Nuria Díaz
La CNMC está a tope de trabajo. A su tradicional supervisión de sectores, precios y concentraciones, se suma ahora que el plan de choque del Gobierno para paliar los efectos económicos de la guerra de Ucrania cuenta con el organismo para que supervise varios puntos, como las cuantías a financiar como bono social, o la vigilancia sobre las estaciones de servicio al aplicar los 20 céntimos de descuento. Y en paralelo, y al tran tran, en el primer trimestre del año ha impuesto seis multas por valor de cerca de 60 millones de euros, ha abierto expediente a cuatro compañías, aprobado cerca de 20 operaciones de concentración y emitido un informe sobre las sanciones que prevé la futura Ley del Sector Ferroviario para las compañías infractoras.
La CNMC vio como de un plumazo el pasado 29 de abril su trabajo se incrementaba y mucho. Ese día, el gobierno aprobaba en Consejo de ministros el Plan de Choque de Respuesta a la Guerra, que busca amortiguar el impacto de la invasión rusa en Ucrania para las familias y empresas. Ese día el Ejecutivo aprobó varias medidas, algunas de las cuales, tendrán que ser vigiladas por el organismo que preside Cani Fernández. Por ejemplo, la extensión del bono social que, ahora, con el objetivo de proteger a los más vulnerables, hará que los hogares que reciben el bono social eléctrico crezcan en 600.000 familias y beneficiará a 1,9 millones de hogares, al incluir a los perceptores del ingreso mínimo vital. La norma contempla la renovación automática del bono social. Los descuentos del 60% y el 70% para los consumidores vulnerables y los vulnerables severos se mantendrán hasta el 30 de junio.
La propia Cani Fernández señalaba que en el real decreto-ley el Gobierno delega en la CNMC la supervisión de «muchas de las medidas» que se van a poner en marcha y ha asegurado que su objetivo es que se trasladen de manera efectiva a los consumidores
También porque el gobierno español bonificará los carburantes con 20 céntimos por litro en toda la población y se aplicará cuando los consumidores llenen el depósito a la gasolinera. El ejecutivo espera que sea la Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC) quien controle que las gasolineras no se aprovechan de las bonificaciones de 20 céntimos para subir el precio del carburante que vienen, después de constatar que hay estaciones donde los precios hayan subido, incluso, antes de que entrara en vigor la medida.
La propia Cani Fernández señalaba que en el real decreto-ley el Gobierno delega en la CNMC la supervisión de «muchas de las medidas» que se van a poner en marcha. Por ello, ha asegurado que el objetivo del regulador es que las medidas se trasladen de manera efectiva a los consumidores y que «en ningún caso puedan ser absorbidas por la cadena en el suministro».
Algunos analistas opinan que el organismo pude necesitar refuerzos si estas medidas se demoran en el tiempo.
Sobre todo, porque la actividad propia ya ha sido bastante en lo que llevamos de año. En el primer trimestre del año ha impuesto seis multas por valor de cerca de más de 60 millones de euros, ha abierto expediente a cuatro compañías, aprobado cerca de 20 operaciones de concentración y emitido un informe sobre las sanciones que prevé la futura Ley del Sector Ferroviario para las compañías infractoras.
La última sanción, al cierre de esta edición, iba dirigido a una comercializadora eléctrica, uno de los sectores más vigilados y multados. Así, la CNMC multaba con 77.500 euros a Aura Energía S.L. por reducir la potencia contratada de nueve clientes sin su conocimiento ni consentimiento. En marzo, sancionaba con 24 millones a tres empresas siderúrgicas -den los grupos Balboa, Sidenor y Arcelormittal por dos infracciones muy graves en el mercado de compra de chatarra en España. Un poco antes, otra comercializadora, Luvon Energía, con 310.000 euros por incumplimientos en materia de contratación y protección al consumidor. En febrero, las más cuantiosas. Tres millones a Telefónica por incumplir sus obligaciones en materia de acceso a sus infraestructuras y 32, 6 a Correos por la aplicación de un sistema anticompetitivo de descuentos a grandes clientes. Esta práctica habría «potencialmente excluido o impedido la entrada al mercado» de otros competidores desde 2015 hasta 2019 y el expediente va a colear porque Correos ya ha dicho que recurrirá a la Audiencia Nacional. El 20 de enero la sanción era para la operadora Lycamobile por no suministrar datos de abonados.
