Ana Sánchez Arjona
El Gobierno de coalición cumple un año y, con los Presupuestos ya en marcha, se puede decir que este 2021 supondrá la verdadera prueba de fuego para PSOE y Unidas-Podemos. Pero será, en realidad, el presidente del Gobierno el que tendrá que someterse a un test de resistencia aún más duro que el provocado por la pandemia: el de sobrevivir a la crisis económica, impulsar la recuperación y adoptar decisiones difíciles siempre marcadas por la presión de Bruselas. Porque la Comisión Europea estará muy pendiente de cómo se van a gastar los 27.000 millones de euros, primera partida de los fondos europeos que son, junto a la vacunación, el ‘desafío estrella’ del Ejecutivo.
Cuando se cumple justo un año del Gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos, el presidente se enfrenta a la complicada tarea de impulsar la economía española, en plena tercera ola de la pandemia, con datos macro nunca vistos y marcando mínimos históricos.
Así que, con los Presupuestos aprobados, 2021 puede ser señalado como el primer año real de la coalición, donde se someterá a la prueba de resistencia aún más dura que la de la pandemia: la de sobrevivir a la crisis económica, impulsar la recuperación y adoptar las decisiones difíciles siempre marcadas por la presión de Bruselas.
Por ello, la aprobación de las nuevas cuentas públicas tras casi tres años de vigencia de las últimas aprobadas por Cristóbal Montoro, resulta fundamental para embridar las principales partidas de gasto del Gobierno para protección ante el Covid. El Plan Presupuestario 2021 recoge un impacto para este año en las arcas públicas de más de 55.000 millones de euros.
El reto está en volver a poner de acuerdo a los agentes sociales para una tercera prórroga y que este mecanismo siga siendo atractivo para que las empresas en dificultades recurran a él y no opten por prescindir de trabajadores
De tal manera que nunca unos Presupuestos Generales del Estado han sido tan necesarios como los de este año, unas cuentas incluyen cifras extraordinarias para impulsar la recuperación y hacer frente a los efectos derivados de la crisis del coronavirus. Las principales cifras se resumen en que el presupuesto consolidado (Estado, la Seguridad Social, los organismos autónomos y el resto de organismos) destina a políticas de gasto 412.087 millones de euros, excluyendo fondos de financiación territoriales y dotaciones adicionales por Covid-19; el techo de gasto de gasto del Estado se sitúa en 194.456 millones, el más elevado de la historia; el Estado anticipará 26.634 millones de los fondos de recuperación europeos y la mayor partida de gasto consolidado son los 163.297 millones para pensiones, 3,2 % más
Pero estos Presupuestos serán sometidos a examen desde la Comisión Europea, ya que, en este caso, además, deberán de ser la correa de transmisión para la canalización del fondo de reconstrucción de la UE, del que a España le corresponden la suma de cerca de 140.000 millones de euros.
La mitad de ellos en ayudas directas a fondo perdido, por lo cual, precisamente, se introdujeron duras condiciones para mantener el grifo de las ayudas abierto.
De este modo, la Comisión prestará atención, en primer lugar, al cumplimiento de las condiciones impuestas en términos de reformas estructurales. A España se le imponen modificaciones en el sistema público de pensiones y ahondar en los principios de flexibilidad en la contratación que recoge la reforma laboral del PP de 2012. Y, en segundo lugar, pondrá la lupa sobre la canalización de los fondos de ayuda comunitarios hacia los proyectos empresariales que se exige a los gobiernos generen valor añadido para la sociedad y ayuden a crear puestos de trabajo
Una de las claves está en cómo gastar los 27.000 millones de euros en cambiar la economía. Es el gran reto del Gobierno para todo el año. La maquinaria ya se ha puesto en marcha con un decreto que cambia todos los procedimientos administrativos para agilizar trámites. El equipo económico de Sánchez, con Nadia Calviño, María Jesús Montero, ministra de Hacienda, y Manuel de la Rocha, jefe de la oficina económica de La Moncloa, será clave, pero el trabajo de campo es de los distintos ministerios.
