Nuria Díaz
La crisis con el precio de la luz que vivimos desde que comenzó 2021 con la tormenta ‘Filomena’, seguida de los cambios en la tarifa y las medidas del Gobierno para atajar el precio del KW han provocado que el Gobierno haya pedido a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en varias ocasiones que investigue a las eléctricas tras sospechar que pudieran estar cometiendo practicas irregulares que van desde facturaciones irregulares, desembalses sin justificación o ‘apagones’ renovables durante varias horas al día con las consecuencias que ello tiene el la factura de la luz. El organismo que preside Cani Fernández, mientras tanto, recuerda que ellos lo investigan todo de oficio y claman por su independencia.
Hace sólo una semana la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, pedía públicamente y también por carta a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que hiciera un seguimiento sobre porqué algunas empresas decidieron no ofertar energía eólica y solar en el mercado mayorista el pasado domingo 3 de octubre y el viernes 1 de octubre, justo tras lanzar el Gobierno una nueva regulación para rebajar el recibo de la luz a los consumidores y que el sector tanto ha criticado. Estos dos tipos de energía renovable registraron más de 15 horas sin producir en esos días, porque tal y como adelantó el propio presidente de Iberdrola, Ignacio Galán días antes, las eléctricas intentan no vender a pérdidas tras las medidas aprobadas por el Ejecutivo.
Lo cierto es que la crisis del precio de la electricidad que España vive desde hace meses, aunque con más virulencia desde el pasado mes de agosto, ha provocado que el organismo que preside Cani Fernández no pare de recibir “peticiones” del Gobierno para que extreme la vigilancia sobre el sector.
La crisis del precio de la electricidad que España vive desde hace meses ha provocado que el organismo que preside Cani Fernández no pare de recibir “peticiones” del Gobierno para que extreme la vigilancia sobre el sector
Si hace unos días era el ‘apagón eólico y fotovoltaico’, en agosto fueron las posibles irregularidades en el desembalse de algunos pantanos. La ministra calificó de «escandalosa» la situación que sufrieron los embalses de Ricobayo (Zamora) y Valdecañas (Cáceres), ambos gestionados por Iberdrola, ante la «drástica» reducción de sus aguas y aseguró que ya se está investigando a la eléctrica, a la que se ha remitido una carta «para decirle que esto no puede ser». «No es razonable vaciar en prácticamente en 6 semanas un embalse como ha ocurrido en Zamora», denunció. Organizaciones como Facua-Consumidores en Acción pidieron a la CNMC que investigara la «drástica» reducción de agua por si la empresa pudiera estar aprovechando la coyuntura de las nuevas tarifas y el encarecimiento de la luz para desembalsar más agua de la debida y multiplicar así su producción hidroeléctrica.
En junio, el motivo de la indicación del ministerio a la CNMC fueron las posibles irregularidades tras la reforma tarifaria del Gobierno. Ribera escribía a Cani Fernández, para, en palabra suyas, pedirle que «analice cualquier posible comportamiento irregular o mala práctica de mercado por parte de los operadores eléctricos coincidentes con la entrada en vigor de la nueva estructura tarifaria». La petición llegaba en un momento de precios récord en el mercado mayorista de electricidad para un mes de junio, que luego se verían ampliamente superados, y unos días después de la entrada en vigor, el 1 de junio, de un polémico nuevo modelo de factura de la luz que penaliza el consumo en las horas más caras del día.
Y ya en enero, fue la subida de precios tras Filomena. El 8 de enero el ministro de Consumo, Alberto Garzón, posteaba en su cuenta personal de Twitter, que había transmitido a la institución gobernada por Cani Fernández que “investigara” las posibles irregularidades en el mercado.
Lo cierto es que fuentes del sector señalan que existe cierto malestar en el organismo regulador por lo que considerarían una injerencia constante del Ejecutivo. Durante estos meses de tensión eléctrica, la CNMC ha repetido por activa y por pasiva que son el supervisor de los mercados eléctricos y gasistas y, en el ámbito de sus competencias, realiza un seguimiento diario de los mercados. Por tanto, no investigan a instancias del Gobierno, sino que lo hace de forma continua de acuerdo con sus atribuciones legales. “En consecuencia, cuando detectamos prácticas irregulares que infringen la normativa, la Comisión inicia un expediente sancionador que puede terminar en la imposición de sanciones”, señalan fuentes del organismo. Por ello, y pese al famoso tuit del ministro Garzón, Fernández descartaba en febrero una distorsión de los precios de la electricidad durante el paso de la borrasca Filomena por la península Ibérica.
