Luciano Poyato: “Un país moderno lo será en la medida en que haya menos desigualdad”

La crisis del coronavirus / Virginia Miranda

¿Cuáles han sido los efectos de la crisis del coronavirus en las personas a las que atienden las entidades del tercer sector
La crisis del Covid, que golpeó duramente en 2020 y 2021 y todavía en 2022, llegó cuando aún no se habían paliado los impactos sociales de la crisis financiera y económica de 2008. Está afectando a toda la sociedad, pero está incidiendo en mayor medida sobre las personas en situación de vulnerabilidad. Nos deja una realidad social marcada por el incremento de la desigualdad, por la precarización de amplios sectores pero, sobre todo, por un aumento de la pobreza. Los últimos datos disponibles nos dicen que el 26,4% de la población española está en riesgo de pobreza. Estamos hablando de 12 millones de personas. Hay que tener en cuenta que el porcentaje de personas con dificultades para llegar a fin de mes pasa del 7,8% al 10% de la población. Además, la pandemia está dificultando el acceso a las necesidades básicas, afectando a 3,3 millones de personas. Por lo tanto, su complejidad no se debe tan sólo a su efecto sanitario y económico, también está dejando a un gran sector de la población en los procesos de exclusión que habría que abordar de la manera más adecuada posible.

“La crisis del Covid llegó cuando aún no se habían paliado los impactos sociales de la crisis financiera y económica de 2008”

¿Cuáles son los sectores de población más vulnerables y que más ha golpeado la crisis?
Personas que estaban en paro o trabajando, pero cuyos ingresos son mínimos. También hay una afectación en la población femenina, sobre todo de familias monoparentales. Y hay una incidencia en el desempleo de personas con discapacidad mayor que nunca; existe una reserva de empleo del 5% en la Administración pública que también tienen que hacer las empresas, pero esto todavía no se ha conseguido del todo.

En una reciente entrevista en El Confidencial, el coordinador de Estudios de Cáritas España declaraba que las políticas sociales están diseñadas para las clases medias y no para las más bajas. ¿Está de acuerdo?
Sí, hay una red de servicios sociales donde puede acudir la población de salario medio. El resto no llega a acceder a la red pública y, si lo hace, la brecha digital complica los procesos de adquisición de ciertas prestaciones, como el ingreso mínimo vital o la renta de garantía mínima. Necesitamos unos servicios sociales, en colaboración con el tercer sector, mucho más abiertos. Las personas educadoras de las Administraciones públicas tienen que estar en la calle y tienen que estar en contacto con quienes más sufren.

“Hay una incidencia en el desempleo de personas con discapacidad mayor que nunca”

¿La llegada de los fondos europeos es una buena oportunidad para cubrir las carencias de esas políticas sociales?
Cuando hablamos de recuperación, tenemos que hablar de otras formas de producción. Redistribuir el PIB en distintos sectores, no depender de dos o tres solamente. Esto es importante para genera riqueza. Ahora bien, si hablamos de recuperación, los fondos también tienen que ir encaminados a recuperar a las clases sociales más vulnerables. Hay que recordar que un país democrático, un país moderno, lo será en la medida en que haya menos desigualdad. De ahí que nosotros estemos pidiendo que un 20% de las ayudas vaya destinado a recuperar y generar la empleabilidad, los procesos de inserción, la dignidad y la calidad de vida de personas que ahora mismo no la tienen. Nosotros estamos influyendo sobre todo en tres acciones: la 19, que tiene que ver con la transformación digital; la 22, sobre el sistema de cuidados; y la 23 sobre el mercado de trabajo. Hemos mantenido entrevistas con diez ministerios distintos para que, cuando hagan las transferencias a las comunidades autónomas, se tengan en cuenta los procesos de recuperación para las personas más vulnerables y la inversión en entidades del tercer sector. Hay que aprovechar esta oportunidad, por eso también estamos manteniendo entrevistas con CEOE, con Cepyme, con autónomos, con el tejido empresarial de este país. Para que existan colaboraciones público-privadas y los fondos Next Generation puedan ir destinado a este perfil de personas.

“Necesitamos unos servicios sociales, en colaboración con el tercer sector, mucho más abiertos”

¿Qué respuesta están teniendo en estas entrevistas?
El que más está escuchando es el Ministerio de Derechos Sociales. Pero estamos esperando respuesta del Ministerio de Economía, para que intervenga en la digitalización de las personas con más precariedad. También esperamos la del Ministerio de Administración Territorial; hay diez millones de euros dirigidos a la modernización de la Administración pública, pero también podemos hablar de la modernización de la Administración pública para sectores excluidos, en este caso para servicios sociales, y la modernización de las entidades del tercer sector para intervenir de la manera más adecuada. La respuesta está siendo lenta, pero esto acaba de empezar y creo que los distintos ministerios, junto a las comunidades autónomas, empezarán a tener en cuenta esta realidad.

