Ana Sánchez Arjona ■
Con la economía una vez más en el centro del debate político, el presidente del Gobierno anunciaba una batería de medidas para impedir que “la crisis recaiga, de nuevo, sobre los más desfavorecidos”. Comprometido con ‘dejarse la piel e ir a por todas’, Pedro Sánchez desgranaba, durante su primera intervención en el Debate sobre el estado de la Nación, una serie de recetas que se suman a las ya previstas en el real decreto que acaba de convalidar el Congreso. Entre las principales está la bonificación del 100% de todos los abonos para los trenes de servicio público de Cercanías, Rodalies; la creación de una ayuda complementaria de 100 euros mensuales para todos los estudiantes mayores de 16 años que ya han obtenido una beca o el desbloqueo de la Operación Campamento que permitirá levantar más de 6.000 viviendas públicas en Madrid.
Pedro Sánchez llegaba al Congreso, al debate sobre el estado de la nación, con el firme compromiso de convencer, a ciudadanos y parlamentarios, de que su objetivo fundamental es impedir, en la medida de lo posible, que la crisis recaiga sobre los más desfavorecidos.
Se comprometió a no irse por las ramas, y a concretar aquellos aspectos “que van mal”, debido principalmente a la inflación para asegurar que se va a «dejar la piel» y va a ir a por todas», para corregir una situación.
La inflación, subrayó citando a “los médicos especialistas de la economía”, que ha sido provocada por la pandemia y la guerra en Ucrania. Sánchez detalló cómo la economía se detuvo durante el confinamiento, de qué manera se reactivó con dificultades y con problemas de demanda, y cómo cambiaron hábitos de vida y compra, con más gasto en sectores que la producción no fue capaz de satisfacer.
Sánchez salva su segundo decreto anticrisis que contempla, entre otras medidas, la reducción del IVA de la factura de la luz al 5 % para los pequeños consumidores y una ayuda directa única de 200 euros para familias con ingresos inferiores a 14.000 euros al año
“No es echar balones fuera: es hacer un diagnóstico” realista. “El Gobierno asume toda su responsabildad, pero no con soluciones falsas, engañosas y menos aun, injustas”.
Así que, con la economía una vez más en el centro del debate político, el presidente del Gobierno anunciaba una batería de medidas que buscan amortiguar el golpe de la inflación sobre las familias.
Entre las principales recetas está la bonificación del 100% de todos los abonos de varios viajes para los trenes de servicio público de Cercanías, Rodalies y media distancia operados por Renfe. Esta medida no está vinculada a la rebaja del 30% para los abonos del resto de transporte urbano y metropolitano, que las comunidades autónomas pueden ampliar hasta el 50% o el 60%.
De la misma forma, la rebaja de los abonos transporte publicadas en el primer paquete de medidas anticrisis, la gratuidad de los viajes en Cercanías, Rodalies y media distancia estará en vigor desde el 1 de septiembre y el 31 de diciembre.
La posibilidad de que se amplíe para los próximos meses dependerá de la duración de la guerra, de la marcha de las economías globales y de la llegada de gas desde Rusia hacia Europa, así como de la eficacia de las medidas que se tomen para evitar la escalada inflacionista.
El presidente ha anunciado además la creación de una beca complementaria de 100 euros mensuales para todos los estudiantes mayores de 16 años que ya han obtenido una beca, con la intención de que ningún joven se vea obligado a abandonar los estudios por cuestiones económicas.
El Gobierno estima que la recibirán alrededor de un millón de alumnos, en concreto aquellos alumnos que ya disfrutan de una beca estatal de estudios postobligatorios como FP de grado medio y superior, bachillerato y universidad.
Pedro Sánchez ha explicado que la beca se podrá solicitar de septiembre hasta diciembre. No obstante, el Gobierno no descarta que la ayuda se pueda extender hasta junio; es decir, a lo largo de los meses que dura el curso escolar.
