Ana Sánchez Arjona ■
La vicepresidenta Yolanda Díaz reprocha la actitud de bloqueo de la patronal en un escenario donde hay varias negociaciones abiertas que tienen, como telón de fondo, “una grave crisis económica”. Y es que el diálogo social vive su peor momento. Nada que ver la actitud de los actores protagonistas en las mesas de diálogo cuando, hace un año, Gobierno y agentes sociales rubricaban un acuerdo para prorrogar los ‘ERTE de pandemia’ por sexta vez consecutiva. Lo cierto es que hace meses que la patronal no comparte prácticamente ninguna de las propuestas del Ejecutivo, lo que ha provocado que se hayan abierto varios frentes. El más encallado es el que se refiere a la actualización de los convenios colectivos. En este caso era el propio Garamendi el que reprochaba su postura a los sindicatos. “Se han enrocado en la necesidad de recuperar poder adquisitivo, el perdido por el incremento de la inflación, y mantienen una posición inamovible”.
La CEOE se enroca. Es lo que dice el Gobierno que además asegura que la buena marcha del diálogo social está amenazada. Así que, la vicepresidenta Yolanda Díaz le reprocha la actitud a la patronal en un escenario donde hay varias negociaciones abiertas. Le preocupa, señala Díaz, lo que está haciendo “el señor Garamendi y la patronal española”: “Está bloqueando la subida salarial, está bloqueando la negociación colectiva en nuestro país. Esto es muy grave”, y les acusa de negarse a dialogar un pacto salarial ante de precios que bloquea la economía.
Nada que ver la actitud de todos los actores. Hace un año, en octubre de 2021, Gobierno y agentes sociales firmaban un acuerdo para prorrogar los ERTE de la crisis sanitaria por sexta vez.
Esta ha sido una de las medidas fundamentales de tal manera que en ella se ha sustentado el empleo durante estos dos últimos años.
La patronal se opone a la subida del salario mínimo interprofesional para 2023, una medida en la que ya trabaja un grupo de expertos que se va a encargar de hacer una propuesta para que la estudien los agentes sociales
El diálogo social ha vivido una de las mejores etapas que ha tenido como consecuencia el pacto de una serie de acuerdos, doce para ser exactos en un escenario de pandemia, guerra e inflación que han confluido durante la legislatura, hasta tal punto que los expertos aseguran que ha sido uno de los periodos donde el consenso ha triunfado.
Ahora, Gobierno y sindicatos son de la misma opinión y piensa que la CEOE ha dado un giro que amenaza con romper esta buena racha.
Hace meses que la patronal no comparte prácticamente ninguna de las propuestas que el Ejecutivo pone sobre la mesa del diálogo social, lo que ha provocado que se hayan abierto varios frentes.
El más encallado es el que se refiere a la actualización de los convenios colectivos. Hablamos de una negociación entre empresarios y sindicatos en la que solo participan los agentes sociales. Los representantes de los trabajadores piden una subida de salarios que permita paliar, en la medida de los posible, unos precios en máximos históricos.
Los sindicatos denuncian que las patronales no quieren negociar, lo que implica un bloqueo salarial.
Como reacción a este bloqueo, CCOO y UGT han acordado una seria de movilizaciones para presionar a la patronal con la intención de que vuelva a las mesas de diálogo para pactar la revisión de los convenios.
Hace apenas dos semanas, se produjeron protestas frente a las sedes de las patronales de toda España, protestas que van a desembocar en una manifestación para el próximo 3 de noviembre en Madrid.
Negociación colectiva rota
Hay que recordar que el pasado mes de mayo CCOO, UGT y CEOE dieron por rotas las negociaciones que estaban manteniendo para subir salarios este año, y dejaban abierta la puerta para retomarla en 2023.
Ambos interlocutores deberían haber cerrado el nuevo Acuerdo de Empleo y Negociación Colectiva, que normalmente incluye una recomendación sobre cuánto deben aumentar los sueldos de los trabajadores en los próximos convenios que se renueven.
