Nuria Díaz
La factura de la luz de agosto será la más cara de la historia y eso, alarma social mediante, no le va a salir gratis ni a la ministra ni al Gobierno que prometió ponerle freno a la escalada del kilowatio. Nadie dijo que fuera fácil. Por el momento Teresa Ribera, después de que en agosto se hayan registrado ocho récords históricos y de que, como ella misma señalara, la energía hidráulica haya sido la que ha marcado el precio en buena parte de las horas, con una “escandalosa reducción del 70% del agua embalsada”, se ha limitado a pedir empatía social a las compañías, alargar la reducción del IVA de la luz, y anunciar una investigación en las presas y leves cambios en la Ley de Aguas. Si bien se abre una reforma de la tarifa regulada de la luz, por el momento no ha dado fechas ni alcance de ésta y se ha negado a intervenir el mercado. Todo parece indicar que los precios seguirán subiendo cerca del un 25% hasta el año que viene.
Después de todo un mes de agosto con el precio de la luz pulverizando récords semana tras semana, con la alarma social disparada y poco apoyo de los socios de gobierno, la primera comparecencia de la ministra Teresa Ribera en el Congreso se antojaba determinante. Fuentes del sector señalan que “no fue así”. “El recibo de la luz es siempre, ministro tras ministro, gobierno tras gobierno, del color que sea, la bestia negra de la que es difícil salir indemne”.
No es la primera subida fulminante del precio del kilowatio, ni siquiera la primera que afronta la ministra de Transición Ecológica que ya vio tras el temporal Filomena como la luz se disparaba un 25% en enero. “Pero si es, con mucho, la más alarmante por la falta de argumentos, más allá del recurrente alto precio del gas y de los derechos de CO2, que la justifiquen”, señalan fuentes del sector.
El precio de la electricidad en el mercado mayorista ha cerrado agosto con el nivel más alto de los registrados nunca al situarse en una media de 105,94 euros el MWh, un 14% por encima del de julio, y el triple que el del año pasado
Los datos hablan por sí solos. El precio de la electricidad en el mercado mayorista ha cerrado agosto con el nivel mes más alto de los registrados nunca al situarse en una media de 105,94 euros el megavatio hora (MWh), un 14% por encima del de julio, y el triple que el del año pasado. En agosto se han registrado ocho récords históricos en la cotización del mercado mayorista de electricidad. El último, el martes pasado, día 31, cuando el megavatio hora (MWh) costó 130,53 euros. En cuanto al aumento acumulado en lo que va de año, la OCU estima que se eleva a 547,68 euros frente a los 437,85 euros del pasado año 2020, lo que supone 109,8 euros más, o un alza del 25,1% sobre 2020.
La oposición está dispuesta a hacer del recibo de la luz un arma electoral y los propios socios de Gobierno también. Sus explicaciones en la Comisión de Transición Ecológica del Congreso de hace unos días no acabaron de contentar a nadie y a juicio de muchos la ministra se limitó a echar un sermón a las compañías, apelando a su empatía, remitirse a medidas ya anunciadas, como la reducción del IVA al 10% y anunciar alguna nueva, pero con calendario y resultado inciertos. Lo más significativo: que apuntó directamente a las hidráulicas.
La hidroeléctrica, bajo la lupa
La ministra ha explicado que en los tres últimos meses (junio, julio y agosto), las centrales hidroeléctricas han marcado el precio del mercado mayorista entre un 59% y un 65% de las horas. Por ejemplo, el martes 31, día del super récord, el precio de la luz en el mercado mayorista marcará un nuevo máximo histórico de 130,5 euros el megavatio/hora, la energía hidroeléctrica fue la determinante en 17 de las 24 horas. Ribera señaló a las centrales hidroeléctricas acusándolas de aprovechar el momento para incrementar sus ingresos. Eso sí, reconoció que la escandalosa reducción del 70% del agua embalsada no es descartable que sea compatible con la norma, pero añadió que “no es razonable”. Hace unas semanas ya había calificado de “escandalosa” la situación que están sufriendo embalses como los de Ricobayo (Zamora) y Valdecañas (Cáceres), ambos gestionados por Iberdrola, ante la “drástica” reducción de sus aguas, y aseguró que ya se está investigando a la eléctrica. Tampoco sería la primera vez. La CNMC y la Confederación Hidrográfica del Duero ya impusieron una sanción de 25 millones de euros hace seis años a la compañía que preside Ignacio Galán por el uso fraudulento de la hidroeléctrica.
