Ignacio Fernández-Cid: “Las residencias están en estado de ‘calma tensa’ con muy poca incidencia del virus en los centros”

Al Grano / Ana S. Arjona

La pandemia les ha empujado a poner números al sector y a hacerlo negro sobre blanco.
El sector de la Dependencia es mucho mayor puesto que engloba a las Residencias, centros de día, Ayuda domiciliaria y Servicios de teleasistencia. Damos servicio a diario a más de 1,825.000 dependientes, es decir, una población que supera a los habitantes de la ciudad de Barcelona. La facturación agregada de las empresas gestoras aumentó un 3,3% hasta los 4.650 millones. Siendo la mayor parte de esa facturación correspondiente a la gestión de plazas privadas, cerca del 60% de los ingresos. Las residencias son un motor de la economía y de la creación de empleo. Además, la dependencia tiene un importante efecto arrastre: por cada euro ingresado en el sector, se generan 0,7 euros adicionales en el resto de la economía. De acuerdo a los cálculos realizados por la FED, por cada euro pagado en una residencia, el Estado recibe 0,41 euros en tributos y cotizaciones. Si tenemos en cuenta que el estado financia solo una parte del precio, por cada euro de gasto público, recibe de vuelta 0,64 euros. Cabe destacar que el sector de las residencias privadas emplea a más 155.000 trabajadores directos en 2018, alrededor de un 1% del total de ocupados.

El envejecimiento de la población pesa como una losa sobre la economía española, ¿en qué medida y cómo se tienen que adaptar las residencias a este reto?
Cuando empezaron a desarrollarse las residencias en España hace 50 años, los mayores de 64 años eran solo el 10% de la población, es decir el grupo de mayores ha crecido a ritmos de 120.000 personas al año. En los próximos 30 años, crecerá a un ritmo duplicado de 230.000 personas al año, alcanzando en 2030 el 30% de la población. Evidentemente no todos requieren una residencia de ancianos. En su estudio PWC estima que el déficit actual de camas / plazas de residencia entre 66,000-80.000 plazas y una necesidad anual de aproximadamente 13.000 plazas adicionales para los próximos 30 años. Es decir, duplicar la base existente, construir 400.000 plazas en los próximos 30 años, aproximadamente entre 24.000 y 35.000 millones de inversión y la creación de entre 150.000 y 200.000 nuevos empleos.

Y, ¿cómo se acometen todos esos cambios y esas necesidades de las que me habla cuando la inversión pública ha caído considerablemente?
La iniciativa privada está dispuesta a invertir 4.800 millones de euros construyendo hasta 80.000 nuevas plazas para atender a aquellas personas que se encuentran en lista de espera y carecen de recursos para recibir la atención adecuada. Los gastos de los conciertos derivados de los Concursos podrían solicitarse a fondo perdido con cargo a los Fondos Europeos durante los dos primeros años. El argumento de fondo sería cubrir la ratio del 5% recomendada de camas por la OMS.

La mayoría de las de las residencias son públicas pero con gestión privada, se habla de que buena parte de ellas las gestionan los fondos pero eso no es así ¿verdad?
El mercado español se caracteriza por estar altamente atomizado: un 75% de las empresas son pymes españolas que gestionan un solo centro; un 11%, multinacionales y tan solo un 8% está en manos de fondos de inversión. Excluyendo el tercer sector es decir aquel sin ánimo de lucro las residencias privadas suponen el 49% del total de camas disponibles. Aunque la cifra es todavía baja, la entrada en los últimos años de empresas especializadas en activos residenciales inmobiliarios y la llegada de nuevos operadores ha cambiado significativamente el panorama inversor. En 2019 la inversión en residencias para personas mayores alcanzó los 300 millones de euros, duplicando la inversión realizada en 2018.

“Reclamamos el establecimiento de unos protocolos de actuación, claros y homogéneos, consensuados entre el Gobierno, las CCAA y los agentes del sector”

¿Qué relación existe entre la buena calidad de los servicios prestados y la gestión privada de las residencias? Ha habido muchas críticas al respecto
Creemos necesario dar un poco de luz a ambas realidades. Una plaza pública tiene un coste aproximado de 170€ al día por residente, sin embargo, el precio de plazas concertadas en residencias privadas es de media 54€ al día por residente. El precio público concierta plazas con el sector privado a un precio que supone un tercio de lo que le cuesta. No tiene sentido una diferencia entre ambos datos de un 300%. Un acercamiento del precio de concierto medio al coste de gestión pública, permitiría una remuneración mucho mayor de nuestros profesionales. Las residencias españolas ofrecen una de las mejores relaciones calidad precio de Europa. Una plaza española cuesta de media 1.800 euros vs una pensión media de 1.000, cuando en Europa con una pensión media ligeramente superior de 1.300 euros, una plaza en una residencia vale de media 3.300 euros.

