Nuria Díaz ■
Desde que la semana pasada el Gobierno lograra luz verde a la tramitación parlamentaria de los impuestos a los beneficios extraordinarios de las eléctricas y la banca, y pese a que ambos levantan ampollas, pronto se ha visto que una cuenta con muchos más apoyos que la otra. Mientras que la tasa energética está impulsada, aunque con matices, por la propia Comisión Europea, y de hecho está ya establecida en algunos países de nuestro entorno, la que el Ejecutivo de Pedro Sánchez pretende imponer a las entidades financieras se encuentra con menos precedentes a los que agarrarse y más contestación en el sector. Un doble rasero que habrá que ver en qué acaba.
Hace unos días en el Congreso se daba el primer paso para gravar a las eléctricas y los bancos con un impuesto extraordinario. Los partidos de Gobierno, el PSOE y Unidas Podemos, han conseguido el apoyo de sus socios de investidura para sacar adelante la proposición de ley, aunque, con toda probabilidad, habrá modificaciones en su tramitación porque Bruselas, aun estando de acuerdo con la “música” quiere que se perfile “la letra”.
En este momento lo que plantea el texto del Gobierno es un gravamen temporal del 4,8% sobre el margen de intereses y comisiones netas de las entidades financieras con ingresos superiores a los 800 millones de euros, y del 1,2% las ventas totales de las energéticas que facturen más de 1.000 millones de euros al año. El nuevo gravamen al sector energético estará en vigor durante 2023 y 2024 y buscará recaudar 2.000 millones de euros al año de los beneficios extraordinarios de estas empresas en 2022 y 2023.
La propia Comisión Europea se inclina por llevar a cabo la mayor intervención del mercado energético de su historia y ha propuesto imponer impuestos a las compañías energéticas, aunque de manera más laxa que el plan español
“Obviamente al sector no le gusta, señala una fuente del sector, pero el clima de opinión es fuerte a favor de esta tasa”. La propia Comisión Europea se inclina por llevar a cabo la mayor intervención del mercado energético de su historia y ha propuesto imponer impuestos a las compañías energéticas, aunque, algo de manera más laxa que el plan español porque tal y como aclaran desde la patronal Aelec, “solo hace referencia al sector de combustibles fósiles y no a las compañías eléctricas con generación renovable”. Los planes de la Comisión pasan por gravar un 33% los beneficios extraordinarios de las compañías fósiles cuyos beneficios en los últimos tres años hayan aumentado por encima del 20% y redirigir esa ganancia a los consumidores; poner un tope de 180 euros el megavatio hora a las industrias inframarginales, es decir renovables y nucleares; y un ahorro de consumo energético del 10% hasta el 31 de marzo de 2023 además de uno obligatorio del 5% en las horas punta. Los 27 ministros de Energía se reunirán el 30 de septiembre en un Consejo extraordinario para debatir y, si llegan a un consenso, aprobar estas medidas. El Gobierno ya ha anunciado que está dispuesto a modificar su plan, ‘afinarlo’ ha dicho concretamente la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, para ajustarlo a la fórmula que acaben consensuando los Veintisiete.
No en vano se trata de una tasa que ya se usa en varios países de nuestro entorno. Italia tiene un gravamen del 25% sobre beneficios extraordinarios, en Reino Unido también se ha puesto en marcha para gravar los beneficios caídos del cielo, como en Grecia o en Bélgica, que lo van a establecer, pero aún está por definir.
El impuesto a la banca, harina de otro costal
José Luis Martínez Campuzano, portavoz de la AEB, la patronal el sector señala que “este impuesto afecta a la capacidad de los bancos de seguir dando créditos a las familias y a las empresas. Es un impuesto malo para la economía y el empleo en un entorno de elevada inflación e incertidumbres geopolíticas, y genera inseguridad jurídica que es malo para el país. Los bancos en España pagan ya muchos impuestos, más que el promedio europeo y pro encima de otros sectores de la economía”. Tampoco lo tienen muy claro algunos expertos de AFI, como Marta Alberni, analista financiera de AFI. “Cabe mencionar dos aspectos que nos hacen cuestionar esta medida. Por un lado, el hecho de que tiene como foco gravar a un sector concreto, siendo, además, un sector que podemos considerar transversal en la economía y que no se ha visto especialmente beneficiado durante los últimos años como sí ha ocurrido con otros sectores durante la pandemia. En este sentido, es cierto que el contexto de subida de tipos se plantea favorable para los bancos en términos de generación de márgenes, pero al mismo tiempo abre la puerta a otros focos de atención como las pérdidas de valor que el incremento de los tipos ha generado en las tenencias de deuda pública y el deterioro de la calidad crediticia que puede tener lugar en un contexto de elevada inflación. Por otro lado, se debe mencionar el agravio comparativo que genera este impuesto para el sector bancario español frente a otros sectores bancarios europeos, suponiendo una desventaja competitiva, por ejemplo, a la hora de acceder a financiación en los mercados mayoristas”. Alberni señala, además, que este tipo de medida, hasta el momento, no se ha planteado en otras de las principales economías europeas. “Encontramos ejemplos en países como Hungría y República Checa donde se ha propuesto este mismo año y en Lituania donde se propuso en 2019. En dicho año, el BCE ya se mostró contrario a la aplicación de un impuesto sobre un sector concreto con fines presupuestarios generales y requería un análisis detallado del coste-beneficio de la medida para su aplicación”.
El BCE sigue receloso. Hace unos días, el vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos, insistía en que este nuevo tributo no debe encarecer la financiación ni restringir el crédito
Y lo cierto es que el BCE sigue receloso. Hace unos días, el vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos,insistía en que este nuevo tributo no debe encarecer la financiación ni restringir el crédito. Y decimos insistía porque ya en el mes de julio cuando la posibilidad de esta tasa se empezaba a ver más cerca, ya aseguró que el Eurobanco vigilará que este tipo de medidas no dañen la solvencia del sector ni dificulten la concesión de crédito. el sector financiero calcula que el impuesto quitará del mercado 50.000 millones en créditos. “Si salen 3.000 millones de capital, eso es lo que prevé recaudar el Ejecutivo en dos años, se resta capacidad de prestar por un importe de unos 50.000 millones”, aseguró el consejero delegado del Santander, José Antonio Álvarez, en la última presentación de resultados del banco. Más duros han sido desde el Instituto de Estudios Económicos (IEE) que ha advertido que se trata de un gravamen “potencialmente inconstitucional y que no se adecúa al derecho comunitario”.
Un asunto muy político: el PP ve bien ahora la tasa eléctrica porque lo dice Bruselas
La presidenta de la Comisión Europea, una dirigente conservadora del Partido Popular Europeo (PPE), se ha mostrado contundente en favor del impuesto a los beneficios extraordinarios de las eléctricas con un discurso que dejó con el pie cambiado al PP que solo 24 horas antes había votado en contra de ese tributo en el Parlamento español. Los populares, señalan fuentes del sector, tuvieron que rectificar. Y rápido. Ahora, la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha expresado la disposición de su partido a apoyar al Gobierno que dirige Pedro Sánchez si «rectifica» su impuesto a las energéticas ideado, a su juicio, para hacer «caja» y opta por ir en la línea de lo que plantea Bruselas. «La fórmula no es recaudar más sino cómo bajar los recibos de la gente», ha proclamado.
