Nuria Díaz
La Audiencia Nacional acaba de absolver a los 34 encausados, entre ellos Rodrigo Rato, implicados en la salida a Bolsa de Bankia. Un largo y mediático juicio, uno de los más importantes de la historia económica de España, que deja muy mal parados a los reguladores y da el pistoletazo de salida a un caliente otoño judicial para la banca. El Santander tiene agendado para las próximas semanas la ronda de testificaciones por la resolución del ‘Caso Popular’ y también la querella interpuesta por Andrea Orcel, anunciado CEO y cesado casi al mismo tiempo por Ana Botín. El BBVA tendrá que declarar en unos días en calidad de persona jurídica investigada por los contratos con las empresas del excomisario José Manuel Villarejo. Isidro Fainé y Gonzalo Gortázar (Caixabank) esperan declarar por la compra del banco portugués BPI en breve, y todos, apenas sin excepciones, esperan el fallo del Tribunal Supremo sobre las hipotecas IRPH.
Casi un año ha tardado la sección cuarta de lo Penal de la Audiencia Nacional en emitir su sentencia del juicio por la salida a Bolsa de Bankia. El fallo: absolución para el que fuera su presidente, Rodrigo Rato, y otros 33 encausados, de los delitos de estafa y falsedad contable por los que se les acusaba. La histórica sentencia, que ha causado estupor entre las asociaciones de usuarios que ya han anunciado su intención de recurrirla, destaca que la salida a Bolsa contó con la aprobación de todos los supervisores -Banco de España, CNMV, FROB y EBA-, que el folleto contenía una “amplia y certera” información financiera y no financiera, y que en el juicio solo se expusieron actitudes genéricas de los acusados y no actos concretos. De esta manera, el tribunal que ya juzgó la pieza separada de las tarjetas black, resuelve en la dirección contraria a la adoptada entonces y considera que ni Rato ni el resto de los acusados -entre los que se encuentran José Luis Olivas, José Manuel Fernández Norniella, Ángel Acebes o Francisco Verdú– son responsables penales de la caída de la entidad nacionalizada y por ende del mayor rescate financiero de la historia.
Las reacciones no se han hecho esperar. Las principales asociaciones consumidores del sector bancario han mostrado su sorpresa e indignación ante la sentencia, que absuelve a los 34 acusados de los de delitos de estafa a los inversores y falsedad contable. La Asociación de Usuarios Financieros (Asufin), considera que la decisión del tribunal “es decepcionante, incoherente y genera gran estupor”. Una consideración parecida a la trasladada por la Asociación para la Defensa de Consumidores y Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (Adicae), que ha tachado el veredicto de “paradójico” e “insólito” además de criticar su tardanza. No hay que olvidar que llega siete años después de la salida a Bolsa.
El juicio de Bankia tuvo lugar entre el 26 de noviembre de 2018 y el 1 octubre de 2019. Tuvo 74 sesiones en las que se interrogó a los 34 acusados -31 personas físicas más BFA, Bankia y Deloitte- y a 57 testigos. También declararon una veintena de peritos durante 11 sesiones, incluido un careo entre los expertos contratados por Bankia, Rato y los inspectores del Banco de España.
Las principales asociaciones consumidores del sector bancario han mostrado su sorpresa e indignación ante la sentencia, que absuelve a los 34 acusados de los de delitos de estafa a los inversores y falsedad contable
Pese al sentido del fallo, que hace recaer en los reguladores el visto bueno de la operación, ninguno de los supervisores fueron objeto de la investigación llevada a cabo por parte de la Audiencia Nacional, pese a que en la fase de instrucción así lo solicitaron algunas de las partes de la acusación. Sí pasaron por el juicio como testigos del caso, en algunos casos desvelando las discrepancias en el seno de los supervisores. Es el caso del Banco de España, donde el inspector en Bankia, José Antonio Casaus, se reafirmó en unos famosos correos donde discrepaba de la opinión aportada por el supervisor sobre Bankia.
Al cierre de esta edición, Rodrigo Rato, que se enfrentaba a una petición de ocho años y medio de cárcel, obtenía el tercer grado. La decisión permitirá al expresidente del FMI y ex vicepresidente del Gobierno seguir cumpliendo en semilibertad su condena de cuatro años y medio por las tarjetas black. Más allá de la salida a bolsa y la condena de las black, Rato enfrenta otros frentes judiciales. En concreto, un posible fraude a Hacienda de 6,8 millones de euros por cuotas impagadas de IRPF entre los años 2004 y 2015. La Fiscalía pide 4 años de prisión por este caso. En esta pieza también se incluye el presunto cobro de 835.000 euros en comisiones por contratar la publicidad de Bankia con dos agencias de su entorno familiar, Publicits y Zenit.
