Batería de herramientas financieras que tendrá que contar con el respaldo legal que requiere una medida histórica: que el Instituto de Crédito Oficial ponga encima de la mesa quitas de deuda. Es decir, asistencia de urgencia para que no se queden por el camino empresas, eso sí, que sean viables, tal y como exige Bruselas, y defiende no sólo la ministra, sino también el Banco de España. Porque, si el año pasado la liquidez fue el caballo de batalla, en 2021 es la solvencia. Y son los bancos el principal elemento a tener en cuenta. “Son parte de la solución”, ha dicho Calviño. De los 115.000 millones prestados en líneas del ICO, el Estado se juega 88.000 millones y los bancos, 27.000.
La tercera ola ha sido la clave para que el Gobierno cambiara de criterio respecto a las ayudas directas. El impacto sobre el tejido empresarial ha sido brutal y Nadia Calviño así se lo ha venido planteando a sus colegas europeos durante los últimos encuentros virtuales del Eurogrupo.
A la espera del visto bueno de Bruselas, el nuevo plan que ha enviado el equipo de Calviño a la Comisión “permite ayudas individuales a las empresas de una mayor magnitud de las que estaban autorizadas hasta ahora”, según ha explicado la vicepresidenta para precisar que se contemplan “la realización de quitas y el uso de otros instrumentos financieros” como préstamos participativos.
Toda una batería de herramientas financieras que tendrán que contar con el respaldo legal que requiere una medida, especialmente importante: que el Instituto de Crédito Oficial ponga encima de la mesa quitas de deuda a un millón de pymes y autónomos. El objetivo es hacer llagar al tejido empresarial ayudas por el alargamiento de la crisis. Asistencia de urgencia para que no queden por el camino empresas, eso sí, que sean viables.
En vez de quitas, los bancos prefieren las ayudas directas o los préstamos participativos. Sin embargo, Economía y el Banco de España consideran que esta opción es válida para las grandes empresas y las de tamaño medio, pero no para pymes y autónomos
Si el año pasado la liquidez fue el caballo de batalla, en 2021 es la solvencia. Se ha pasado de las inyecciones de crédito a buscar nuevas alternativas para afrontar la situación.
Los avales del ICO fueron una de las vías de oxígeno. Se concedieron casi 115.000 millones en créditos con el aval del Estado de los que algo más de 82.000 millones fueron para un millón de pymes y autónomos, ahora objetivo de una quita para salvar su maltrecha situación.
Pero Economía sabe que las normas del ICO no contemplan la condonación de deuda. Así que, los técnicos del Ministerio de Economía trabajan para resolver este problema legal, lo que sucederá en las próximas semanas.
Además, se plantea la necesidad de establecer un marco que determine que empresas pueden ser objeto de las condonaciones y cuáles no. Y eso tiene que estar muy bien argumentado.
De momento, lo que se sabe es que la consultora Oliver Wyman está preparando, para el Gobierno y los bancos, un informe que establezca los criterios y el diagnóstico para determinar qué empresas cumplen con los requisitos para recibir ayudas directas o quitas de deuda. Documento que la consultora debe presentar antes de que finalice el mes.
Y son precisamente los bancos el principal elemento a tener en cuenta. “Son parte de la solución”, como ha dicho Nadia Calviño porque el sector tiene que estar de acuerdo con la ruta elegida por el Gobierno y el Banco de España.
De los 115.000 millones prestados en líneas del ICO, el Estado se juega 88.000 millones y los bancos 27.000.
El sector financiero argumenta que, ante la grave crisis económica, no han tenido reparo en asumir parte del riesgo de las líneas ICO, algo que no se ha hecho en otros países europeos.
Lo que prefieren los bancos
Así que, en vez de quitas, los bancos prefieren las ayudas directas o los préstamos participativos que en teoría establecen que el financiador, “además de la remuneración ordinaria a través de intereses, obtiene una remuneración dependiente de los beneficios obtenidos por el prestatario-financiado”
Sin embargo, Economía y el Banco de España consideran que esta opción es válida para las grandes empresas y las de tamaño medio, pero no para pymes y autónomos.
Hay que recordar las palabras de la presidenta del Santander, Ana Botín, en este sentido cuando pedía al Gobierno hace pocas semanas que diera un paso más en su política fiscal y que comenzara a ofrecer ayudas directas en el capital a las pymes y autónomos. “Las medidas tomadas por el Ejecutivo como los avales ICO o las moratorias han sido muy efectivas, pero el Gobierno es muy consciente de que necesitan apoyo que va más allá del crédito”
El Gobierno defiende que se han puesto sobre la mesa ayudas directas por 40.000 millones, un 6% del PIB, si se suman los ERTE, la prestación extraordinaria de autónomos y las incapacidades laborales
Calviño, aunque trabaja deprisa, sabe que tiene margen de maniobra todavía y que ha de analizar muy bien los siguientes pasos que va a dar su ministerio. Así que, una vez aprobado el nuevo marco de ayudas públicas en la Unión Europea, que las flexibiliza hasta 2022, Economía estudia que medidas son las más urgentes.
De momento, lo que tiene claro es que banca y empresas se inclinan por las ayudas directas, y que su Gobierno, con escaso margen fiscal, no quiere hacerse cargo en solitario de la factura.
12.500 millones para paliar los efectos del Covid
Es lo que exigen al Gobierno los sectores más afectados por la crisis y tratan así de presionar al Gobierno de Pedro Sánchez para que ponga en marcha un plan de rescate que impida su desaparición.
Piden 12.500 millones en ayudas directas como compensación por las restricciones sanitarias que han provocado los cierres de la actividad no esencial o las limitaciones de aforo o de horario durante los momentos más duros de la pandemia. Una reclamación que se produce justo cuando la situación epidemiológica comienza a remitir para dejar atrás la peor parte de la tercera oleada de contagios.
Los cálculos que han realizado las patronales de todos los sectores estiman que cerca de 8.500 millones de euros deberán ingresarse directamente en el sector de la hostelería, que ha sido el más afectado por la imposición de medidas en todas las comunidades autónomas. Mientras que los otros 4.000 millones corresponderían al comercio.
Quieren que se constituya una mesa de diálogo para estudiar mecanismos que salven a unos sectores que concentran una quinta parte del Producto Interior Bruto del país.
El objetivo es llevar a la negociación una batería de medidas que la patronal ha puesto sobre la mesa para aliviar la presión económica de los negocios. Además de las ayudas directas, proponen aumentar el periodo de carencia de los créditos ICO, aplicar una reducción temporal del IVA o activar exenciones en tasas como el IBI o las basuras.
Si la mesa de diálogo no prospera, la patronal del comercio ya está estudiando llevar al Gobierno o a las comunidades autónomas ante la justicia para que respondan en una demanda colectiva por las pérdidas que han ocasionado los cierres obligados de los negocios.
La hostelería ya ha presentado este tipo de demandas ante la Audiencia Nacional. E, incluso, ha salido ganadora en alguna batalla judicial como la del País Vasco, donde el Tribunal Superior ha aceptado el recurso presentado por el sector para reabrir la actividad, también en las zonas de máxima transmisión de la Covid-19.
Hosteleros y comerciantes calculan que el impacto del coronavirus y las medidas restrictivas han provocado la desaparición de 148.000 negocios en todo el país y unas pérdidas de facturación que se elevan por encima de los 82.000 millones de euros.
