Empresas
                                               Nº 1685 lunes 1 de mayo de 2017
EMPRESAS

Iberdrola, Endesa y GNF piden una rebaja fiscal de las centrales para continuar con un negocio que supone a las arcas públicas 2.200 millones de recaudación

El ‘lobby’ nuclear echa un pulso a Nadal


 

El Gobierno del PP, con su ministro de Energía, Álvaro Nadal, al frente, quiere alargar la vida útil de las centrales nucleares. La razón: la carga fiscal que soportan supone unos 2.200 millones de recaudación en total para las arcas púbicas, unos 250 millones en impuestos específicos de la actividad nuclear. Este interés del Ejecutivo por mantener abiertas las plantas le ha dado al sector, con Iberdrola, Endesa y Gas Natural Fenosa a la cabeza, una baza negociadora: o se revisan a la baja los impuestos o desisten de un negocio que, aseguran, está sujeto a unos impuestos que se comen la mitad de los ingresos.

 

Nuria Díaz

La cuestión nuclear está que arde. Apenas tres meses después de que el Consejo de Seguridad Nuclear  (CSN) diera su visto bueno para que la central de Garoña  pudiera volver a funcionar, y a la espera de que el Gobierno pronuncie la última palabra, el presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, ha caldeado el ambiente.”Garoña, económicamente, no es viable y hemos pedido a nuestro socio –léase Endesa- el desistimiento de su reapertura"-declaraba en su reciente Junta de Accionistas.

Días después, el presidente de Endesa, Borja Prado recogía el guante en su propia reunión de accionistas y señalaba que no tomará ninguna decisión sobre la vuelta a la actividad de la planta hasta que el Gobierno se pronuncie sobre su reapertura. "Respeto mucho los comentarios y las opiniones del señor Galán, como espero que él respete las mías"-señalaba.

“Esta tensión dentro del seno de Nuclenor, la empresa titular de Garoña -50% Iberdrola, 50% Endesa- tiene más de escenificación que de discrepancia de fondo“-señala una fuente del sector. “Ambas compañías están convencidas de que en las condiciones actules el negocio no es rentable, y es en lo relativo a los tiempos de tomar las decisiones donde discrepan”. “Es más –continúa este fuente- todo el sector está de acuerdo en que con la carga fiscal actual, el negocio nuclear no es sostenible y que lo que van a poner encima de la mesa del ministro, Álvaro Nadal, es la petición de que se rebajen los impuestos si quiere, como parece que así es, que el resto de centrales alarguen su vida útil”.

En esta línea Gas Natural Fenosa también entraba hace unos días de lleno en la polémica. El consejero delegado de Gas Natural, Rafael Villaseca, aseguraba  que no están dispuestos a seguir adelante “con los costes actuales, especialmente por los elevados impuestos” que deben pagar. Es decir, que “no ven posible alargar la vida de las nucleares”, sentenció.

Los impuestos de la discordia
“Lo que se solicita desde el sector –señalan fuentes del Foro Nuclear– es la necesidad de definir un modelo energético a medio y largo plazo y un modelo regulatorio que haga viable una energía imprescindible como la nuclear, que ofrece garantía de suministro y reduce las emisiones contaminantes, en un momento en el que hemos firmado importantes y necesarios compromisos ambientales que hay que cumplir. La energía nuclear tiene un marco al cual se le han ido sumando una serie de impuestos y tasas que lo que ha hecho es que se hayan ido reduciendo los márgenes que tenía”. Se refieren en la patronal de las nucleares, principalmente, a las medidas fiscales para combatir el déficit impuestas por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2013, con José Manuel Soria en el ministerio: un impuesto sobre el valor de la producción de energía eléctrica (un 7% de los ingresos obtenidos por las generadoras); el impuesto sobre el combustible nuclear gastado y residuos radiactivos y el del almacenamiento de dicho combustible y residuos.

Y, paradójicamente, son estos impuestos los que le dan la mejor baza negociadora con el ministerio como quedó de manifiesto hace unos días cuando el gobierno vetó una Proposición de Ley de Podemos  para el cierre de las centrales nucleares. La razón: si se cerrasen dejaría de recaudar unos 2.200 millones de euros, que fue ingresado el año pasado globalmente por todas las centrales, que pagaron más de 250 millones en impuestos nucleares específicos.