Facturaciones irregulares
Por el momento, todas estas peticiones de investigación siguen abiertas, excepto la que se refiere a las posibles prácticas irregulares en la facturación de las comercializadoras tras los cambios en la tarifa desde el pasado mes de junio. La CNMC ha abierto cerca de una decena de procesos sancionadores a operadores libres por no cumplir con la retribución de los costes fijos del sistema eléctrico.
Según los datos del organismo, acaban de incoar expediente sancionador a siete comercializadoras de electricidad ante un presunto incumplimiento de algunas de sus distintas obligaciones legales, el pago de peajes, sobre todo, y que podrían acabar derivando en sanciones. Se trata de Energía Libre Comercializadora (con sede en Sevilla), Energía Naranja (Barcelona), Vive Energía Eléctrica (Madrid), Vita Capital Trading (Madrid), Insignia Energía (Tenerife), Cox Energía Comercializadora España (Madrid) y Conecta Energía Verde (Valencia). En los siete casos citados, el regulador que preside Cani Fernández califica el impago de «incumplimientos sin perjuicio grave para el sistema eléctrico». Fuentes del sector aseguran que, en breve, serán alguna más. Con todo, se trata de una falta tipificada en la ley como ‘grave’, lo que podría acarrear sanciones para las compañías infractoras de entre 600.001 y 6 millones de euros.
El Ministerio para la Transición Ecológica lleva semanas monitorizando el impacto de la crisis eléctrica en las comercializadoras independientes españolas y alertando de que muchas están abocadas a desaparecer por el alza de los precios
El Ministerio para la Transición Ecológica lleva semanas monitorizando el impacto de la crisis eléctrica en las comercializadoras independientes españolas y alertando de que muchas están abocadas a desaparecer por el alza de los precios, lo que no ayudará nada a fortalecer la competencia y si a las grandes compañías. De hecho, en un reciente acto en Barcelona, la presidenta de la CNMC recordó la investigación que también tienen abierta a las grandes eléctricas sobre subidas en los contratos de la electricidad.
Fernández ha indicado que se han analizado unos 240.000 contratos. De estos hay unos 150.000 que se está analizando si la subida no fue acorde a derecho. Ya en agosto la CNMC denunció que algunas empresas comercializadoras de energía eléctrica han aprovechado la modificación del cambio de las tarifas para incluir un incremento del precio de la luz que, en algunos casos, llega hasta el 30%. Entonces fueron muchas las voces, sobre todo las asociaciones de consumidores, que pidieron a la CNMC que se hicieran públicos los nombres de las empresas que estaban facturando irregularmente, para que los clientes afectados pudieran reclamar, pero, por el momento, el organismo regulador no ha desvelado ninguno.
Fuentes del sector estiman que la CNMC esta siendo algo ‘blanda’ con las eléctricas. Si bien es cierto que las tiene en su punto de mira, organizaciones como FACUA o la OCU han denunciado que se les multa poco y por poca cuantía.
En investigaciones y multas… llueve sobre mojado
El pasado julio, el organismo dirigido por Cani Fernández multó con 1,35 millones de euros a Iberdrola por cambiar las tarifas de gas a más de 45.000 clientes. La empresa comunicó la modificación, pero olvidó informar de que suponía un encarecimiento de alrededor de un 14% anual y que existía el derecho de rescindir el contrato. Naturgy ya había sido sancionada en 2019 con 1,2 millones por prácticas similares y también Endesa.
El organismo regulador que hizo público en agosto su Memoria Anual contabilizó un total de 181 conflictos abiertos con las compañías energéticas en el año 2020, lo que representa un 50% que en el curso anterior. Los datos recogidos en la Memoria Anual de la institución revelan esta tendencia al alza que se ha producido, fundamentalmente por el incremento de los casos relacionados con las dificultades para dar acceso a las redes de transporte y de distribución. Apenas cuatro están relacionados con el servicio del gas, mientras que el resto corresponden a la electricidad.