Dirigentes autonómicos y empresariales transmiten muchas dudas sobre el operativo. Sánchez se enfrenta a un gran reto y es lograr que se gaste bien, con proyectos realmente modernizadores, este gran fondo europeo. No se habla mucho en el debate político, pero es el asunto que más tiempo ocupa a los ministerios. Unidas Podemos tiene una participación estratégica a través de sus ministerios y de Nacho Álvarez, el hombre clave de Pablo Iglesias para cuestiones económicas, pero el peso más fuerte lo lleva la parte socialista. Es, con la vacunación, el proyecto estrella del Ejecutivo para impulsar la remontada económica.
Sostener el empleo
No obstante, el Ejecutivo mantiene su previsión de que la economía española crecerá un 7,2 % el año que viene, que podría llegar al 9,8 % con una completa ejecución de los fondos europeos.
Mientras tanto, el Gobierno prevé mantener hasta que sean necesarias las medidas que han permitido sostener el empleo, con la previsible prórroga de las ayudas a los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), vigentes hasta el 31 de enero.
El diálogo social que también ha funcionado al Ejecutivo, de la mano de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, será determinante para que esto se materialice en 2021, fundamentalmente porque se tiene que poner sobre la mesa la prórroga de los expedientes
El reto está en volver a poner de acuerdo a los agentes sociales para una tercera prórroga y en lograr que este mecanismo siga siendo atractivo para que las empresas en dificultades recurran a él y no opten por prescindir de trabajadores. De momento, la primera reunión se producía el viernes 8 de enero. Las sucesivas prórrogas acordadas entre el Ejecutivo y los agentes sociales han apurado los plazos de una negociación cada vez más compleja.
Año nuevo fiscal. IRPF, IVA y Patrimonio, al alza
Año nuevo fiscal. Los Presupuestos Generales del Estado, recién aprobados y publicados en el BOE del último día del 2020, y otras decisiones normativas recientes introducen, con la llegada del 2021, cambios en la tributación de empresas y ciudadanos. A la espera de la anunciada reforma fiscal que busca liderar la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, las nuevas cuentas del Estado –marcadas por la evolución de la pandemia– suponen retoques en el IRPF, sociedades y patrimonio, así como la puesta en marcha de algunas nuevas figuras impositivas. Con las medidas recogidas en las nuevas cuentas, el Estado espera ingresar este año unos 4.400 millones más.
Entre los afectados, las rentas altas. En la declaración de la renta del 2021, los contribuyentes con mayores ingresos verán incrementada la presión fiscal. Sube en tres puntos el tipo marginal del IRPF de las rentas de capital a partir de los 200.000 euros y en dos puntos para las del trabajo que superan los 300.000 euros. El impacto de la medida es reducido, ya que, según estimaciones del propio Ministerio de Hacienda, afecta a un colectivo que no llega al 0,2% de los contribuyentes (menos de 40.000).
También hay cambios en los planes de pensiones. La reducción máxima en el IRPF por aportaciones a planes privados de pensiones baja de 8.000 a 2.000 euros en los individuales, al tiempo que suben de 8.000 a 10.000 euros para los colectivos de empresa, muy poco extendidos en España con la excepción del País Vasco. La desgravación por planes de pensiones individuales es uno de los mecanismos más utilizados para reducir la factura del IRPF.
Las cuentas de Montero elevan un punto, del 2,5% al 3,5%, el tipo máximo del impuesto de patrimonio para las fortunas de más de 10 millones de euros. En la práctica, es muy probable que no tenga impacto alguno porque son las autonomías las que aplican este impuesto (por ejemplo, en el caso de Madrid está bonificado al 100%) y, salvo cambio de tendencia, los territorios continúan enzarzados en una guerra por reducir la factura fiscal.
Con los presupuestos del Estado del 2021, aumenta también del 6% al 8% el impuesto sobre las primas de seguros. Asimismo, el tipo del IVA aplicado a las bebidas azucaradas y edulcoradas salta del 10% al 21%.
