Nº 1824 lunes 4 de Mayo de 2020



TEMA DE PORTADA



Pendiente la entrada de los competidores de Renfe y la compra de Air Europa por Iberia, y retrasadas algunas obras de Adif y la regulación del alquiler

Todos los planes de Ábalos que el coronavirus

ha trastocado

El Covid-19 y el estado de alarma han dado al traste con los planes que todos los ministerios tenían en mente para este primer año de legislatura. Los del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, que dirige José Luis Ábalos, eran muchos y ambiciosos, pero ahora la mayor parte de su agenda, como no podía ser de otra manera, se la llevan los de contingencia por la pandemia. Pendiente está así la regulación del mercado del alquiler, prometida para antes del verano, y también algunas de las operaciones más importantes en años en el sector del transporte: la compra de Air Europa por Iberia, y su negociación en Europa, y la entrada de los nuevos competidores de Renfe en el mercado de la alta velocidad.

por Nuria Díaz

José Luis Ábalos se las prometía muy felices cuando al comienzo de la legislatura explicaba las líneas maestras de su ministerio. Pero, al igual que en el resto de carteras, la  agenda ha quedado supeditada a la excepcional situación que la extensión de la pandemia, el estado de alerta y el confinamiento ha provocado en obras, inversiones, proyectos y operaciones empresariales en curso.

Una de estas operaciones, quizá la más importante bajo el paraguas del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana es la  compra de Air Europa por parte de Iberia. Una operación que cuando se anunció en noviembre del año pasado, foto de Luis Gallego y Javier Hidalgo mediante, parecía ‘atada y bien atada’ y que ahora, con la crisis desatada por el coronavirus que ha dejado todos los aviones en tierra y con ellos los ingresos de las aerolíneas, se antoja más complicada. “No porque no vaya a realizarse, explica una fuente del sector, pero desde luego, y pese al silencio oficial en ambas compañías, que se remiten al acuerdo de hace unos meses, todo indica que se están renegociando algunas de las condiciones”, señala una fuente del sector.

El precio de la operación se fijó en 1.000 millones de euros, una cifra que a la vista de la situación actual de la antigua aerolínea de bandera española y de la aerolínea del grupo Globalia, no parece hoy tan realista. IAG, el holding que agrupa a British Airways, Iberia, Vueling, Aer Lingus y Level, señalaba hace solo unos días en una nota remitida a la CNMV que “la recuperación del nivel de demanda de pasajeros de 2019 llevará varios años”. Y añadía que la situación requerirá medidas de reestructuración en todo el grupo. Por lo pronto, y hasta que conozcamos las cifras definitivas del primer trimestre, la compañía que dirige Willie Walsh ha avanzado sus resultados preliminares con una caída del 13% en los ingresos totales.

Es más, el Ejecutivo estaría de hecho a la espera de la postura de Bruselas con respecto a las ayudas a las aerolíneas para decidir su postura respecto a Iberia. Las ayudas serían en forma de préstamos blandos con las garantías del ICO y no supondrían, al menos por el momento, entrada en el capital de la aerolínea. La integración de Iberia y Air Europa está en fase de prenotificación a la Comisión Europea. Pero en breve, con la información requerida ya enviada al regulador, IAG tenga que remitir un expediente definitivo en busca de las bendiciones de la Comisión. Así las cosas, no faltan expertos que apuestan tanto por una renegociación del precio como por un aplazamiento de la operación. Otras fuentes apuntan a que desde la aerolínea que dirige Javier Hidalgo se estaría tratando de que el ministerio que dirige José Luis Ábalos presione a la comisión para que la compra salga adelante lo antes posible.