Ustedes aseguran que el 75% de las residencias ha estado libre de Covid pero lo que se ha transmitido al ciudadano es que han sido el centro de los contagios y, lo que es peor, de una buena parte de las muertes.
Se han dicho muchas inexactitudes sobre nuestro sector. Una de ellas es la de generalizar los efectos de la pandemia en nuestros centros. El virus solo ha entrado en el 25% de las residencias. Las residencias son viviendas colectivas con personas dependientes y nuestro trabajo consiste en su cuidado porque precisan ayuda para las actividades más básicas: ¿cómo se pueden hacer todas esas tareas respetando la distancia mínima? Además, hemos de recordar que durante las tres primeras tres semanas de pandemia, tras la declaración del Estado de alarma, estuvimos trabajando sin los equipos de protección para los profesionales.

Durante los primeros meses de la pandemia, ¿a las residencias se les exigió cumplir con un cometido para el no estaban preparadas?
Efectivamente, el Gobierno aprobó el 23 de marzo una disposición por la que modificó el uso de los centros residenciales para su utilización como espacios para su uso sanitario y habilitó a las CCAA a considerarnos como tal. De ahí surgió todo el problema, nos consideraron lo que no éramos y además no nos dieron recursos técnicos, materiales ni humanos para poder actuar como hospitales.

Siete meses después de la crisis sanitaria, ¿cuál es la situación actual de las residencias?
Actualmente, estamos en un estado de calma tensa, con muy poca incidencia del virus en los centros y desarrollando todas las medidas preventivas necesarias, por lo que podemos afirmar que en estos momentos las residencias son espacios mucho más seguros. Nuestro personal médico y sanitario conoce un poco mejor esta enfermedad; todos los centros cuentan con planes de contingencia; un 5% de nuestras plazas están reservadas para posibles rebrotes; tenemos EPIs en cantidad suficiente para cubrir el consumo de 14 días y nuestros profesionales están perfectamente formados. Este material EPIs han sido adquirido por los propios centros, por lo que seguimos demandando que estos gastos debieran ser abonados por la CCAA. Sin embargo, pese a que la coordinación con el sistema público de Salud está funcionando suficientemente bien, la sanidad pública no siempre está haciendo test también a los profesionales que trabajan en las residencias y la mayoría de los centros no tienen un mapa serológico hecho.

Se han quejado en repetidas ocasiones de la escasez de profesionales que han combatido la pandemia sin los recursos necesarios.
Primeramente, quiero reivindicar el heroísmo y el esfuerzo de todos los profesionales del sector. De hecho, hemos solicitado un reconocimiento público. Es un sector muy intensivo en personal y es necesario que se cree un nuevo perfil profesional que podría obtenerse desde Formación profesional FP2 auxiliar de clínica, que con una formación adicional de un año se pudiera convertir en Técnico en enfermería geriátrica.

¿Qué es lo que le piden al Gobierno y a las comunidades autónomas, para mejorar la atención de los residentes?
La primera reclamación es el establecimiento de unos protocolos de actuación, claros y homogéneos, consensuados entre el Gobierno, las CCAA y los agentes del sector. Además, el sector demanda la creación de un estocaje mínimo de EPI para casos de emergencias y el establecimiento de personal sanitario del sector público integrado en las residencias para mayores, cubierto por personal de la Administración a través de Unidades de apoyo desde Atención Primaria.

Al timón

Ignacio Fernández-Cid es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la UCM. Desde febrero de 2029 es presidente de la Federación Empresarial de asistencia a la Dependencia. Antes, y entre otras ocupaciones, ha estado al frente de la Asociación Madrileña de Residencias para la Tercera Edad y ha sido miembro del Comité Nacional de AENOR de la Calidad en los Centros de Personas Mayores.

Profesor del del Instituto de Empresa en el Área de Creación de Empresas desde1990 a 1995, ha recibido, entre otros, el Premio SENDA 2011 al Grupo Residencial Casablanca, del que es presidente y consejero delegado.

“Soy músico amateur desde hace 25 años y pertenezco a varias bandas que tocan en fiestas particulares, colegios o en iglesias. Me encanta jugar a tenis y soy un apasionado de las motos de carretera, que conduzco desde los 16 años”.