¿Qué proyectos concretos esperan financiar con estas ayudas?
Proyectos que hagan recuperar la autoestima de las personas más vulnerables, itinerarios de inserción que cuenten con las dificultades que tiene la población más pobre. No se trata sólo de una formación que la cualifique para un ejercicio profesional, también ha de tener en cuenta sus carencias personales, habilidades sociales y entornos familiares. Es decir, formar para capacitar en todos los sentidos. Además, hablamos de proyectos relacionados con la digitalización de la población más desfavorecida. No se trata sólo de que dispongan de soportes, sino de que entren en los procesos de digitalización.

“Además de cualificar para un ejercicio profesional, la formación ha de tener en cuenta las carencias personales, habilidades sociales y entornos familiares”

Habla de recuperar la autoestima. Precisamente ahora, la agenda política ha puesto el foco en la salud mental.
Esta pandemia ha tenido mucho impacto en el deterioro mental. Invertir con los Next Generation en recuperar la autoestima con unas buenas intervenciones psicológicas y psiquiátricas debe ser una realidad. Si no, vamos a aparcar a mucha gente en un estado de desequilibrio que no le conviene ni a las personas ni al país. Estos fondos pueden permitir los itinerarios de inserción, los itinerarios de empleabilidad, con una formación complementaria que ponga en valor a la persona por encima de todo.

Estos fondos, ¿serán un parche temporal y circunstancial o pueden lograr una verdadera transformación si se invierten como esperan?
Estos fondos no pueden ir para el gasto corriente que ya tienen las Administraciones. Tienen que innovar, hacer cosas distintas, entender la economía de otra manera, procurar sectores productivos y competitivos diversificando las fuentes del PIB. Como decía al principio, esto tiene que ir acompañado de políticas sociales muy concretas. Por tanto, creo que es una oportunidad que tiene este país, pero hay que hacerlo bien. Hay que hacerlo con objetivos, de manera evaluada y con proyectos innovadores. En este país hay talento por parte de la ciudadanía y de las Administraciones para hacerlo bien. Pero hay que tener voluntad política y voluntad técnica. Desde el tercer sector, en las entrevistas que antes mencionaba, nos hemos puesto a su disposición para colaborar.

“No se trata sólo de disponer de soportes, sino de entrar en los procesos de digitalización”

¿Cuál es el grado de implicación de las empresas españolas con el tercer sector?
La empresa española tiene un recorrido amplio en la responsabilidad social. A diferencia de la cultura anglosajona, donde está más interiorizado no solamente donar, sino también colaborar. La Plataforma del Tercer Sector propuso en 2017 y 2018 generar, dentro de la declaración del impuesto de sociedades, un 0,7% para políticas sociales de manera voluntaria. Ya se venía haciendo en el IRPF, pero esta fórmula ha hecho que las empresas se acerquen, conozcan nuestros proyectos, descubran nuestro grado de interlocución por parte de la sociedad civil y, sobre todo, sepan qué hacemos las entidades del tercer sector para transformar. En el primer ejercicio que tuvieron las empresas para marcar esta casilla, en el año 2019 respecto a 2018, se recaudaron 33,3 millones de euros. En el año 2020 respecto al ejercicio fiscal de 2019, 36 millones. Por otra parte, en 2020 y 2021, las empresas se han implicado más con las entidades del tercer sector. No solamente con el acercamiento a la población más vulnerable, también enseñándonos cómo modernizar nuestras actuaciones. Tenemos mucho que aprender del tejido empresarial de este país, pero también hay camino por recorrer.

“Los fondos europeos son una oportunidad, pero hay que hacerlo bien. Con objetivos, de manera evaluada y con proyectos innovadores”

Por eso la campaña Casilla Empresa Solidaria, para fomentar una cultura de mayor implicación.
Claro. Esta casilla es un instrumento que, más allá del dinero que se recibe, que es importante, permite sensibilizar y concienciar a la clase empresarial. No hay que olvidar que es la que más empleo genera y más PIB produce pero, más allá de la generación de puestos de trabajo y de resultados económicos, también puede aportar siendo solidaria y colaboradora. Hay que recordar el efecto de la crisis en el último ejercicio fiscal, que hará que el porcentaje recaudado sea menor, por eso hay que fomentar que más empresas marquen esta casilla.

Marcan esta casilla, ¿por solidaridad o por estrategia reputacional?
La mayoría lo hace por solidaridad hacia las entidades del tercer sector. Otras no lo hacen por desconocimiento. Esta fórmula lleva tres ejercicios fiscales y ahora son las propias compañías las nos están ayudando en la campaña para que más empresas la conozcan.