Una docena de cárteles desmantelados
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) desmanteló el año pasado casi una decena de cárteles que han derivado en un total de 206,53 millones de euros en sanciones. En concreto, los nueve cárteles sancionados han sido, por orden de cuantía: licitaciones ferroviarias (127,3 millones), carreteras (61,28 millones), consultoras (6,3 millones), radiofármacos (5,76 millones), combustibles sólidos (3,5 millones), comisiones inmobiliarias (1,25 millones), transporte de viajeros (985.764 euros) y archivos y bibliotecas (161.855 euros).
Especialmente reseñable por la cuantía de la multa fue la que el organismo le impuso a En octubre las principales empresas de sistemas de seguridad, señalización y comunicaciones de la red del AVE, media distancia y cercanías en España: ás de 127,8 millones. Durante 15 años, formaron un cártel que se repartió licitaciones convocadas por Adif por valor de más de 4.100 millones de euros. También la sanción de 61,28 millones de euros a 12 empresas por una infracción constitutiva de cártel consistente en la alteración de las licitaciones de servicios de conservación y explotación de carreteras convocadas por el Ministerio de Fomento (actual Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana) desde 2014 a 2018. Las compañías, entre las que figuran todas las grandes constructoras, se hicieron con el 70% de los contratos de conservación de Fomento entre 2014 y 2018.
La última sanción iba dirigida a una comercializadora eléctrica, uno de los sectores más vigilados y multados. Así, la CNMC multaba con 77.500 euros a Aura Energía y, en marzo, sancionaba con 24 millones a tres empresas siderúrgicas
Próxima batalla: las obligaciones de Telefónica
La CNMC ha revisado las obligaciones de Telefónica como operador dominante en el campo de la conectividad para empresas y acceso local al por mayor facilitado en una ubicación fija, es decir las centrales desde las que se realizan las conexiones para clientes. Para el regulador, Telefónica sigue teniendo una posición dominante en el mercado, por lo que conservará la mayor parte de sus obligaciones de replicabilidad de ofertas, líneas alquiladas, acceso indirecto a la banda ancha empresarial y acceso a la infraestructura de obra. La CNMC señala que el operador sigue contando con el 70% de cuota de mercado en el segmento de empresas y percibiendo el 61% de los ingresos. Por ello, deberá seguir prestando su infraestructura a competidores bajo el servicio de banda ancha de alta calidad (NEBA empresas) y el servicio de líneas alquiladas terminales (ORLA). Pero Telefónica cree que la fusión de MásMóvil y Orange lo cambia todo y cree que ya no tiene sentido que se la considere “operador dominante” cuando en clientes de banda ancha y clientes móviles, el nuevo grupo será mayor que Telefónica o cuando la realidad es que en el mercado de televisión hay más de 8 millones de usuarios en streaming”. Se avecina una nueva batalla.
Batalla por los beneficios caídos del cielo:
CNMC, 1-Eléctricas, 0
Y entre medias de todo, un asunto espinoso. La Comisión Nacional de Mercados y Competencia acaba de inadmitir el conflicto que había presentado Iberdrola contra las liquidaciones provisionales de la minoración de beneficios por los denominados “beneficios caídos del cielo”, de los que se ha encargado REE, tras el recorte a sus ingresos derivado de la reforma eléctrica impulsada por la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, el año pasado. Según la Sala de Regulación, el conflicto de gestión económica, a la vista de las alegaciones de la eléctrica, no se dirige contra el cálculo de las liquidaciones efectuadas por Red Eléctrica, en su condición de Operador del Sistema, sino contra el contenido del propio RDL 17/2021 que lo regula impulsado por el Ministerio de Transición Ecológica. La CNMC explica en su informe que la eléctrica expone de forma amplia y pormenorizada una serie de argumentos por los que considera que el mecanismo de minoración aprobado en norma con rango de ley es contrario a la Constitución y al Derecho europeo. El organismo supervisor considera que «con independencia de que las facturas emitidas tienen la consideración de provisionales lo que podría plantear dudas sobre la admisibilidad de un conflicto relativo a las mismas, es más relevante, dada la naturaleza y el objeto del debate planteado», ya que un conflicto de gestión técnica o económica no constituye un procedimiento idóneo para perseguir la impugnación de una norma reglamentaria (ya sea de la propia CNMC o de cualquier otra Administración) cuya aplicación corresponda al gestor técnico del sistema. Pero los analistas señalan que la guerra no acaba aquí.
