Nº 1738 lunes 25 de junio de 2018



FINANZAS



La nueva ministra de Economía decidirá sobre el impuesto a la banca y el calendario

de privatización de Bankia mientras espera el informe de Deloitte sobre el Popular

 

La banca hace cola en la puerta de Calviño

 

     

 

La nueva ministra de Economía, Nadia Calviño, se ha encontrado con un escenario financiero complejo con no pocos problemas que resolver aunque, por el momento, parece contar con la confianza de un sector que ya hace cola para runirse con ella. El primero en pisar el despacho va a ser casi con toda probabilidad el presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, con el que tratará sobre el calendario para culminar la privatización. Además debe decidir sobre la trasposición de varias directivas europeas­, el polémico impuesto a la banca y los últimos flecos de la Ley Hipotecaria. Y todo mientras espera que llegue  el esperado informe de Deloitte sobre el Popular.

Nuria Díaz

Sonaba para varios puestos, incluido el de gobernadora del Banco de España pero al final le tocó el premio gordo. La nueva ministra de Economía ha desembarcado en un gabinete que conoce muy bien porque ya ocupó varios cargos de responsabilidad en él, como directora general de Defensa de la Competencia, entre mayo de 2004 y agosto de 2006, durante el mandato de Pedro Solbes. Un momento además no precisamente tranquilo con la OPA de Endesa en pleno apogeo. Después puso rumbo a Bruselas donde no dejó de escalar puestos, primero como subdirectora de Competencia desde septiembre de 2006 a octubre de 2010, y luego como subdirectora de Mercado Interior y Servicios hasta mayo de 2014. Desde entonces y hasta que ha sido llamada por el gobierno de notables de Pedro Sánchez era la directora general de Presupuestos de la Comisión Europea. Esta dimensión europea y también de experta en asuntos de regulación y competencia es lo que, por el momento, parece tener tranquilos a los bancos, uno de los sectores de los que deberá ocuparse con más ahínco.

La ventas del FROB

Porque el escenario financiero que le espera es complejo y son muchos los asuntos sobre los que deberá decidir. El fundamental, según los expertos, la privatización de Bankia. 

El Ejecutivo  anterior adquirió el compromiso con Bruselas de que el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) se tiene que haber deshecho del 60,63% del capital social de Bankia  antes del 31 de diciembre de 2019, pero no falta quien opina que el nuevo mapa político podría dificultar la decisión, lo que dejaría en el aire este calendario. El plazo ya fue ampliado en 2016, y podría volver a hacerse. En ese caso, y como el Gobierno se fijó este límite en una ley nacional, Calviño debería  poner en marcha otro real decreto. El inconveniente: la situación actual no le gusta ni a Bruselas, ni al resto del sector que se siente compitiendo en inferioridad de condiciones, ni a la propia Bankia que aún tiene algunas limitaciones derivadas de ser mayoritariamente pública. Aún así, y con la cotización por los suelos, ahora nadie parece tener mucha prisa. En el curso  ‘La economía ante el blockchain. Lo que está por venir’  celebrado la semana pasada, José Ignacio Goirigolzarri  mantuvo que ahora no es el mejor momento para la transacción “debido a la valoración que actualmente tiene el sector financiero en los mercados”. Con la acción a 3,30 euros, el dirigente pidió “ser oportunista”. “En los próximos meses el Banco Central Europeo (BCE) elevará los tipos de interés y retirará los estímulos de liquidez”- auguró, señalando que aspira a que “entonces acabe la penalización”. Eso sí, y consciente de las presiones que el Gobierno puede tener por parte de Podemos para paralizar la privatización, advirtió que no se puede parar ni eternizar, porque “el modelo no está en discusión”. “No hay agobios ni prisa, pero hay que mantener una referencia de que la venta se va a producir”, indicó.  Los analsitas tienen claro que nunca se recuperarán los 24.000 millones de ayudas e incluso, vendiendo rápido, no se obtendría ni siquiera la mitad. Porque, los dividendos y ventas han permitido ingresar algo menos de 3.000 millones y el paquete restante vale actualmente otros 7.000

De ahí, que una de las primeras reuniones que Calviño tiene previstas, y aunque tiene a todo el sector llamando a la puerta del despacho, sea con Goirigolzarri, probablemente en los próximos días.

