Nuria Díaz ■
Si hay un ministerio apurado en estas últimas semanas del año es el de Asuntos Económicos y el sector financiero tiene gran parte de ‘culpa’. Y es que hay varios asuntos bancarios que Nadia Calviño quiere solucionar ya: el primero, el acuerdo con las entidades para aliviar la carga a los hipotecados vulnerables y que, al cierre de esta edición, debería estar a punto de cerrarse. Pero también la figura de la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero, que acaba de recibir el aval del Consejo de Estado, el tan traído y llevado impuesto a la banca y, como reclaman las asociaciones de consumidores, la regulación de acciones colectivas. Una agenda de asuntos pendientes apretadísima para empezar 2023 sin piedras en la mochila.
Tras el ultimátum de la vicepresidenta Nadia Calviño a las patronales del sector financiero español para alcanzar un acuerdo para ayudar a las familias españolas a afrontar el encarecimiento de sus hipotecas tras la subida de tipos, el acuerdo está casi a punto. La idea es que las ayudas entren en vigor a partir del 1 de enero. Mientras parece que tanto ministerio como sector están de acuerdo en tres puntos -bajar comisiones de traspaso de préstamo variable a fijo, alargar los periodos de carencia hasta los dos años y ampliar los plazos para pagarla, pero sin subir los intereses- uno asunto parece el principal escollo: a quien se le aplican las ayudas. La banca defiende que debe aplicarse solo a los colectivos más vulnerables, el Gobierno es partidario de ampliar el perímetro para que más personas se vean beneficiadas.
Al cierre de esta edición, el Consejo de Estado enviaba al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital su dictamen sobre el anteproyecto de Ley de Creación de la Autoridad Administrativa Independiente de Defensa del Cliente Financiero
En concreto, la banca quiere que se aplique al 10% de los hipotecados, aquellos para los que la hipoteca supone el 50% de sus ingresos, mientras que el Gobierno quiere ampliarlo al 14% familias hipotecadas, para las que el préstamo supera el 40% de sus ingresos.
El sector bancario argumenta que un número excesivo de personas que se acojan a estas medidas aumentaría considerablemente el nivel de provisiones que deberán dotar, ya que deberán clasificar como créditos morosos a aquellos clientes que se acojan a las medidas. Desde el principio la banca defiende que el Código de Buenas Prácticas, diseñado para ayudar a los más vulnerables, ha funcionado bien y es ahora cuando requiere de algunos cambios para ampliar su alcance, entre ellos la posibilidad de que puedan acogerse a él algunos hipotecados, aunque sigan conservando su puesto de trabajo. Ahora, la principal condición para acogerse a ese nuevo Código de Buenas Prácticas será que los ingresos del domicilio no superen los 24.318 euros al año.
Descongestionar los tribunales
Al cierre de esta edición, el Consejo de Estado enviaba al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital su dictamen sobre el anteproyecto de ley de creación de la Autoridad Administrativa Independiente de Defensa del Cliente Financiero, informe necesario para que el proyecto de ley pueda ser aprobado por el Consejo de Ministros en segunda vuelta y arrancar su tramitación parlamentaria. La Autoridad de Defensa del Cliente Financiero es una de las reformas prioritarias del departamento que dirige Nadia Calviño y a las que, como en el caso de los hipotecados vulnerables, ha querido meter prisa en la recta final del año. Para agilizar el proceso, el Consejo de Ministros acordó la semana pasada solicitar a comisión permanente del Consejo de Estado la emisión de dictamen con carácter urgente sobre el anteproyecto de ley, no más tarde del día 17 de noviembre de 2022.