Similitudes
Con muchas similitudes, aunque de menor calado, es el juicio pendiente del caso ‘Banco de Valencia’, en el que, tras más de seis años de instrucción el magistrado Santiago Pedraz zanjó a finales del año pasado la investigación y propuso juzgar a un total de 14 exdirectivos y altos cargos del banco extinto. Entre ellos se encuentra el exconsejero delegado, Domingo Parra, y el que fuera presidente de Banco de Valencia, José Luis Olivas, también sentado y ahora absuelto en el banquillo del ‘caso Bankia’. No falta quien opina que la sentencia absolutoria a la cúpula de Bankia podría repetirse en el caso de la entidad valenciana puesto que el tribunal podría tener en cuenta también que el Banco de España dio luz verde a las cuentas de 2010 se convertirá en una baza crucial para las defensas de los 14 acusados en este procedimiento.
La sentencia de la Audiencia también es importante para otros casos como el de Banco Popular. La pasada semana, Luis de Guindos, actual vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE) comparecía por videoconferencia en la causa, para declarar como testigo en relación a la resolución de la entidad durante su mandato como ministro de Economía. En su declaración, Guindos ha cuestionado el papel de la Junta Única de Resolución (JUR) así como el informe de Deloitte sobre la liquidación de la entidad, en línea con lo que ya manifestaron el presidente de la CNMV, Sebastián Albella, o el exgobernador del Banco de España, Luis María Linde, al señalar que el banco que acabó comprando el Santander por un euro era solvente.
Tras el paréntesis de agosto, es de esperar que el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón retomará las declaraciones de los investigados por el ‘caso BBVA-Villarejo’ en la que se investigan los encargos del banco al excomisario en prisión preventiva
La próxima en testificar en la Audiencia Nacional será la presidenta del Banco Santander. Ana Botín está llamada a declarar el próximo 8 de octubre. Y no será su única visita a los juzgados, aunque la siguiente está prevista para el año que viene. El juicio civil entre Santander y Andrea Orcel comenzará el 10 de marzo del próximo año, según se ha establecido en la vista previa celebrada hace solo unos días en el Juzgado de Primera Instancia número 46 de Madrid. Como estaba previsto, las dos partes no han alcanzado un acuerdo que evite el juicio por la demanda presentada por el banquero italiano tras su fichaje fallido como consejero delegado.
Santander anunció en septiembre de 2018 la incorporación de Orcel como nuevo número dos. Cuatro meses después, dejó sin efecto su nombramiento por, entre otros factores, un coste de contratación superior al previsto.
Tras el paréntesis de agosto, es de esperar también que el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, retomará las declaraciones de los imputados o investigados por el caso BBVA-Villarejo, la pieza 9 de la macrocausa en la que se investigan los encargos del banco al excomisario en prisión preventiva, José Manuel Villarejo. Lo último, hace solo unos días, el juez ha acordado admitir la personación como perjudicado del abogado Felipe Izquierdo. Admite además la querella que ha presentado el perjudicado y que se dirige contra el expresidente de la entidad Francisco González. Según el auto del juez, además de contra González, la querella va contra el actual jefe de auditoría interna de BBVA, y director de gabinete de presidencia en los años a los que se refiere la presente querella, Joaquín Gortari, y contra el propio BBVA.
Y el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha aplazado sin fecha y por problemas técnicos las declaraciones del expresidente de CaixaBank Isidro Fainé y del «holding» Criteria, revista para el pasado lunes. La Audiencia investiga posibles delitos societarios en la operación cometidos por la entidad catalana. ¿Quién da más?.
16.000 millones en hipotecas, pendientes del Supremo
El Tribunal Supremo suspendió el Pleno previsto para el pasado 2 de octubre, pleno en el que, por fin, se iba a decidir sobre el IRPH después de que el pasado marzo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) acordara que fueran los tribunales nacionales los que decidieran acerca de la falta de transparencia o no de las hipotecas suscritas con IRPH. La razón: Francisco Marín, presidente de la Sala de lo Civil, se encuentra en cuarentena por haber tenido contacto con un positivo de Covid19. El Pleno estaba fijado para la votación y fallo de cinco recursos admitidos a trámite, y mantiene expectantes tanto los consumidores afectados por el IRPH como la banca, con una cartera de más de 16.000 millones en estas hipotecas.
Creado en 1994, el IRPH es un índice oficial que elabora mensualmente el Banco de España. Aunque desde 2002 las hipotecas a tipo variable se calculan con la referencia del Euríbor a un año, el IRPH es la segunda referencia más utilizada. Las reclamaciones por su uso como índice principal se desencadenaron entre 2013 y 2016 cuando se estabilizó en valores próximos al 2 %, mientras que el Euríbor empezó a aproximarse a cero, hasta entrar en terreno negativo.
Los consumidores sostienen que las entidades se cubrieron del posible abaratamiento de las hipotecas al fomentar el IRPH, como sugieren desde Adicae, e insisten en que la banca «ha actuado de manera engañosa al comercializar un producto de difícil entendimiento con el gancho de que era favorable».
El sector, en cambio, argumenta que se trata de un índice fijado conforme a disposiciones legales que no había sido cuestionado hasta ahora, y rechazan compararlo con las cláusulas suelo al no formar parte de las condiciones contractuales.
Asufin cifra en 25.000 euros el perjuicio medio por pago de intereses a los clientes con IRPH.
