El Congreso de los Diputados ha aprobado por mayoría absoluta la creación de la nueva Autoridad del Cliente Financiero, una nueva agencia de supervisión que unificará los criterios para gestionar las reclamaciones entre clientes y entidades bancarias. Tal como se esperaba, el proyecto de ley ha sido respaldado con una holgada mayoría de 186 votos a favor. Sólo ha votado en contra Vox, mientras que PP y Junts se han abstenido y el resto de los grupos han votado a favor. Ahora el texto pasa al Senado para continuar con los mismos procedimientos que en la Cámara Baja. De añadirse nuevas enmiendas en la Cámara Alta, el proyecto retornaría a la carrera de San Jerónimo para ser refrendado de manera definitiva.
El secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, Gonzalo García Andrés, ha acudido al Congreso con motivo de la votación del proyecto de ley y ha aprovechado para celebrar su aprobación, porque dice que se trata de un organismo «muy esperado» y que ha conllevado «mucho trabajo» con diferentes ministerios, la industria y asociaciones de clientes financieros. «Por primera vez los clientes van a tener la posibilidad de obtener una resolución de sus reclamaciones de sus hipotecas, de productos de ahorro para las aseguradoras de manera gratuita y rápida», ha apostillado.
La asociación de usuarios financieros Asufin ha valorado positivamente la aprobación de esta nueva autoridad. Sin embargo, ha criticado que el texto que sale del Congreso haya “diluido la presencia de asociaciones de consumidores en el consejo consultivo de la Autoridad, al reducir de tres a uno sus miembros. Las otras dos sillas las ocuparan asociaciones de mayores y discapacitados. Consideramos que consumidores somos todos y la representación que ejercemos las asociaciones de consumidores es inclusiva e integradora”, puntualizaron.
La Asociación también ve muy positivo que se haya llegado a un acuerdo con los documentos pedidos para abrir las cuentas básicas a los colectivos más vulnerables, como los que se encuentran en situación irregular en nuestro país, pero no pueden ser expulsados. En esos casos, de manera excepcional y con autorización de los servicios sociales, las entidades que integran a estos colectivos podrán emitir certificados de exclusión financiera para facilitar y agilizar esos procesos de aperturas de cuenta.