El experto en energía y director de Próxima Energía, Jorge Morales, explica a EL Nuevo Lunes que el problema de fondo en la formación de precios es que la mayor parte de la producción eléctrica, cuyos costes no tienen nada que ver con el gas, cobra a precio de gas. “Y estamos hablando de cerca del 70% de la producción, señala, y no solo de la hidroeléctrica, también las renovables, lo que ocurre es que es la hidroeléctrica la que ahora resulta señalada porque es la que ha marcado récords en muchas horas”. “Habrá investigaciones, aunque a mi me cuesta creer que se hayan movido fuera del límite concesional y arriesgarse a perder la que a todas luces es la joya de la corona. El problema es que son contratos de los años cuarenta del siglo pasado, a veces de una pagina frente a los complicados y exhaustivos contratos de hoy en día, y son difíciles de actualizar porque, aunque parezca un contrasentido necesitan el acuerdo de la empresa concesionaria”. En opinión de Morales es más fácil hacer ajustes en el postmercado, donde hay menos posibilidades de que los tribunales tumben las medidas.
Medidas, ¿suficientes?
Por lo pronto, la ministra rechaza de plano que haya inacción frente a la escalada de los precios. Al respecto señaló que el Gobierno trabaja ya en la aplicación del artículo 55 de la Ley de Aguas para “tener orden” en este tipo de concesiones. Este artículo recoge el control de los embalses y las facultades de las confederaciones hidrográficas para la gestión de estas centrales. Y también recuerda que el Ejecutivo ha puesto en marcha dos proyectos de ley para abaratar el recibo eléctrico: el Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSSE) y otro para frenar la sobrerretribución que percibe la generación mediante las centrales eléctricas no emisoras de CO2 (hidráulicas y nucleares) anteriores a 2005. Ambas medidas harán que las energéticas afronten el pago de unos 8.000 millones de euros.
La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha explicado que en los tres últimos meses las centrales hidroeléctricas han marcado el precio del mercado mayorista entre un 59% y un 65% de las horas
José María González Moya, director general de APPA Renovables está de acuerdo en que el Gobierno está haciendo cosas bien. Señala que “es cierto que la energía hidráulica, principalmente los grandes embalses, están aportando electricidad al sistema marcando precios muy altos. Si bien su coste de generación no es alto, esta tecnología tiene un coste de oportunidad que le permite generar a voluntad ofertando al precio que, libremente, eligen. Estas centrales están ofertando a esos precios debido a unos aspectos coyunturales – el alto precio del gas – y a otros que nos van a acompañar durante los próximos años – el precio del CO2. Las ofertas que estamos viendo de la gran hidráulica obedecen a la dependencia de nuestro sistema de las importaciones de combustibles fósiles. Un problema estructural que llevamos años denunciando: mientras la media de la UE está en una dependencia del 55% de las importaciones, España depende en un 75% para cubrir su energía”. “Necesitamos apostar de forma decidida por las energías renovables, dado que esto nos blindará ante futuras subidas de los combustibles fósiles. Esa es la senda acertada que está siguiendo Europa y que estamos siguiendo en España. La ministra Ribera y su equipo están desarrollando una importante labor para alcanzar los objetivos de implantación renovable en nuestro mix energético y está tomando decisiones acertadas, como el reparto de los costes de la Transición entre todos los actores o la desvinculación, en la medida de lo posible, de la tarifa que pagan los consumidores y el mercado eléctrico diario. El pool ha pasado en un año de marcar mínimos históricos con la pandemia a máximos históricos y el consumidor no debe sufrir estos vaivenes que, como se ha explicado, son la conjunción de efectos coyunturales y otros estructurales”.
Unidas Podemos insiste en una empresa pública
de energía
Apenas tres días después de la comparecencia de la ministra Ribera para dar explicaciones sobre la subida del precio de la luz, Unidas Podemos registraba en el Congreso una proposición de ley para crear una empresa pública de energía. Con esta empresa, que bautizan como ‘Producción Eléctrica Española’ (EPE), la formación morada propone asumir concesiones de centrales hidroeléctricas que vayan caducando, pero también impulsar nuevas instalaciones de energía renovable. La formación argumenta que la producción de electricidad en España es la segunda más privatizada de la OCDE, sólo por detrás de Portugal, con apenas el 5% de la generación, y que otros países como Francia, Italia, Suiza, Países Bajos, Austria o Finlandia cuentan ya con una empresa pública de energía. Además de propiciar una rebaja en la factura de la luz, esta formación plantea que la nueva sociedad colabore con las empresas públicas municipales ya creadas o que puedan crearse para comercializar y gestionar su suministro energético.