La central de Santa María de Garoña, en Burgos, cerrada de 2012, era hasta ahora el centro del debate nuclear, pero lo cierto es que la mayoría de las instalaciones están a punto de agotar su permiso de explotación por lo que lo que se decide ahora es también el futuro de los otros siete reactores del parque nuclear español y su participación en la estrategia de transición energética. Las fechas límite para solicitar la renovación de las autorizaciones se acercan. Almaraz I y II , cuya licencia tiene que renovarse en junio de 2020, tiene que solicitarla este próximo mes de junio, y Vandellós II, antes de que finalice julio. Un año después renovarían Ascó (Endesa) y Cofrentes (Iberdrola), y la última Trillo, en noviembre de 2024.

Los costes de cerrar
Endesa, por ejemplo, pese a la falta  de rentabilidad actual del negocio nuclear, se ha mostrado claramente partidaria de la operación a largo plazo de las centrales. Hace unos días, su director general de Energía Nuclear, Juan María Moreno, en una comparecencia en la Comisión de Energía del Congreso, señalaba que una hipotética sustitución de los 7.572 MW de potencia nuclear instalada actualmente en España, requeriría de 26.000 MW eólicos o 32.000 MW fotovoltaicos para compensar la producción cesante. “En cualquier caso-apuntaba- dada la imposibilidad de un reemplazo rápido por energías verdes, el cierre de la tecnología nuclear a corto plazo habría de ser sustituida por una mayor producción térmica, más ligada a mayores precios de mercado que podría subir el precio del mercado diario en más de 10 euros MWh, lo que supondría un 26% de incremento y un sobrecoste anual superior a los 2.500 millones de euros”.

Por su parte, otros cálculos del sector estiman que reabrir Garoña costaría 205 millones -por las modificaciones que ha pedido el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), y cerrarla supondría 100 millones para ambos socios más otros 500 millones para Enresa, encargada del desmantelamiento.

Almaraz: nuevo campo de batalla Galán-Prado

Aún no se han disipado las discrepancias que Endesa e Iberdrola tienen respecto a Garoña, cuando ya ha aparecido un nuevo campo de batalla: la central de Almaraz, en la que ambas comparten la propiedad con Gas Natural Fenosa .

Almaraz es la la primera a la que le vence el período de explotación, en junio de 2020 y que tiene que solicitar ya, antes del 8 de junio, la renovación de  la licencia. Según la normativa actual, las empresas deben iniciar la solicitud de renovación de los permisos tres años antes del vencimiento de la licencia, que dura 10 años.

Y aquí ha aparecido la nueva discrepancia. Iberdrola propone que el plazo de antelación se reduzca a un año frente a los tres actuales. En una conferencia con analistas, Galán aseguraba que “en nuestras conversaciones con el Gobierno nos han pedido tiempo para definir la política energética y el tipo de energía que el país necesita, lo cual comprendemos y pensamos que no es necesario solicitar la ampliación de la vida útil de las centrales con tres años de antelación, dado que con un año es suficiente para analizar los requisitos y decidir si se  continúa o no con la operación”. De esta forma, “estamos dando dos años de plazo al Gobierno para que estudie cuál debe ser la política energética y alcanzar un acuerdo energético nacional. Por ello, antes de tomar una decisión a largo plazo que pueda afectar a nuestra cuenta de resultados y a nuestros accionistas, preferiríamos que estuviera totalmente definida la política energética nacional”.

Endesa, sin embargo, no es partidaria de que la decisión de las compañías propietarias sobre el futuro de las dos centrales nucleares más próximas a la finalización de su vida útil -Almaraz (Cáceres, pero también  Vandellós II (Tarragona)- se pueda dilatar más de lo previsto. Frente a la propuesta de Iberdrola opta por respetar los plazos vigentes y señala que está por la operación a largo plazo de las centrales.

La petición, que debe realizarse conel apoyo unánime de los tres propietarios, a cierre de esta edición, aún no está hecha.

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