Otro de los asuntos pendientes y en los que otra asociación de consumidores Adicae lleva tiempo haciendo hincapié es la trasposición de la directiva europea sobre acciones colectivas a nuestro ordenamiento jurídico
Asufin lo aplaude. “Se trata una figura largamente demandada por esta asociación para descongestionar nuestros tribunales. Esperamos que la tramitación final dé como resultado un organismo con capacidad para resolver el 90% de reclamaciones que se cursan favorables al consumidor financiero en los tribunales de Justicia. Eso sí, consideramos indispensable que en la configuración final del organismo se salvaguarde la independencia, como siempre hemos defendido, lo que a priori no parece estar asegurado totalmente si jerárquicamente va a depender del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Otro requisito que siempre ha exigido ASUFIN es que disponga de una capacidad sancionadora efectiva, con decisiones que sean vinculantes, a diferencia de lo que sucede en la actualidad con los servicios de reclamaciones de los diferentes organismos”.
Acciones colectivas
Otro de los asuntos pendientes y en los que otra asociación de consumidores, ADICAE, lleva tiempo haciendo hincapié es la trasposición de la directiva europea sobre acciones colectivas. El 25 de noviembre de 2021 se aprobó la Directiva (UE) 2020/1828 del Parlamento Europeo y del Consejo en relación con las acciones de representación para la protección de los intereses colectivos de los consumidores a nuestro ordenamiento jurídico. El plazo para la transposición de dicho instrumento expira el próximo 25 de diciembre, fecha en la que se deberían haber publicado las disposiciones necesarias para que se cumpla lo que se establece en él para su aplicación, a más tardar, seis meses más tarde (el 25 de junio de 2023). Al cierre de esta edición, no hay noticias del estado de esta trasposición. Por ello el presidente de ADICAE, Manuel Pardos, se dirigió hace unas semanas por carta a la ministra de Justicia, Pilar Llop, a fin de solicitar la máxima aceleración de la transposición. Al respecto, en su carta recuerda a la ministra que “la ausencia de un mecanismo de acción judicial colectiva eficaz ha derivado en un auténtico “colapso judicial”, con en torno a 200.000 demandas en los juzgados especializados en cláusulas abusivas en hipotecas mientras en algunos juzgados las reclamaciones judiciales presentadas en 2018 son objeto de admisión a trámite ahora, casi 4 años después, “plazo que resulta de todo punto inasumible por los consumidores y por una administración de Justicia eficaz”.
El Gobierno aprueba el impuesto a la banca y las eléctricas, temporal… por ahora
La comisión de Asuntos Económicos del Congreso aprobaba el pasado jueves la ley que regula los impuestos temporales a la banca y las energéticas con quejas de la oposición y algunos socios del Gobierno por las prisas en la tramitación, y por la incorporación como enmienda del impuesto a las grandes fortunas. El Gobierno vetó en un principio la mayoría de las enmiendas presentadas, salvo las del PSOE y Unidas Podemos, pero decidió después retirar su disconformidad en aras de una negociación que ha permitido pactar cambios como la exclusión de los ingresos por actividades reguladas del gravamen a las energéticas o el traspaso de la gestión de estos impuestos a las haciendas forales. Tras su visto bueno en la Comisión con 21 votos a favor y 16 en contra, la normativa queda ahora pendiente de su aprobación en el Pleno de la Cámara Baja, prevista para el jueves de esta semana.
Entre las novedades introducidas en el dictamen, está que el impuesto a la banca va a alcanzar también a las sucursales que tienen en España los bancos extranjeros y no solo sobre las entidades de crédito y establecimientos financieros con ingresos por intereses y comisiones superiores a 800 millones de euros.
Asimismo, PSOE, Unidas Podemos y EH Bildu han registrado enmiendas transaccionales para que las haciendas forales de País Vasco y Navarra gestionen los nuevos gravámenes a la banca y las energéticas.
Para ello, se fija en el texto que se da un plazo de tres meses para que la comisión mixta del concierto económico y la comisión coordinadora del convenio económico establezcan la participación del País Vasco y Navarra en los gravámenes.
También se especifica que el Gobierno realizará, en el cuarto trimestre de 2024, un estudio sobre los resultados de ambos tributos, con el objetivo de evaluar la posibilidad de darles carácter permanente. Y así lo ha dicho también el presidente del Gobierno en varias intervenciones de los últimos días. Habrá que esperar.
