El Consejo de Ministros ha aprobado las medidas acordadas entre el Ministerio de Asuntos Económicos y el sector bancario para aliviar la carga hipotecaria de más de un millón de familias vulnerables o en riesgo de vulnerabilidad por la subida del Euríbor, un tercio de los hogares que tienen hipotecas a tipo variable. Este paquete de medidas es fruto de la negociación entre el Gobierno, las patronales bancarias (AEB, CECA y UNACC) y el Banco de España y el objetivo del mismo es reducir la carga hipotecaria de los hogares de manera efectiva y tener más certidumbre en su nivel de gasto a medio y largo plazo, pudiendo elegir, dentro del «menú» que se ofrece, la medida que mejor se ajuste a sus necesidades y situación financiera, ha explicado la vicepresidenta primera, Nadia Calviño en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. La también ministra de Asuntos Económicos ha querido dejar claro que todas estas medidas «no responden a un riesgo o a un impacto macroeconómico» por la subida de los tipos de interés, pues la situación en el mercado hipotecario es muy diferente a la de 2007, con más hipotecas a tipo fijo (tres de cada cuatro de las nuevas hipotecas se suscriben a tipo fijo), reducción del plazo medio residual hasta el vencimiento y un menor porcentaje de hogares que dedican más del 40% de su renta disponible al pago de la hipoteca.
Para los deudores hipotecarios vulnerables (con rentas inferiores a 25.200 euros al año, tres veces el IPREM) se ampliará y reforzará el Código de Buenas Prácticas aprobado en 2012, de forma que podrán reestructurar el préstamo hipotecario con una rebaja del tipo de interés durante el periodo de 5 años de carencia (hasta Euríbor -0,10% desde el Euríbor +0,25 actual). Asimismo, se ampliará a 2 años el plazo para solicitar la dación en pago de la vivienda, se contempla la posibilidad de una segunda reestructuración, en caso necesario y se amplía de seis a doce meses el plazo para poder solicitar el alquiler social. Los hogares con renta inferior a 25.200 euros al año que dediquen más del 50% de su renta mensual al pago de la hipoteca pero que no cumplan el criterio actual del incremento de un 50% del esfuerzo hipotecario podrán acogerse al Código con una carencia de 2 años, un tipo de interés menor durante la carencia y un alargamiento del plazo de la hipoteca en hasta 7 años.
Los dos Códigos de Buenas Prácticas serán de adhesión voluntaria por parte de las entidades financieras, que estarán obligadas a cumplirlos una vez suscritos. En caso de transmisión del crédito a un tercero, las entidades bancarias deberán garantizar la protección de este catálogo de medidas en caso de transmisión del crédito a un tercero. Se ha establecido el plazo de un mes para que las distintas entidades financieras se sumen a estas medidas y el objetivo es que estén vigentes a partir del 1 de enero de 2023. Al cierre de esta edición se había adherido ya Caixabank aunque se espera que el resto lo haga en los próximos días.
