La Comisión Europea ha planteado una iniciativa legislativa para crear un marco de resolución de compañías de seguros inspirado en el que ya existe para el sector bancario, así como una revisión de las normas comunitarias para incentivar al sector del seguro y el reaseguro a realizar más inversiones a largo plazo en la economía.
El vicepresidente económico del Ejecutivo comunitario, Valdis Dombrovskis, y la comisaria de Servicios Financieros, Mairead McGuinness, han presentado en una rueda de prensa una propuesta para revisar la directiva conocida como Solvencia II con la que Bruselas calcula que se podrían liberar hasta 90.000 millones en inversiones.
La nueva directiva para la resolución de compañías aseguradoras está «inspirada» en el conjunto de normas para la liquidación de bancos que ya existe en la UE desde hace años, pero con «importantes diferencias», según han explicado fuentes comunitarias, quienes explican que las normas contienen una «armonización mínima» a nivel europeo.
Bruselas justifica este paso en que «no se pueden excluir situaciones de turbulencias financieras» a pesar de que ha mejorado su solidez desde la entrada en vigor en 2016 de Solvencia II.
Intervenir en fase temprana
En la actualidad, explica el Ejecutivo comunitario, «no hay normas comunes en caso de que una aseguradora quiebre» y por eso «es importante asegurar rápidamente que hay un marco en vigor para tratar con una empresa si las cosas van mal». Así, la normativa prevé una primera fase de «prevención y preparación» en la cual las propias aseguradores tendrán que diseñar sus propios planes de recuperación con «medidas correctoras» para «escenarios de estrés». Las autoridades nacionales de resolución se encargarán de elaborar estos mismos planes en casos en los que los problemas excedan los recursos existentes de una compañía.
Por otro lado, la directiva da a las autoridades nacionales de supervisión el poder de «intervenir en fase temprana» si detecta un deterioro en la posición de capital de una aseguradora. El marco, por último, proporciona a las autoridades de resolución una caja de herramientas común para actuar en caso de quiebra.
Entre ellas se encuentran la conversión de instrumentos de capital, deuda u otros pasivos admisibles para que accionistas y acreedores «generales» asuman pérdidas primero (el ‘bail-in o rescate interno que se realiza también con los bancos), la retirada de la autorización de una aseguradora para firmar nuevos contratos de seguro o reaseguro o la venta del negocio o parte de él sin necesidad de cumplir con requisitos de procedimiento habituales.
Las autoridades de resolución también podrán transferir parte del negocio de la aseguradora en problemas a una entidad pública para su posterior venta bajo condiciones de mercado, así como llevar los activos y pasivos deteriorados a «vehículos de gestión».
