El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital ha estimado que la creación de la nueva Autoridad de Defensa del Cliente Financiero supondrá un coste anual de 21 millones de euros para las entidades financieras. Así consta en el informe de impacto normativo y económico del proyecto de ley para la creación de esta nueva autoridad. Este nuevo organismo centralizará los actuales servicios de reclamaciones del Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones. Así, podrán presentar reclamaciones ante la autoridad las personas físicas o jurídicas que sean clientes de servicios financieros por posibles incumplimientos de normas de conducta, buenas prácticas y usos financieros, así como cláusulas declaradas abusivas por los altos tribunales correspondientes. La Autoridad se financiará a través de una tasa de 250 euros que se cobrará a los bancos por cada reclamación que se admita contra ellos. Se trata de una tasa por actividad y servicios de forma que, además de contribuir a la financiación de la institución, incentivará que las entidades resuelvan las reclamaciones de forma previa. El organismo dispondrá de patrimonio propio, que será independiente del patrimonio de la Administración General del Estado. Cada año, elaborará y aprobará un anteproyecto de presupuesto, que remitirá al Ministerio de Hacienda para su posterior integración en los Presupuestos Generales del Estado. El presupuesto de ingresos se realizará mediante el importe de los ingresos derivados de la recaudación de las tasas.