La Asociación Española de Banca y la Confederación Española de Cajas de Ahorro (CECA) han presentado sendos recursos contencioso-administrativos ante la Audiencia Nacional impugnando la orden publicada este mes de febrero por el Ministerio de Hacienda por la que se han aprobado los modelos de declaración y pago anticipado del nuevo gravamen temporal a la banca. No se han solicitado finalmente medidas cautelares contra el impuesto que podrían haber supuesto la suspensión temporal del mismo. Además, el proceso para formalizar la demanda podría alargarse varios meses, explican las mismas fuentes. Cabe recordar también que la liquidación del pago del impuesto deberá realizarla cada entidad de manera individual. Para presentar los recursos, las patronales se basan, principalmente, en el dictamen que el Banco Central Europeo (BCE) publicó a principios de noviembre de 2022, en el que se cuestionaban distintos aspectos del gravamen al considerar que podría llegar a poner en peligro una transmisión fluida de las medidas de política monetaria, añadiendo que el importe del mismo podría no ser proporcional a la rentabilidad de las entidades y expresando la importancia de que pueda repercutirse a los clientes. Este tributo entró en vigor a finales de 2022 con el objetivo de gravar los principales ingresos que la banca ha obtenido en el ejercicio pasado y empezar a recaudar en 2023. El objetivo del Gobierno es recaudar 3.000 millones de euros entre 2023 y 2024, es decir, 1.500 millones de euros cada año. El nuevo impuesto temporal a la banca grava al 4,8% los intereses y comisiones de todas las entidades que facturen más de 800 millones en 2019 y se circunscribe a la actividad que las entidades desarrollen en España.
Las eléctricas, también
Tan solo un día después, las grandes compañías eléctricas también han anunciado acciones legales contra un tributo que tildan de «discriminatorio e injustificado». Concretamente, la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica (Aelec) ha anunciado hoy jueves que interpondrá un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional contra el impuesto impulsado por el Gobierno, que incluye a las grandes energéticas, y que ya se encuentra en vigor. En un comunicado, la asociación que reúne a las principales eléctricas de España, Iberdrola, Endesa y EDP, tilda de «discriminatorio e injustificado» el gravamen, el cual no se aplica sobre los supuestos beneficios extraordinarios – como pregona el Ejecutivo– sino sobre los ingresos no regulados en territorio nacional, con un tipo del 1,2 %.
