El 6 de mayo de 2012 se reunieron en el Ministerio de Economía Emilio Botín (Santander), Francisco González (BBVA), Isidro Fainé (La Caixa) y el ministro Luis de Guindos con Rodrigo Rato, que al día siguiente y días antes de la nacionalización de Bankia, dimitía desencadenando una sucesión de hechos que culminaría con el mayor rescate de bancario español. El Gobierno de Mariano Rajoy, que llevaba ya meses tratando de, como dicen algunas fuentes, “achicar agua”. En 009 se creó el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) para “canalizar los recursos públicos necesarios”. De este organismo partieron los recursos públicos para pagar el rescate de los bancos. No obstante, no es el único lugar del que salieron fondos para rescatar a las entidades. El Banco de España también recoge la actuación del Fondo de Garantías de Depósitos de Entidades de Crédito (FGDEC), que “ha contribuido a financiar el coste de la reestructuración del sector mediante aportaciones provenientes de las propias entidades”. No había más salidas, señalan fuentes del sector, y España solicitó el apoyo del Mecanismo de Estabilidad de la Unión Europea, el MEDE y se llegó a inyectar más de 64.000 millones de euros. En aquel momento, el ministro Guindos señaló que se trataba de un rescate que no le iba a costar un euro al contribuyente español, pero, según cálculos de 2020, 43.225 millones estarían perdidos -un 73% de las ayudas públicas aportadas-. El balance publicado por el FROB el mismo año resume que el Estado habría invertido en el sector financiero 56.545 millones entre capital y productos híbridos, y 2.326 millones en garantías; solo recuperando 5.917 millones, un 10%. Hoy, los expertos señalan que la banca está en mucha mejor forma que hace una década, y que, ni siquiera acontecimientos como la pandemia o la guerra de Ucrania, pueden devolver los fantasmas de una crisis financiera como aquélla.
