La Crisis del Coronavirus / V. M.
Siete euros de financiación privada por cada euro de subvención del programa europeo Next Generation. Así pretenden desde Seopan costear el ambicioso proyecto con el que poder cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en materia de infraestructuras fijados por la Agenda 2030 de Naciones Unidas. Su plan, presentado al Gobierno y a las Comunidades Autónomas y realizado con la patronal de las ingenierías españolas, propone llevar a cabo 2.277 actuaciones de aquí a 2026 con una aportación de 100.000 millones de euros y un retorno fiscal de 46.292 millones. El presidente de la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras, Julián Núñez, asegura que “la promoción de la inversión privada constituye además una de las prioridades señaladas por la Comisión Europea”. Pero dice que las perspectivas “se presentan inciertas” porque, asegura, el crecimiento potencial de su sector de actividad está condicionado por una ejecución presupuestaria que califica de ineficiente, por un impulso a los contratos de colaboración público-privada que considera insuficiente y por la capacidad de las Administraciones para gestionar a tiempo los fondos de la Unión. Por eso y dados “los retrasos que se han producido” para la aprobación de sus normas reglamentarias, estima que “debería de plantearse a las autoridades competentes de la UE una posible ampliación de los plazos” de ejecución de estas ayudas.
Comparecía usted hace unas semanas ante la Comisión Mixta del Congreso para la Coordinación y Seguimiento de la Estrategia Española para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Al ritmo que llevamos, ¿España podrá cumplir con los ODS en materia de infraestructuras fijado por las Naciones Unidas para 2030?
Desde hace meses venimos advirtiendo que, al ritmo actual de inversión, será imposible cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible marcados por la Agenda 2030 de Naciones Unidas. Harían falta 157.000 millones de euros de inversión. Para garantizar el cumplimiento del ODS 3 de salud y bienestar hacen falta 23.600 millones para reforzar nuestra capacidad asistencial hospitalaria y reducir a la mitad las muertes y lesiones de accidentes de tráfico. El ODS 6 de agua limpia y saneamiento necesita otros 5.253 millones de euros para reducir las aguas residuales sin tratar y realizar una gestión integrada de recursos hídricos protegiendo los ecosistemas relacionados con el agua. El ODS 7 de energía asequible y no contaminante, únicamente en la parte de eficiencia energética, requerirá más de 32.000 millones de euros en el sector residencial y terciario con un alto porcentaje de financiación privada.
“Al ritmo actual, será imposible cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Harían falta 157.000 millones de euros de inversión”
La Industria, innovación e infraestructura (ODS 9) precisará 10.000 millones para la sostenibilidad, resiliencia y calidad de las redes de saneamiento, distribución, suministro de agua y carreteras, y otros 7.650 millones para impulsar el transporte ferroviario de mercancías, las conexiones ferro portuarias y la logística. El ODS 11 de ciudades y comunidades sostenibles aglutina más de 30.000 millones de euros en infraestructuras de transporte público de metro y cercanías, sin inversiones realizadas desde la crisis de 2008, otros 27.000 millones en mejora de la movilidad de vías urbanas e interurbanas, 6.521 millones para cumplir los objetivos medioambientales de la Comisión Europea en el tratamiento y valorización de nuestros residuos municipales y 4.453 millones para fortalecer el desarrollo regional dotando con servicios de alcantarillado y depuración a más de 2.115.000 viviendas y para mejorar las vías interurbanas regionales. Finalmente, cumplir el ODS 15 de vida y ecosistemas terrestres requiere destinar 3.848 millones a la prevención de la desertización, la sequía y las inundaciones, que constituyen la mayor catástrofe natural de nuestro país.
¿Los fondos europeos son una oportunidad para ponerlas al día?
Sí, de hecho, más recientemente y con motivo del programa europeo Next Generation, adaptamos el estudio de los ODS concluyendo en una propuesta más acotada, remitida al Gobierno y a las Comunidades Autónomas y realizada conjuntamente con la patronal de las ingenierías españolas, con la identificación de 2.277 actuaciones de 100.000 millones de euros. Su realización en 2021-2026 conllevaría un impacto económico de 1,4 millones de nuevos empleos a tiempo completo con un retorno fiscal de 46.292 millones. Un 12,7% de la financiación sería mediante subvenciones y el 87,3% mediante financiación privada, logrando así un efecto multiplicador de casi siete euros de financiación privada invertidos por cada euro de subvención del NG-EU.
“Adaptamos el estudio de los ODS con una propuesta de 2.277 actuaciones de 100.000 millones de euros con un impacto de 1,4 millones de nuevos empleos”
En su comparecencia en el Congreso defendió el modelo concesional que, sin embargo, dijo que ha desaparecido de la contratación pública. ¿Cuáles, según su criterio, son sus beneficios sociales y económicos?