En este caso era el presidente de la patronal el que acusaba de enrocarse a los sindicatos. “Se han enrocado en la necesidad de recuperar poder adquisitivo este año, el perdido por el incremento de la inflación y mantienen una posición inamovible. Tienen que saber que las empresas también han sufrido este impacto y no pueden asumir una subida de salarios de tal medida”
Pero el de los convenios no es la única brecha abierta en lo que tiene que ver con los salarios porque Antonio Garamendi también rechaza a la subida del salario mínimo interprofesional para 2023, una medida en la que ya trabaja un grupo de expertos que se va a encargar de hacer una propuesta en este sentido.
Una vez conocida la propuesta, Yolanda Díaz convocará la mesa de diálogo para estudiarla y determinar en cuánto se debe subir el SMI. Hay que recordar que la decisión de incrementarlo es competencia del Gobierno que sin embargo busca el acuerdo con los agentes sociales.
Pero la CEOE no lo comparte, y el propio Garamendi no deja de advertir de que las subidas pueden provocar una “contracción” del empleo.
En este caso, y lo más probable, es que los empresarios no se sienten en la mesa de diálogo.
Garamendi insiste en que la CEOE no es contraria a una subida del SMI, sino a que sea ahora, en un momento donde lo importante es impulsar la recuperación económica y el empleo. “Con esta subida puede haber menos gente que entre en el empleo (…) Con la que está cayendo, es un momento muy delicado y hay que tener cuidado con las cosas que se tocan”.
No sólo la CEOE se queda al margen del Estatuto del Becario, porque a los rectores tampoco les gusta nada
Otra de las acusaciones que vertía Yolanda Díaz sobre la CEOE es que también estaba bloqueando la negociación del llamado ‘Estatuto del Becario’, con el que Trabajo quiere acabar con la figura de los falsos becarios y ampliar los derechos de los estudiantes que hacen prácticas.
El Ministerio buscaba cerrar el estatuto antes del verano, pero no pudo ser no solo por la postura de la patronal sino también por la falta de ‘convencimiento’ que sobre el asunto mostraba el Ministerio de Universidades.
Para la CEOE al parecer el proyecto puede provocar inseguridad jurídica.
Así que, la ministra amenazaba con legislar el Estatuto del Becario sin los empresarios y… así ha sido finalmente.
Los sindicatos daban el visto al texto del Ejecutivo. Desde UGT señalan que este principio de acuerdo se someterá “en los próximos días” a votación en sus órganos internos y argumentan que constituye avances en “puntos fundamentales”: el nuevo estatuto “persigue y acaba” con “las principales modalidades de fraude creadas en torno a esta figura” y también delimita “perfectamente la línea entre acción formativa y trabajo productivo con un ámbito de aplicación muy definido”.
La norma también concede “un catálogo de derechos importantísimo y vanguardista en nuestro país, en línea de lo que demanda Europa respecto a la compensación de gastos, las cotizaciones o el plan formativo individualizado”, según CCOO que también ha dado el “sí” «a falta de valoración de la Ejecutiva».
Yolanda Díaz aprovechaba el consenso alcanzando con los sindicatos para lanzar un mensaje a Antonio Garamendi: “La patronal española tiene que decidir si opta por un modelo europeo, como el que diseña la Reforma Laboral y por tanto el conjunto de los países europeos hacia un modelo de formación dual, o si el señor Garamendi se posiciona en los modelos basados en la precariedad”.
Pero quién también se ha opuesto al Estatuto del Becario han sido los Rectores. La CRUE, Conferencia de Rectores de Universidades Españolas, ha hecho pública una nota en la que carga contra el departamento que dirige Yolanda Díaz por la futura aprobación de una norma de la que afirman que no mejora la situación actual, que puede acabar generando escasez de prácticas y cargar de una burocracia que no pueden asumir a las universidades. Además, aseguran no haber sido consultados, alogo que Trabajo niega.
“Es imposible justificar que, si el objeto de dicho proyecto normativo es la regulación de las prácticas académicas…,todo se esté decidiendo en el marco del diálogo social que protagonizan en exclusiva Gobierno, sindicatos y patronales”, explica CRUE que representa prácticamente a todo el sistema universitario español, incluidos los centros públicos incluidos