El segundo de los asuntos que más preocupa al sector y que seguro que Goirigolzarri ‘tocará’ en su primera entrevista con Calviño es el del polémico impuesto a la banca que el pasado mes de enero Pedro Sánchez puso sobre la mesa para ayudar a pagar las pensiones. Explicaba entonces el líder socialista que proponían reducir el déficit de la Seguridad Social a partir de una racionalización del gasto  y de un aumento de ingresos y que estos se lograrían principalmente con dos nuevos impuestos: uno extraordinario que gravaría exclusivamente los beneficios de la banca, y otro a las transacciones financieras, que podrían recaudar de 1.600 a 2.000 millones anuales. El PSOE –explicaba “no quiere que las entidades devuelvan todas las ayudas, pero sí que aporten más para socializar recursos”. Las declaraciones de los banqueros ‘advirtiendo’ de la inconveniencia de este impuesto finalista no se hicieron esperar. José María Roldán, presidente de la patronal bancaria AEB, señaló en abril, el día en el que fue reelegido para el cargo, que el problema de las pensiones es estructural, derivado del mayor envejecimiento de la población, y no puede ni debe ser solucionado por un solo sector empresarial. "No veo la relación entre este problema y la banca y no sé por qué tiene que contribuir de una manera más intensiva que otros sectores", señaló. Tras el cambio de Gobierno las declaraciones han arreciado como llamada de atención para la nueva ministra de  Economía. Así, María Dolores Dancausa, consejera delegada de Bankinter, señalaba “Estoy en contra de impuestos discriminatorios que acabarían pagando los ciudadanos". Por su parte,  Francisco González, presidente de BBVA, advirtió de los efectos "distorsionadores" que tendría sobre la economía. "He oído propuestas como ésta muchas veces en la vida, pero en Bolivia, no en Europa", apuntó.


La Ley Hipotecaria

Bankia, impuestos y la tercera en la lista: la ley hipotecaria será otro de los frentes financieros en los que deberá batallar Calviño. Esta nueva norma, que endurecerá los requisitos para las ejecuciones hipotecarias, prohibirá las operaciones vinculadas y facilitará el cambio de un préstamo de tipo variable a fijo, se encuentra actualmente en trámite parlamentario, por lo que su aprobación definitiva, de seguir su cauce sin cambios, aún se demorará unos meses.
Además, el Congreso deberá también validar la trasposición al ordenamiento jurídico español de la Directiva PSD2 después de que el Ejecutivo liderado por Mariano Rajoy aprobara el pasado mes de mayo el anteproyecto de ley de servicios de pago. Otra de las normativas que el Gobierno saliente dejó pendiente es la trasposición de Mifid II, que pretende aumentar la transparencia en los mercados y que entró en vigor el pasado enero con su traslado al ordenamiento español incompleto. Por el momento, solamente se ha producido una adaptación parcial a través de un Real Decreto-Ley relativo a los centros de negociación que endurece el régimen sancionador.


Esperando a la JUR

Y, en medio de estas regulaciones, la ministra espera el segundo informe de Deloitte sobre el Banco Popular. El presidente del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), Jaime Ponce, decía hace unas semanas en el Congreso que espera que la entrega sea "inminente". La publicación de este segundo informe, que deberá determinar si la Junta Única de Resolución (JUR) debe compensar a accionistas y acreedores afectados por la venta del Popular al Santander por tan sólo un euro en junio de 2017, estaba prevista para el primer trimestre del año. Hace unos días la presidenta de la JUR, Elke König afirmaba que, pese a las decenas de demandas que ha motivado ante la justicia europea, española e incluso estadounidense, confía en que no tendrá que compensar a los accionistas y bonistas subordinados que perdieron su inversión.