Múltiples. Financiar inversiones mediante concesiones, aparte de que no es privatizar ya que la infraestructura permanece en todo momento bajo la titularidad y control públicos, presenta importantes ventajas, pues anticipa en el tiempo las inversiones, minimizando la captación de recursos públicos y su impacto en el déficit público, y es un modelo más equitativo y equilibrado para la generación de españoles que ha construido este país con su aportación por la vía del pago de sus impuestos. Asimismo, esta fórmula concentra en un mismo agente el proyecto, la construcción, la financiación y la operación y mantenimiento de la infraestructura, simplificando la transferencia de riesgos y responsabilidades y reduciendo el plazo medio de maduración de nuestras inversiones. La promoción de la inversión privada constituye además otras de las prioridades señaladas por la Comisión Europea en el programa europeo Next Generation. Sin embargo, en España el modelo concesional está desaparecido del panorama de la contratación desde el año 2012 y es imprescindible recuperarlo porque nuestras prioridades sociales de gasto, junto con la obligación de reducción de deuda y déficit público que marcarán los próximos años una vez superada la pandemia, no permitirán que los presupuestos públicos financien todas las inversiones que, en materia de infraestructuras, el país necesita. El sistema concesional funciona en todo el mundo y nuestras mayores compañías son además líderes en los cinco continentes en la promoción de todo tipo de concesiones de infraestructuras y servicios.
“Financiar inversiones mediante concesiones, aparte de que no es privatizar, es un modelo más equitativo para los españoles que han construido este país con sus impuestos”
Usted ha defendido la colaboración público-privada.
Existe una enorme liquidez e interés en los mercados financieros, fondos de pensiones, fondos soberanos… para participar en la financiación de proyectos de infraestructuras de titularidad pública. El problema, nuestro problema, es que una Ley de 2015 y su posterior desarrollo reglamentario topan la tasa de descuento a considerar en cualquier proyecto concesional para la determinación del periodo de recuperación de la inversión. Actualmente esta tasa se sitúa en el 2,11%, resultando un plazo de concesión imposible para absorber un coste medio de capital de la oferta empresarial que actualmente se sitúa en no menos del 7%. Esto desincentiva a los inversores que preferirán optar por otros países donde no existen estas limitaciones, desarrollados o no. Y ello es grave si se tiene en cuenta que el sector de las infraestructuras es el que tiene una mayor capacidad de atracción de fondos privados. Esta barrera legal a la que me he referido se diseñó inicialmente, además, para su implementación exclusiva en la actualización de tarifas de contratos de servicios del sector público, a lo que no tenemos nada que alegar. Pero por razones que se desconocen terminó finalmente aplicándose también a contratos de concesiones de infraestructuras y servicios, suponiendo una barrera insalvable para los inversores internacionales.
¿La crisis del coronavirus ha venido a ser una prolongación de la que arrancaba en 2007? Desde entonces, ustedes vienen advirtiendo de una caída en la ejecución presupuestaria.
Efectivamente, la falta de ejecución presupuestaria es una ineficiencia que ha seguido arrastrando el sector en 2020, ya que la ejecución de los dos grandes ministerios inversores, el de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y el de Transición Ecológica y Reto Demográfico, en 2020 no ha superado el 68,7%. En los últimos 14 años, el Estado ha dejado de ejecutar 41.100 millones de euros, generando un efecto muy negativo en la actividad: 48.000 empleos anuales no creados y 20.145 millones de retorno fiscal por impuestos y cotizaciones sociales dejados de percibir por el Estado en dicho periodo de tiempo. Esta situación de no ejecución se debe a los retrasos injustificados en los procedimientos de licitación y adjudicación de los contratos, a la suspensión y resolución de contratos a causa de las adjudicaciones a ofertas con precios anormalmente bajos que originan proyectos incompletos o de insuficiente calidad, y a la elevada judicialización de los problemas que surgen de la interpretación y cumplimiento de los contratos.
“El sector de las infraestructuras es el que tiene una mayor capacidad de atracción de fondos privados”
Las restricciones del Covid en 2020 tuvieron un fuerte impacto en la licitación y la contratación pública. ¿Cuál fue su traducción en términos de PIB y empleo?
