Nuria Díaz ■
De tema tabú a estar otra vez encima de la mesa. El ‘fracking’, que vivió su momento dorado en España entre 2012 y 2015, aunque un año después ya comenzaba a desinflarse, vive hoy, gracias a la crisis energética provocada por la guerra de Rusia en Ucrania, una segunda oportunidad. Al menos sobre el papel. Algunos partidos de la oposición, algunas empresas del sector y también algunos grupos de geólogos han echado mano de antiguos informes que apuntaban a que en el subsuelo de España hay reservas de gas para unos 40 años de consumo y piden que se valore volver a dar licencias. Una posibilidad que la nueva Ley del Clima auspiciada por la ministra Teresa Ribera prohíbe y que muchos técnicos, empresarios renovables y ecologistas ven como un error que en plena transición ecológica no nos podemos permitir. El debate está servido.
Hace unos días, el presidente de Repsol, Antonio Brufau, señalaba el contrasentido de que Europa vaya a importar un gas de Estados Unidos explotado por el mecanismo de ‘fracking‘(fractura hidráulica), que Europa en general, y España en particular, tiene prohibido pese a, señalaba, tener “grandísimas posibilidades de explorar gas con ese procedimiento”. Durante un coloquio con motivo de la presentación del fondo Motor Verde para invertir en reforestaciones, se preguntaba, si en la transición energética, que es transitar de un punto a otro, se ha calibrado bien la relación coste-eficiencia de lo que se está haciendo, advirtiendo de que si lo que se pretende es hacer una “revolución energética “, no una transición, se “puede romper todo”. Estaba el presidente de Repsol, señalan fuentes del sector, “pidiendo de alguna manera que se revise la regulación que prohíbe ahora mismo hacer nuevas prospecciones”. No está solo. En las últimas semanas, ante el recrudecimiento de la guerra de Rusia en Ucrania y la crisis energética que ha originado, en varios países se ha sacado del cajón la posibilidad de reactivar el fracking para ser autosuficientes y no depender del gas ruso.
El Gobierno británico anunciaba hace unos días que ha encargado un estudio científico para valorar si el ‘fracking’, vetado en Inglaterra en 2019 ante el riesgo de que provoque seísmos, puede volver a llevarse a cabo de manera «segura y sostenible»
El Gobierno británico, por ejemplo, anunciaba hace unos días que ha encargado un estudio científico para valorar si el «fracking», una técnica de extracción de hidrocarburos vetada en Inglaterra en 2019 ante el riesgo de que provoque seísmos puede volver a llevarse a cabo de manera «segura y sostenible». Además, el presidente regional de Baviera también ha solicitado al Gobierno alemán una nueva evaluación del uso de la tecnología de fracking para la producción de gas natural licuado (GLN).
En España el PP y Vox ha aludido también, sin nombrarlo directamente, al fracking criticando la oposición del Gobierno de Pedro Sánchez a buscar alternativas para garantizar nuestra independencia energética en estos tiempos convulsos y quien si lo ha nombrado explícitamente ha sido el presidente de CEOE, Antonio Garamendi. El líder de la patronal hacía esta reflexión antes de emplazar “a pensar qué hacer para que nuestras empresas sean competitivas”: “En España parece que tenemos miedo al fracking, pero igual habría que pensar por qué debemos tener tanta dependencia energética. Francia no la tiene y aquí las centrales nucleares las hemos cerrado”, llegaba a asegurar.
Se refieren, desde Brufau a Garamendi, a la prohibición de otorgar nuevas autorizaciones para la exploración, explotación o investigación de hidrocarburos en todo el territorio nacional, incluidos “el mar territorial, la zona económica exclusiva y la plataforma continental” desde mayo de 2021, por la ley de cambio climático que impulso la ministra Teresa Ribera. Además, prohibió expresamente otorgar nuevas autorizaciones a proyectos que incluyeran la “utilización de la fracturación hidráulica de alto volumen” para obtener hidrocarburos.
Y hoy, cuando se vuelve a poner el tema sobre la mesa se ratifica.
