Nuria Díaz ■
Este mes de febrero los bancos habrán de hacer frente al primer pago del impuesto extraordinario sobre beneficios que el Gobierno aprobó a finales del año pasado y que estará vigente durante dos años y permitirá recaudar 1.500 millones de euros en cada ejercicio. Los bancos hacen cuentas de lo que les va a suponer y además definen la estrategia judicial que pueda librarles de la nueva tasa en los tribunales. Alegar que sufren una doble imposición y una desventaja frente a la competencia parecen ser los argumentos que están sobre la mesa de patronal y entidades. Desde el Gobierno se señala que dado el nivel de beneficios que han obtenido es una carga de lo más soportable.
Y llegó el día. Las entidades de crédito deberán empezar a pagar el próximo mes del nuevo impuesto extraordinario aprobado por el Gobierno y convalidado por las Cortes Generales a finales del año pasado. De acuerdo con el calendario publicado por la Agencia Tributaria las entidades obligadas deberán ingresar durante los 20 primeros días naturales del mes de febrero, en concepto de pago anticipado de dicha prestación, el resultado de multiplicar el porcentaje del 50% sobre el importe de presentación calculado. Pese a que se calcula sobre los márgenes de 2022, centra su efecto recaudatorio este año, por lo que después de que estuvieran sobre la mesa varias posibilidades y varias consultas a la CNMV, todo parece indicar que el organismo que preside Rodrigo Buenaventura, habría comunicado a las grandes entidades financieras que no tendrán que asumir el impacto del nuevo impuesto del Gobierno en las cuentas de 2022, que están a punto de hacer púbicas, y que tras una consulta a la Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA, por sus siglas en inglés) y a la Junta Internacional de Normas de Contabilidad (IASB, por sus siglas en inglés), podrán cargar el impuesto ‘extra’ contra los resultados de 2023. Un respiro en el primer pago, de 1.750 millones, que buscaban pero que de forma alguna les parece suficiente.
La patronal y todos y cada uno de los bancos interpelados están estudiando todas las alternativas posibles y recurrirlo en los tribunales está encima de la mesa. El asunto es el argumento que les ‘salve’ de la tasa
Según confirman a El Nuevo Lunes fuentes financieras, la patronal y todos y cada uno de los bancos interpelados están estudiando todas las alternativas posibles y recurrirlo en los tribunales está encima de la mesa. El asunto es el argumento que les ‘salve’ de la tasa. Si en un primer momento manejaron el de la inconstitucionalidad de esta, los reparos de los abogados les habrían hecho tomar otro camino en sus estrategias jurídicas y hoy, según fuentes del sector, apuestan más por poner el acento, de una parte, en el concepto de la doble imposición. El tributo gravará los intereses y comisiones netos (los que cobran los bancos a sus clientes menos los que pagan ellos) a un tipo del 4,8%, y tendrán que tributar todas las entidades donde esa cifra superase los 800 millones de euros en 2019. El sector entiende que ya pagan por esos ingresos en el Impuesto de Sociedades, ya que forman parte del beneficio, que es lo que grava este impuesto. Por tanto, entiende que se está tributando dos veces por el mismo concepto.
Desventaja competitiva
El segundo argumento con el que la banca busca tumbar el nuevo impuesto es el del atentado contra la competencia. El nuevo gravamen supone, asegurarían, una desventaja para el sector financiero español al recaer únicamente sobre entidades cuya suma de ingresos por intereses y comisiones en el 2019 sea igual o superior a 800 millones. No estarían sometidas a dicha tasa los bancos extranjeros ni tampoco las firmas Fintech y de ahí que reclamen un trato por igual para todos los competidores.
Todos han ido dando pinceladas de que su intención es elevar el asunto a los tribunales. “Vamos a recurrir al día siguiente de pagarlo. Lo tengo clarísimo”, así de rotunda se mostró recientemente la consejera delegada de Bankinter, María Dolores Dancausa. “No nos queda otra que acatarlo, pero es discriminatorio y confiscatorio, no responde a justificación técnica”, añadía. Víctor Iglesias, consejero delegado de Ibercaja, también veía “muy probable” hace solo unos días que la entidad recurra en los tribunales el impuesto a la banca. La propia presidenta de la AEB se mostraba muy crítica en una entrevista de finales del año pasado: “Serán 3.000 millones menos de capital para la banca a prestar y 3.000 millones menos de capital son 50 mil millones menos en crédito en los próximos años. Esto es equivalente a 250.000 hipotecas menos», señalaba. «Es malo para los ahorradores. Hay seis millones de ahorradores pequeños que tienen invertido su dinero en acciones bancarias entre otras cosas. Todo eso se va a ver afectado», contaba Alejandra Kindelán. Además, ha asegurado que es malo para la «competitividad», puesto que puede generar cierta «inseguridad jurídica al haber anunciado este impuesto arbitrario, así que no estamos nada contentos con el impuesto», decía.
Bankinter presentaba sus resultados anuales y aseguraba que espera tener que abonar a las arcas públicas de España entre 80 y 100 millones de euros en concepto del impuesto extraordinario
Mientras tanto, todas hacen cuentas. Al cierre de esta edición Bankinter presentaba sus resultados anuales y aseguraba que espera tener que abonar a las arcas públicas de España entre 80 y 100 millones de euros en concepto del impuesto extraordinario. “Estamos estimando para 2023 y 2024, porque esperamos que sea un impuesto para esos dos años, una horquilla de entre 80 y 100 millones de euros.
El Gobierno de Pedro Sánchez anunció el nuevo impuesto a la banca dentro de las medidas para combatir el alza de la inflación. Así establecía un cargo de 4,8% de los intereses y las comisiones de todas las entidades financieras que facturasen más de 800 millones en 2019, tomando como referencia las cifras obtenidas por la banca antes de la pandemia. La explicación del Ejecutivo para justificar esta medida es que la banca se beneficiaba de la subida de los tipos de interés. Al respecto, el nuevo impuesto estaría vigente durante dos años, 2022 y 2023 y permitiría recaudar 1.500 millones de euros en cada ejercicio.
Aliados contra la tasa
A la banca le ha salido un ‘think tank’ aliado. Hace solo unos días, el Observatorio de la Realidad Financiera (Orfin) rechazaba el impuesto a la banca que aprobó el Gobierno en 2022 subrayando que las entidades financieras no están obteniendo beneficios atípicos, sino que estos son «ordinarios». La valoración está realizada por los economistas José Carlos Díez, José Moisés Martín Carretero y Francisco del Olmo García, todos ellos autores del documento.
Ante el escenario macroeconómico actual, «es clave que el sistema bancario esté saneado y pueda atender con normalidad la demanda de crédito y a tipos de interés atractivos», ha indicado Carretero. El economista considera que los retos a los que se enfrenta la economía española «solo se pueden superar con base en la existencia de un sistema bancario solvente».
Respecto a la rentabilidad de las entidades, Orfin considera que es «fundamental» para asegurar su salud financiera. Así, unas entidades más rentables pueden, según el documento del Observatorio, canalizar más crédito e inversión, fomentando el empleo, el consumo y el crecimiento económico. “La rentabilidad bancaria es similar a antes de la crisis, por lo que no debe hablarse de beneficios extraordinarios, son beneficios ordinarios en un contexto de recuperación de la normalidad. Y está bien que la banca haya recuperado beneficios, porque esto le aporta mayor margen de actuación», ha apostillado Carretero.
De su lado, el economista José Carlos Díez ha criticado el impuesto al no considerarlo «necesario» debido a que la recaudación en el último año a través del IVA y el IRPF se ha elevado en el contexto inflacionista.