Apoyado en su moción de censura por el grupo más heterogéneo y dispar de formaciones políticas que nunca un candidato había logrado unir, Pedro Sánchez se enfrenta a la difícil tarea de gobernar en solitario con 84 diputados, el menor respaldo con el que ha contado un presidente del Gobierno. Tendrá la ventaja, eso sí, de que los Presupuestos Generales del Estado para 2018 están casi aprobados a falta solo de un trámite en el Senado muy difícil de parar. Pero los problemas se presentaran cuando quiera sacar adelante otras iniciativas, como ya le ocurría a Mariano Rajoy con sus 134 escaños.

El ya presidente del Gobierno sabe que el consenso se convierte para él en una obligación ineludible: “quiero buscar el consenso y el diálogo, que serán las banderas de mi Gobierno lo que no ha hecho el PP en los últimos sietes años”, y sabe que comienza un periodo complicado cuya duración está por ver.

En realidad, el líder del PSOE ha hecho lo más difícil o lo más fácil, según se mire, llegar a la Moncloa. Ahora el reto será cómo se mantiene y gobierna con cierta tranquilidad algo a lo que deberá contribuir el equipo del que se rodee. Sobre quienes van a formarlo, el líder del PSOE solo ha dado una pista genérica: será paritario. Sobre nombres, nada, al menos a día de hoy. Pero lo que está claro es que quienes acepten la llamada de Sánchez tienen que ser conscientes de que su mandato puede ser breve y que el mayor reto al que se enfrentan es saber cómo gobernar con 84 diputados cuando la mayoría absoluta está en 176. Su Gobierno estará obligado a hacer auténticos malabarismos parlamentarios para lograr que los proyectos que envíe a la Cámara salgan adelante. Pablo Iglesias ya le ha recordado que con 84 diputados no se puede gobernar y le ha pedido que forme “un Gobierno amplio” que les incluya a ellos.

Porque una cosa es construir un frente 'anti Rajoy' y otra ofrecer los votos necesarios para que una ley sea aprobada por el Congreso.

Sin embargo, los próximos meses no tienen por qué suponerle un problema a Pedro Sánchez. Será después del verano, en otoño cuando comience de verdad la tramitación de los Presupuestos para el año que viene y cuando se tenga que enfrentar a las primeras dificultades, dando por descontado que ha conseguido aprobar el techo de gasto.

Con los 134 diputados del PP en contra y posiblemente también los 32 de Ciudadanos, el PSOE tendrá que intentar sostenerse en los mismos grupos que han respaldado su investidura. Se podría dar la circunstancia de que no solo tuviese que trabajar este año con unos Presupuestos aprobados con su voto en contra, sino que tuviera que hacerlo en 2019 también.

Lo que parece tener claro el nuevo jefe del Ejecutivo es que debe ajustarse a los compromisos adquiridos con Europa, que mira con lupa las cuentas públicas y el cumplimiento del déficit. Así que trasladar al exterior una imagen de estabilidad debido al carácter de provisionalidad que marcará su mandato, es algo prioritario.

“Mi Gobierno garantizará la estabilidad”, ha dicho, “frente a las incertidumbres y desafíos inmediatos a los que se enfrenta España…con un programa de estabilidad moderado, realista y de consenso de cuatro puntos: la estabilidad institucional y regeneración democrática, el primero; la estabilidad macroeconómica y presupuestaria, el segundo; la estabilidad social, laboral y medioambiental, el tercero; y la estabilidad territorial como cuarto eje”. Pedro Sánchez quiere conseguir los acuerdos indispensables para ejecutar cambios centrados en la agenda social, siempre “dentro de los márgenes limitados a los que está sujeto el Gobierno en las circunstancias excepcionales en las que nos encontramos”, puntualizó en clara alusión al programa de estabilidad europea que limita el gasto. Entre sus prioridades está impulsar la Ley de Igualdad Salarial e impulsar un Pacto de Rentas que aborde “la dignificación salarial de los trabajadores y las trabajadoras”. Pero, además, Sánchez ha hablado de otras “urgencias sociales” que su Gobierno “no va a omitir ni dilatar”. Entre ellas, se ha comprometido a recuperar el carácter universal de la sanidad pública, “devolviendo a las personas que viven en España la atención sanitaria de la que fueron excluidas” tras la reforma de 2012, y a emprender un plan para reducir las listas de espera en el sistema de dependencia, que actual-mente registran a más de 300.000 personas con derecho a una prestación, que no la reciben.

