta renovable un pilar de su nueva estrategia, se ha llevado un total de 138 MW eólicos y Naturgy 221 MW fotovoltaico.
Galán vuelve a presionar al Gobierno
Justo después de no comparecer en la subasta de energías renovables, lo que según todas las fuentes consultadas, no deja de ser un mensaje para la ministra de Transición Ecológica , Ignacio Galán hace otro movimiento, esta vez en forma de órdago: no mantendrá bajos precios a la industria si el Gobierno no da marcha atrás a las dos normas que reducen los denominados ‘beneficios caídos del cielo’ que reciben las eléctricas por sus centrales hidráulicas, nucleares y renovables por el alza del precio del gas y del CO2. Así lo ha advertido la compañía en un comunicado que comienza con una afirmación: «Iberdrola vuelve a demostrar su compromiso con la sociedad española» para acto seguido, prometer que no variará los precios de la industria, pero “siempre y cuando no se perjudique la producción eléctrica con tributos lesivos». Y pide al Gobierno «la retirada del Real Decreto y la Ley criticada por la UE», errores, dice que, “bien seguro se produjeron por falta de información». Ahí queda eso.