6.000 viviendas públicas
Hablamos de los terrenos del Ministerio de Defensa, en la A-5, es decir, de la Operación Campamento a la espera de que se ponga en marcha una nueva promoción inmobiliaria. Y parece que ahora es el momento, según el anuncio realizado por Pedro Sánchez.
El Ejecutivo persigue que, en las próximas semanas, se empiece a trabajar para que los 15 millones de metros cuadrados puedan acoger 12.000 viviendas, el 60% públicas, que se construirán en esta zona del sur de la capital.
Se da respuesta así a una de las grandes reclamaciones del Ayuntamiento de Madrid en los últimos años al Estado. Primero, por parte de Manuela Carmena y después el de José Luis Martínez-Almeida.
Este desbloqueo de los terrenos es un asunto en el que el Gobierno de Sánchez y el Ayuntamiento de Madrid vienen trabajando desde hace más de un año. El Ministerio de Transportes, cuando José Luis Ábalos era su titular, ya puso en marcha un grupo de trabajo para comenzar a desarrollar el proyecto urbanístico junto a la A-5.
El presidente ha anunciado además la creación del Centro Estatal de Salud Pública que se aprobará este mismo mes de julio, con el objetivo de “mejorar la gestión de las emergencias sanitarias”.
El anteproyecto de Ley de Creación del Centro Estatal de Salud Pública, que cuenta con una dotación de 9,45 millones de euros en 2022 dentro de los Presupuestos Generales del Estado, entró en consulta pública en septiembre de 2021. Desde entonces, el Gobierno no ha puesto fecha a cuándo se va a poner definitivamente en marcha, tampoco sobre su ubicación ni quién va a ser su director.
El objetivo de estas medidas, que se suman a las ya previstas en el real decreto, es “asegurarnos de que las consecuencias de la guerra se repartan de forma justa y equitativa para que no recaigan, como pasó en la crisis financiera, en los más vulnerables”, aseguró Pedro Sánchez.
Sánchez salva su segundo decreto anticrisis
El Congreso de los Diputados tenía tarea el pasado jueves tras dos días intensos en los que se ha celebrado el debate sobre el estado de la nación. En la sesión vespertina de la Cámara baja se daba luz verde al polémico proyecto de ley de Memoria Democrática a la reforma de la Ley Orgánica del Poder judicial… pero, sobre todo, al decreto contra los efectos de la guerra en Ucrania. Un segundo decreto clave para el Ejecutivo con el que confía en paliar las consecuencias de la brutal subida de precios, que está lastrando la recuperación económica.
El decreto ley, que se aprobó en un Consejo de Ministros y prorroga las medidas del anterior plan de choque puesto en marcha el 1 de abril, contempla la reducción del IVA de la factura de la luz al 5 % para los pequeños consumidores; una ayuda directa única de 200 euros para familias con ingresos inferiores a 14.000 euros al año que no sean perceptoras del Ingreso Mínimo Vital (IMV) que se podrá solicitar a partir del mes de julio; el aumento del 15 % en las pensiones de jubilación e invalidez no contributivas, que se traducirá en 60 euros mensuales más para los perceptores de estas últimas; la reducción del 50 % del precio de todos los abonos de transporte mensuales o cualquier título multiviaje expedido por el Estado y del 30 % para los emitidos por las comunidades autónomas y entidades locales, que podrán mejorar la rebaja hasta el 50 % con recursos propios y la congelación del precio de la bombona de butano.
La abstención del PP ha sido decisiva. Los ‘populares’ consideran que es un “plan insuficiente e incompleto, puesto que carece de medidas específicas para las clases medias”, como la relativa a deflactar la tarifa del IRPF a las rentas de menos de 40.000 euros que incluyó Feijóo en su plan económico o la de “abaratar” el coste de la Administración con el Ejecutivo “más caro de la historia”, que tiene “22 ministros y más de 800 asesores”.
Aun así, el partido de Núñez Feijóo considera que “la rectificación” de Pedro Sánchez respecto a la bajada del IVA a la electricidad, junto con la puesta en marcha de ayudas directas a las rentas más bajas para paliar mínimamente los efectos de la inflación, han llevado al PP a abstenerse en la votación.