Estudios preliminares como base
Pero no todo son voces a favor de sacar el fracking del cajón de asuntos olvidados. Desde la Fundación Renovables, por ejemplo, se señala que en absoluto tiene sentido reabrir este debate. “Es un debate totalmente irreal y coyuntural. La propia Ley de Cambio Climático prohíbe dar licencia a nuevas explotaciones en territorio español. Además de ser un riesgo para el medio ambiente, por sus fugas de metano y la contaminación de ingentes volúmenes de agua potable, el proceso de licitación administrativa se iría más allá de los 4 años. Es decir, ante un problema cortoplacista como sucede ahora con la guerra, esta medida no es en absoluto coherente. Además, con 6 regasificadoras y un gran sistema de refinerías, podemos importar hidrocarburos de todos los países exportadores para no depender de Rusia, teniendo siempre en cuenta que estamos en proceso de su sustitución por electricidad e hidrógeno renovable. Hemos tenido una gran lucha por ser un referente en legislación medioambiental y debemos de seguir por la misma senda”. La respuesta no es esa sino “la misma que hemos seguido, aumentar los objetivos para electrificar el uso de combustibles fósiles en todos los sectores con energías renovables. Estamos en plena expansión de la eólica y la fotovoltaica para la generación de electricidad, con cifras récord, por lo que necesitamos fomentar el almacenamiento energético para sacar poco a poco el gas de los ciclos combinados del sistema eléctrico”.
La guerra de Ucrania ha hecho que se saque del cajón antiguos estudios sobre las posibles reservas de petróleo y gas, entre los que destacó el elaborado por Gessal en marzo de 2013 que auguraba unos 2.500 bcm
“La guerra de Ucrania ha hecho que cierta gente saque del cajón unos antiguos estudios sobre las posibles reservas de petróleo y gas”, afirma una fuente del sector. Se trata distintos informes que apuntaban al potencial del subsuelo español. Entre todos ellos, destacó el elaborado por Gessal en marzo de 2013 para la Asociación Española de Compañías de Investigación, Exploración, Producción y Almacenamiento de Hidrocarburos (ACIEP). Al estudio se le llamó ‘Evaluación preliminar de los recursos prospectivos de hidrocarburos convencionales y no convencionales en España’. Y ofrecía estimaciones y no tanto reservas probadas. Eso sí, el informe de Gessal que hablaba de un escenario base de 2.000 millones de barriles equivalentes de petróleo y 2.500 bcm sirvió de referencia para otro, el que elaboró la consultora Deloitte sobre el hipotético impacto económico que supondría la exploración y producción de hidrocarburos en nuestro país. También fue encargado por la ACIEP. Concluía que la actividad ayudaría a crear 260.000 empleos y auguraba un impacto en el PIB del 4,3%.
“El Consejo Superior de Colegios de Ingenieros de Minas también presentó un informe al Ministerio de Medio Ambiente en 2013 donde extrapolaba a España los recursos de gas existentes en EEUU, con un resultado de 1.339 bcm, menos de los que estimaba Gessal”, apuntan desde la Fundación Renovables. “Es decir, no existe ningún estudio ni hay unanimidad en las reservas de shale gas que disponemos en España”.
Ascenso y caída de la fractura hidráulica en España
El ‘fracking’ generó muchísimas expectativas, pero también pinchó rápido. El interés del público por esta técnica en nuestro país tiene su inicio en octubre de 2011, cuando el entonces lehendakari vasco, el socialista Patxi López, anunció desde Dallas (Texas), una de las cunas de la fractura hidráulica, y donde se sigue utilizando mucho, que había “indicios más que razonables” de que Álava albergaba en su subsuelo unos depósitos de gas que cifró en 184 de bcm, unos 6 años del consumo de España. El Gobierno de Euskadi llegó a autorizar dos sondeos en los que participaba la empresa pública vasca Shesa que acabaron paralizándose por el fuerte rechazo social.
Tras el anuncio de López, el Gobierno de Mariano Rajoy aterrizaba en la Moncloa y, con José Manuel Soria como ministro de Industria, el Gobierno del PP introdujo algunos cambios legales, como incluirlo en diciembre de 2013 en la Ley de Evaluación Ambiental o reformar la Ley de Hidrocarburos, que le dieron alas. En esos años se solicitaron cerca de un centenar de permisos. Pero crece la oposición social y varias comunidades autónomas (Cantabria, Euskadi, Baleares, Castilla-La Mancha o La Rioja) acaban vetándola y los bajos precios del petróleo de los años siguientes le dieron la puntilla. Las cinco compañías que lideraron este movimiento, BNK, la estadounidense Heyco, la canadiense R2 Energy, la norteamericana San Leon y Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi (SHESA), desistieron ya hace tiempo.
