Nuria Díaz
Pese a las presiones que ya existen para que el Gobierno retire su decreto antiopas, el que le da la última palabra en el caso de que un inversor extranjero quiera sobrepasar el límite del 10% en una compañía estratégica española, la acción de oro se mantendrá, al menos, hasta finales de este año. El apetito voraz de algunos fondos, la gran liquidez que hay en el mercado y el temor a que le echen las garras a compañías como Telefónica o Repsol, que siguen muy baratas, es la causa. En los casi dos años de vigencia de esta sui géneris acción de oro, no se ha vetado ninguna operación, aunque sí se han impuesto algunas condiciones en la que, hasta el momento, es la más significativa: la opa de los australianos de IFM sobre Naturgy.
Hace solo unos días, el presidente de la CNMV, Rodrigo Buenaventura, señalaba en el Spain Investors Day, el evento anual organizado por Estudio de Comunicación para que atraer inversión extranjera, que sería positiva una «normalización del régimen de control de las inversiones exteriores sobre compañías cotizadas españolas». ¿Qué quería decir el presidente del regulador con este circunloquio? Pues simple y llanamente, que se retire el régimen de autorización previa para las inversiones de fuera de España que el Gobierno puso en marcha hace ahora casi dos años, en marzo de 2020 y que se acaba de prorrogar hasta finales de 2022.
Apenas veinticuatro horas después, la vicepresidenta económica, jefa y mentora de Buenaventura, Nadia Calviño, le enmendaba la plana y defendía el mantenimiento de la ley anti-opas porque constituye un marco «claro» y «transparente», similar al adoptado durante la pandemia en el resto de los socios europeos, que no genera «ninguna incertidumbre» o «duda jurídica» y que, por tanto, no obstaculiza «en absoluto» la inversión extranjera. «Al contrario -añadió Calviño-, creo que las empresas que se han enfrentado al proceso deben apreciar que hay un proceso muy claro que se ha llevado a cabo con rapidez y un enfoque muy transparente y justo por parte del Gobierno», remarcó.
¿En qué empresas en concreto pensaba el Gobierno cuando se decidió por resucitar la vieja acción de oro? Todos los analistas coinciden en señalar que principalmente en Telefónica y Repsol, las dos grandes compañías del Ibex que cotizan muy por debajo de su valor
Según la normativa española, el Ejecutivo debe autorizar las inversiones extranjeras en empresas estratégicas cotizadas en las que se pretenda superar el 10% del capital, así como en aquellas no cotizadas en las que la inversión supere los 500 millones de euros.
Este blindaje del Gobierno, una acción de oro a la antigua usanza se planteó como una manera de evitar que los tiburones financieros extranjeros pudieran aprovechar los desplomes provocados por la pandemia. No hay que perder de vista que el Ibex llegó a marcar un mínimo en los 6.107,20, que no se veía desde 2012.
¿Pero en qué empresas en concreto pensaba el Gobierno cuando se decidió por resucitar la vieja acción de oro? Todos los analistas coinciden en señalar que principalmente en Telefónica y Repsol, las dos grandes compañías del Ibex que cotizan muy por debajo de su valor. En el caso de la operadora que preside José María Álvarez-Pallete, se le ha visto además las orejas al lobo después de la reciente Opa del fondo KKR sobre su colega Telecom Italia, el pasado mes de noviembre. Una operación aun sin resolver que ha revolucionado al sector. Sobre Telefónica han revoloteado en distintos momentos desde Deutsche Telekom hasta algunos fondos de inversión como la propia KKR, o Cinven y Providence, que también entraron en MasMovil. En el caso de Repsol, el mercado siempre ha especulado con posibles operaciones de la francesa Total o la italiana ENI. Lo cierto es que, sea o no el escudo anti opas el disuasor, por el momento no ha habido ninguna Opa indeseada sobre ninguna de las dos.
Pero no son las únicas compañías sobre las que se temen operaciones. En general las energéticas y entre ellas, Enagás, también están en el punto de mira según los analistas.