Con estas aportaciones de la casilla de empresa solidaria, ¿qué proyectos se están sacando adelante?
Fundamentalmente, proyectos de atención a menores, de atención a personas con discapacidad, a mujeres víctimas de violencia de género, itinerarios de inserción de personas inempleables… Las entidades del tercer sector optan a las convocatorias públicas del Ministerio de Derechos Sociales y de las comunidades autónomas en régimen de concurrencia competitiva en proyectos de todo tipo.

“Son las propias compañías las nos están ayudando en la campaña de la casilla solidaria para que más empresas la conozcan”

¿Qué importancia le conceden al Ingreso Mínimo Vital (IMV)?
El IMV es una fórmula que veníamos demandando desde hacía mucho tiempo. En el Congreso fue apoyado incluso por la oposición, hubo bastante consenso. Lo que ocurre, dicho por el ministro Escrivá, es que no está llegando a todas las personas. El IMF es una fórmula muy sencilla que no solamente no es un gasto, es una inversión que las personas vulnerables emplean en necesidades básicas. ¿Qué ha pasado? Que el acceso ha generado muchos problemas, con la red de servicios sociales y la manera de conseguirlo. Desde la plataforma nos hemos puesto al servicio de las Administraciones y se ha aprobado que las entidades del tercer sector podamos ser mediadoras sociales, es decir, colaboradoras de la Administración General del Estado, para que los informes de nuestros equipos profesionales se puedan tener en cuenta a la hora del reconocimiento. Se ha conseguido también que las condiciones de familias monoparentales con cuatro o más hijos menores a su cargo tengan este derecho. Y que las personas con discapacidad superior al 65% reciban un complemento del 22% por unidad de convivencia… Hemos intentado mejorar el acceso y que las cuantías para determinados colectivos vayan un poco más allá. El IMV puede tener recorrido, hay que agilizar la burocracia y por eso las entidades del tercer sector hemos entrado en este último real decreto recientemente aprobado.

“Desde 2012-2013 hay mucha precariedad laboral, y eso se soluciona con una buena corresponsabilidad del empleador y las personas empleadas”

¿Y al Salario Mínimo Interprofesional (SMI)? Se va a volver a negociar una subida.
Si es mayor, evidentemente habrá una mejora en las condiciones de vida de las personas trabajadoras que operan al margen de cualquier convenio regulador y, por ello, están más expuestas a recibir salarios más bajos. Por tanto, es importante que vaya aumentando siempre que haya consenso con la clase empresarial y con los agentes sindicales. Creo que hace falta que el salario mínimo se acerque al salario medio, es necesario que permita vivir de forma digna y cubrir las necesidades de las personas. Nos hemos dado cuenta cómo desde el año 2012-2013 hay mucha precariedad laboral, y eso se soluciona con una buena corresponsabilidad por parte del empleador y las personas empleadas. Desde el tercer sector pensamos que, conforme vaya aumentando el salario mínimo, las condiciones de vida serán evidentemente más dignas.

Mientras, revelaba Oxfam Intermón hace unos días, los diez hombres más ricos del mundo han duplicado su patrimonio con la pandemia.
Creo en la libertad del ejercicio profesional, pero hay que regular y legislar para que la riqueza se distribuya. En la medida en que vayamos hacia ese equilibrio, haremos también una clase media más fuerte que colabore en el sostenimiento de la función pública.

De un vistazo

Nacido en Cartagena (Murcia), Luciano Poyato ocupa desde 2009 la presidencia de la Plataforma del Voluntariado de España (PVE) y desde el año 2003 es también presidente de la Unión Nacional de Atención a las Drogodependencias (UNAD).

Ligado toda su vida al tercer sector, ha sido durante décadas voluntario en distintos proyectos sociales relacionados con la atención a grupos en riesgo de exclusión. En el ámbito profesional, comenzó su andadura como educador y posteriormente se hizo cargo de la dirección de un centro de día. Más tarde asumió la gerencia de una asociación dedicada a la rehabilitación e inserción social de drogodependientes.

Ingeniero agrónomo de formación, educador social y terapeuta, Poyato preside la Plataforma del Tercer Sector desde su constitución, en enero de 2012.

En esta fecha, siete de las organizaciones más representativas del ámbito de lo social (PVE, POAS, EAPN, CERMI, Cruz Roja, Cáritas y ONCE) decidieron articularse y unificar la voz del tercer sector en España. A la plataforma se sumaba posteriormente la Coordinadora de ONGD de España y la Plataforma de Infancia. Hoy en día, representa a más de 28.000 entidades sociales del país.