Si las cosas no están muy claras en el sector aéreo, tampoco lo están más en el ferroviario, donde Adif, el gestor ferroviario dependiente del ministerio de Transportes, también tiene asuntos pendientes. La mayor parte de las obras del AVE se mantienen pero debido a la excepcional situación creada por el estado de alarma por el Covid-19, el ritmo se ha ralentizado. Se están presentado dificultades puntuales coyunturales (falta de algunos materiales, dificultades para desplazarse de algunos trabajadores o la escasez de hoteles o puntos de restauración para darles servicio, entre otros) en la ejecución de algunos contratos. “Desde Adif y el Ministerio de Transportes, explican desde el gestor ferroviario a ‘El Nuevo Lunes’, se ha trabajado para solucionar estos problemas, por ejemplo, con la aprobación de la Orden Ministerial del pasado 24 de marzo sobre establecimientos hoteleros, que permitía el alojamiento en algunos de ellos a personas que trabajan en el mantenimiento y construcción de infraestructuras”. Si bien, no todo es culpa del coronavirus. La iniciada liberalización de la alta velocidad también está pasando por su propio vía crucis y en esta ocasión tiene más que ver con las diferencias de criterio entre Adif y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) a la hora de delimitar las condiciones de Renfe en este nuevo escenario. El organismo que preside Isabel Pardo de Vera ha presentado ya sus alegaciones a la CNMC para justificar que el acuerdo marco con Renfe Viajeros para operar el transporte ferroviario, tras su liberalización el próximo 14 de diciembre, sea a 10 años. El órgano supervisor aprobó a principios de abril la propuesta de un plazo de diez años de los acuerdos marco con otros dos operadores preseleccionados junto a Renfe Viajeros: Ilsa (Air Nostrum y Trenitalia) y Rielsfera (SNCF). Sin embargo, en el caso de la operadora pública española, la CNMC supeditó su visto bueno al acuerdo marco propuesto a que su duración se limite a cinco años o a que se justifique adecuadamente la necesidad de su prolongación a diez. Adif confía en que el órgano supervisor publique en "breve" su nueva resolución, aunque, según ha explicado, el procedimiento no establece ningún plazo concreto para ello.

Ayudas al alquiler

Otro de los asuntos dependientes de Ábalos y que marcha a trancas y barrancas es lo relativo al alquiler. Al menos, en algunos aspectos. Otros avanzan. El lunes pasado el ministro comparecía en el Congreso para explicar las actuaciones llevadas a cabo desde su departamento en relación con la crisis sanitaria ocasionada por el coronavirus. Allí explicó que la firma del Gobierno con el Instituto de Crédito Oficial (ICO) del convenio de ayudas al alquiler para cubrir el pago de hasta seis mensualidades, sin gastos ni intereses, y que podrán aplicarse con carácter retroactivo desde el 1 de abril.

Esta línea de avales con garantía del Estado de hasta 1.200 millones de euros se gestionará a través de entidades financieras, que no podrán obligar en los contratos a suscribir ningún tipo de productos -seguros de vida o de hogar-, tendrá un tipo de interés cero y se podrá devolver en un plazo de seis años ampliable a diez. La medida, incluida en el Real Decreto-ley 11/2020 de medidas urgentes y extraordinarias publicado el pasado 31 de marzo, tiene como objetivo "hacer frente a las situaciones de vulnerabilidad que pueden estar experimentando los arrendatarios de vivienda como consecuencia de la expansión del virus", ha señalado el ministro.

Pero en lo relativo a algunas de las medidas pactadas con Unidas Podemos, como la de intervenir el mercado del alquiler, para lo que el ministro Ábalos había anunciado una  iniciativa legislativa para antes del verano que permitiera a las CCAA y ayuntamientos limitar de manera coyuntural y temporal los precios del alquiler en las zonas "tensionadas", hay aún muchos interrogantes.


La construcción, otra vez motor económico

La construcción en general y particularmente la relacionada con la vivienda, tanto en su vertiente de incremento de la oferta de viviendas social a precio asequible como en la vertiente de rehabilitación, deberán tener un efector tractor de la recuperación económica y del empleo”, señaló el ministro Ábalos en su comparecencia en el Congreso. “El ministerio está trabajando con la iniciativa privada en planes para la reconstrucción.

Bien es cierto que el confinamiento ha conllevado una evidente tensión en las finanzas públicas, por el doble efecto de la activación de los estabilizadores automáticos y la financiación de una ambiciosa política de protección de rentas. Es por ello que la financiación de la política de inversión pública exigirá la aprobación de un generoso Plan de Reconstrucción europea. para el sostenimiento de la inversión pública. En todo caso el Gobierno reitera que no restringirá la actividad económica que sea compatible con la lucha contra el Covid en cada momento, máxime en este Departamento, desde donde gestionamos cerca del 80% de la inversión”.


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