Semana de efemérides financieras. El pasado 7 de junio, se cumplieron cinco años desde que la Junta Única de Resolución (JUR) decidiese aplicar el procedimiento de resolución a Banco Popular y venderlo, acto seguido, al Banco Santander por el precio simbólico de un euro, de tal forma que Popular se convertía en la primera entidad a la que se aplicaban las normas de resolución bancaria, evitándose así un rescate con dinero público. En concreto, a primera hora de la mañana del 7 de junio de 2017, se conocía que el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) ejecutaba la resolución de Popular acordada por la JUR y vendía el 100% del capital social del banco a Santander, tras una subasta llevada a cabo por el Fondo Único de Resolución (FUR) y el FROB en la que la entidad presidida por Ana Botín fue seleccionada como adjudicataria.
De esta forma, Popular se convertía en la primera entidad a la que se aplicaron las normas de resolución de entidades bancarias de la Unión Europea, aprobadas tras la crisis financiera de 2008 con el objetivo de evitar los rescates con dinero público y que están vigentes desde enero de 2016. Tras la resolución de Popular y la venta del 100% capital social a Santander, se iniciaron varios procesos judiciales, especialmente por aquellos accionistas afectados por la decisión de la JUR. Hace unos días, el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) avalaba la disolución del Popular tras desestimar en su totalidad los recursos presentados por parte de los accionistas contra la resolución de la entidad en 2017, por lo que rechazaba igualmente la devolución del dinero de las acciones una compensación a los demandantes.
Los 58.000 millones desembolsados y sólo 6.000 recuperados
Y el pasado jueves 9, se cumplían diez años desde que Luis De Guindos, por entonces ministro de Economía, anunciase la decisión de Europa de garantizar una ayuda de hasta 100.000 millones de euros a España con el objetivo de sanear al sector financiero. En concreto, la decisión se tomó en el seno del Eurogrupo, que reúne a los ministros económicos de la Unión Europea, si bien Guindos dejó claro que la ayuda se destinaría únicamente a la banca y que la cantidad comprometida era la cifra máxima posible para solicitar por el Gobierno. Asimismo, explicó que las contrapartidas se aplicaban a las entidades, pero no al Gobierno, que sería el que fijaría la cifra exacta de ayuda financiera que demandaría.
Aunque la cantidad desembolsada por la UE fue de 41.000 millones, el rescate a la banca se ha elevado a 58.000 millones de euros, de los cuales se habría recuperado en torno a 6.000 millones de euros a través de amortizaciones, ventas de entidades participadas y de remuneraciones por intereses de deuda, según los propios datos del Frob.