Las medidas han impactado negativamente en la actividad del sector de la construcción durante 2020 ya que la licitación pública en obra civil se ha reducido un 26%, alcanzando los 8.364 millones de euros, y la contratación pública ha caído un 40%, tan solo 6.348 millones, situándonos, en ambos casos, en niveles de 2014. Igualmente, desde el primer estado de alarma en marzo hasta diciembre, el tráfico en las autopistas y autovías estatales y autonómicas, gestionadas por las empresas asociadas, cayó un 37% y un 35%, respectivamente. Además, en marzo, abril y mayo se destruyeron 80.200 empleos de media al mes en total en el sector construcción, habiéndose recuperado en su práctica totalidad a final de año.
El sector al que representa ha jugado un papel en ocasiones esencial durante la pandemia. ¿Cuáles han sido estas tareas?
Nuestras empresas de infraestructuras han realizado una gran labor de apoyo y refuerzo de la sanidad, dando soporte técnico a la Gerencia de Atención Primaria, ampliando la capacidad de hospitales, o aportando donaciones de material sanitario, maquinaria y comida. Fondos a sectores y familias vulnerables a través de organismos como Cruz Roja, Cáritas o Ayuda en Acción y a fundaciones o instituciones para investigación de la vacuna. También han colaborado con hospitales para el transporte de medicación a afectados y servicios de asistencia y transporte sanitario en el aeropuerto de Barajas. Igualmente, ha sido imprescindible su trabajo para el mantenimiento de servicios esenciales como la luz, el agua, el mantenimiento de estaciones ferroviarias, la gestión de residuos o la limpieza. O su colaboración para ampliar los centros públicos escolares para así garantizar el distanciamiento social.
“En los últimos 14 años, el Estado ha dejado de ejecutar 41.100 millones de euros, generando un efecto muy negativo en la actividad”
En general y en términos económicos, el sector de la construcción representa el 10% de la económica nacional con más de 124.000 millones de euros de producción anual siendo el sector con mayor generación de actividad económica inducida, de 1,92 euros por cada euro invertido.
¿Qué perspectivas tienen para 2021?
Se presentan inciertas porque el crecimiento potencial, situado entre el 1 y el 2,7%, está condicionado por la ejecución presupuestaria antes mencionada, fundamentalmente Adif que representa el 24,4% de la obra civil nacional, por las decisiones de las Administraciones públicas de impulsar contratos de colaboración público-privada, y por la capacidad que tengan dichas Administraciones de gestionar en plazo las ayudas europeas que, para 2021, se estiman en 34.490 millones de euros. En este sentido y dados los reducidos plazos existentes y los retrasos que se han producido en la Unión Europea para aprobación de las normas reglamentarias de los Fondos Europeos, Seopan estima que debería de plantearse a las autoridades competentes de la UE una posible ampliación de los plazos de ejecución de estas ayudas.
Nuevas infraestructuras sanitarias
“De marzo a diciembre, el tráfico de autopistas y autovías estatales y autonómicas, gestionadas por las empresas asociadas, cayó un 37% y un 35%, respectivamente”
Seopan y Tecniberia (Asociación Española de Empresas de Ingeniería, Consultoría y Servicios Tecnológico) presentaban a finales de 2020 una ambiciosa propuesta para realizar 2.277 actuaciones con una inversión de 100.428 millones de euros procedentes de los fondos Next Generation y la financiación privada.
Tras más de un año de crisis provocado por una pandemia que ha puesto en entredicho todo un modelo de gestión por la falta de recursos económicos, humanos y de infraestructuras, el plan contempla un refuerzo de la estructura sanitaria tras la aportación de 4.784 millones para reducir a cero las listas de espera del Sistema Nacional de Salud (12.592 nuevas camas hospitalarias).
En una segunda fase, pretende alcanzar la ratio media de la OCDE de capacidad asistencial anual hospitalaria, ya que España se sitúa un 33% por debajo en este baremo.
De un vistazo
Julián Núñez Sánchez es presidente de Seopan, Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras, desde 2013.
Asimismo, es vicepresidente y vocal del Comité Ejecutivo y de la Junta Directiva de CEOE (Confederación Española de Organizaciones Empresariales), vicepresidente de CNC (Confederación Nacional de la Construcción), presidente de la Comisión de Concesiones de la CEOE, miembro del Consejo de la Fundación Laboral de la Construcción, miembro del Consejo Directivo de la Asociación Española de la Carretera (AEC) y, hasta 2018, ha formado parte del Consejo Directivo de Ibtta (Asociación Internacional de Puentes, Túneles y Autopistas de Peaje).
Además, hasta junio del 2017 ha sido presidente de Asecap (Asociación Europea de Autopistas de Peaje) y, actualmente, es el representante de Seopan en la Asamblea General, Junta Directiva y Comité Ejecutivo de dicha asociación.
Julián Núñez es ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad Politécnica de Madrid y tiene un Executive MBA por el Instituto de Empresa.