Opiniones dispares
¿Sigue siendo necesario por tanto esta acción de oro? Pues hay cierta división entre los expertos. El profesor de la Fundación de Estudios Financieros, Miguel Ángel Bernal, cree que “en estos momentos donde todavía la pandemia ha rebajado sustancialmente el precio de algunas compañías cotizadas parece necesario mantener la medida de «golden share». Esta medida parece especialmente necesaria para sectores estratégicos como puede ser el eléctrico, energético y el de telecomunicaciones. Ciertamente alguna de las compañías de estos sectores ha recuperado la cotización de sus acciones, pero algunas siguen estando baratas”.
En analista financiero de AFI, Rui da Mota, cree que en realidad las cifras de inversión extranjera tampoco han variado tanto con respecto a los niveles anteriores al decreto. “Lo que ha cambiado es que ahora hay mucha liquidez y las empresas tienen mucho crédito y eso lógicamente hace que se mueva el dinero”. “En algunos sectores, como el de las telecos, hay tantas empresas en Europa, tanta competencia, y tienen tan pocas posibilidades de crecer, en comparación con EEUU, mercado mucho más grande y en el que solo hay cuatro o cinco empresas, que lo normal parece que haya movimientos corporativos. En mi opinión es más eficaz apretar en la regulación, que impedir la entrada en un mercado”.
Natalia Aguirre, directora de Análisis y Estrategia de Renta 4, cree que “medidas de este tipo deben ser excepcionales ante shocks como el del Covid que provocan caídas en cotizaciones que pueden llevar a OPAs a precios que en un contexto más normalizado de negocio y de mercados serían demasiado bajos (“precios de derribo”). Pero son medidas excepcionales ante momentos excepcionales, que se deben retirar a medida que la situación se normaliza”.
“En los dos últimos años, y a partir de que el Gobierno pidiese autorización en marzo de 2020 para cualquier compra superior al 10% de empresas estratégicas (y especificó energía, infraestructuras, telecomunicaciones, biotecnología, medios de comunicación) por parte de inversores no domésticos, yo destacaría las OPAs sobre Naturgy, Solarpack, Euskaltel, Masmóvil. En cualquier caso, no se ha vetado ninguna operación con capital extranjero, más allá de imponerse alguna condición por ejemplo en la OPA del fondo australiano IFM sobre Naturgy.
Lo cierto es que en estos casi dos años en realidad no se ha vetado ninguna operación con capital extranjero, más allá de imponerse alguna condición, por ejemplo en la opa del fondo australiano IFM sobre Naturgy
Hay otras. Como la operación por la que la francesa Vivendi compró en enero un paquete de acciones de Prisa equivalente al 7,6% por 50 millones de euros. Solo unos pocos días más tarde engordaba esa participación hasta el filo del límite permitido: un 9,9%. Su intención declarada y sobre eso ha de pronunciare aún el Gobierno es aumentar su control hasta el 20%.
En diciembre de 2020, el Consejo de Ministros autorizaba la inversión extranjera, a través de la sociedad española Eolia Renovables de Inversiones Sociedad de Capital Riesgo, gestionada por una corporación canadiense, en ocho sociedades españolas de generación de energía eléctrica renovable, por un importe de 103 millones de euros. En concreto, las sociedades son Tahuna, Zorreras, Lecrín, Lomas de Manteca, Jaufil, Lomasde Lecrín, Xunqueira Eólica, todas ellas titulares de parques eólicos, y Vitigudina FV, titular indirecta de una planta solar fotovoltaica.
En principio la medida anti-OPAs expira el 31 de diciembre de este año 2022 para inversores de la UE, pero para los de fuera de la UE no se ha definido aún una fecha de finalización”.
España no es la única que ha resucitado las acciones de oro
Pese a la polémica sobre la conveniencia o no de guardarse en la manga el as del veto a las operaciones extranjeras sobre empresas estratégicas nacionales, lo cierto es que la normativa española es relativamente similar a la que tiene, por ejemplo, el Gobierno de Emmanuel Macron en Francia. El pasado mes de julio rebajo el porcentaje sobre el que una empresa o fondo de capital extranjero podía tomar de un grupo francés sin pasar por el Elíseo, hasta el 10%, como en España. Y, de hecho, nuestros vecinos si que han vetado una operación. La del grupo canadiense Couche-Tard que había presentado una oferta para hacerse con el 100% del grupo de distribución y alimentario galo por 16.000 millones de euros.