En este sentido, ha asegurado que desde su Ejecutivo se garantizará la financiación necesaria para el sistema nacional de dependencia que el Gobierno actual debería estar financiando con las autonomías al 50% y que, según ha precisado, son estas últimas “y especialmente las gobernadas por socialistas” quienes estás “manteniendo a pulmón” el sistema.

Por otro lado, ha afirmado que mejorará la eficacia del Estado del bienestar para combatir la pobreza e impulsará la reactivación del diálogo con los agentes sociales, en especial para el desarrollo del pacto de rentas que defienden los sindicatos para “la dignificación salarial de los trabajadores”.

Sánchez se ha comprometido también a impulsar un acuerdo por la financiación autonómica y a recomponer los consensos “rotos” en el Pacto de Toledo para alcanzar un amplio acuerdo sobre la viabilidad del sistema de pensiones.

Se ha mostrado dispuesto a abrir una nueva etapa basada en el acuerdo y superar una etapa en la que, a su juicio, “el Ejecutivo ha dado absolutamente la espalda” al Congreso y ha tenido una actitud de “bloqueo”. Frente a eso, su Gobierno fundamentará su actuación en “medidas que han generado amplios consensos parlamentarios”, entre los que ha mencionado los referentes a la independencia de RTVE, y la eliminación del 'impuesto al Sol'. Hay que recordar que el Parlamento Europeo propuso eliminar este impuesto que pasaría a ser ilegal según las normas de la UE.

Sánchez también se ha comprometido a aprobar una Ley de Transición Energética y Cambio Climático que incentive la inversión en renovables y siente “las bases para la necesaria transición ecológica de nuestra economía“
La legislatura termina de forma oficial a mediados de 2020, pero casi nadie cree que el secretario general del PSOE sea capaz de aguantar dos años en esta situación. La salida sería un adelanto electoral que parece tener ya en su agenda.

Pero tampoco es sencillo. El año que viene está plagado de convocatorias, lo que tampoco ayuda al consenso. En marzo hay comicios en Andalucía, y el entorno de Susana Díaz ya ha dejado claro que no le apetece demasiado que ambas citas coincidan. A finales de mayo hay elecciones municipales en toda España, autonómicos en varias comunidades, forales en el País Vasco y Europeas. Nunca se han hecho al mismo tiempo que unas generales. La tercera opción: elecciones en otoño de 2019. Si fuera así, Sánchez habría aguantado más de un año en la Moncloa.

Concentración europea y más rentablidad

“El gran reto de la banca es la rentabilidad, que ahora la tiene muy limitada por el esceso de requisitios de capital y y por los efectos de la valoración de actvos”. “Hay que acaba con la valoración de los activos que estableció el anterior ministro, Luis de Guindos y empezar a valorar según mercado”, señala Juan Iranzo, catedrático de Economía Aplicada de la UNED. “En este sentido –explica– Calviño podría revisar esos requisiios excesivos que deja a labanca española en inferorioridad de condiciones respecto a la banca extranejera”.

Iranzo  señala otro asepcto en que la nueva ministra de Economía podra ayudar, máxime cuando entiende y mucho los riegos de que la competencia se reduzca. “Y eso es lo que pasaría si hay más fusiones nacionales, cuando lo que debería de empezar a haber ya son fusiones trasfronterizas”.

 



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