Antonio González: “Los Presupuestos son excepcionalmente buenos, pero echo en falta medidas de reactivación económica a corto plazo”

Virginia Miranda

¿Qué le parecen los Presupuestos presentados por el Gobierno de coalición y enmendados en el Congreso?
Considerado globalmente, es un proyecto de Presupuestos realmente excepcional desde el punto de vista del gasto total por lo que representa para un momento de crisis tan aguda como la que vive la economía española dentro del contexto europeo y mundial, si bien la mayor parte del esfuerzo presupuestario se destina a inversiones en nuevos campos que pretenden transformar el tejido productivo. Esas inversiones dependen de los fondos europeos y esos fondos europeos no van a llegar de forma inmediata, tardarán muchos meses en hacerlo y ponerlas en marcha llevará su tiempo. Son excepcionalmente buenos, pero echo en falta medidas de reactivación económica a corto plazo.

Desde Economistas frente a la crisis lanzaban a mediados de octubre la declaración ‘Reactivación: no podemos esperar a Europa’ pidiendo al Gobierno una inyección de hasta el 3% del PIB en la economía porque, como dice, no se puede esperar a que lleguen los nuevos Presupuestos y las ayudas europeas. ¿Cuál es su propuesta?
Durante todo este ejercicio ha habido urgencias y ha habido medidas compensatorias de los efectos económicos derivados de la lucha contra la pandemia. Es verdad que otros países han tomado decisiones todavía más fuertes pero, a diferencia de otras crisis, este Gobierno ha adoptado medidas de gran entidad. También es cierto que la pandemia no ha terminado, los efectos son muy duros y, sin embargo, las soluciones de la primera fase han ido decayendo. La nómina de prestaciones por desempleo en junio alcanzó el máximo de 5.500 millones de euros. En este momento estamos en el entorno de los 2.000 millones de euros. Eso significa que estamos un tercio por debajo del esfuerzo realizado en el momento más duro de la primera oleada. Lo mismo ha sucedido con las medidas extraordinarias en materia de seguridad social, que en abril llegaron prácticamente a los 3.000 millones de euros y ahora estamos en el entorno de los 800 millones de euros. Por tanto, nosotros planteamos que hay que mantener ese esfuerzo en las medidas compensatorias y que habría que reforzarlas con otras medidas que sí se han adoptado en el resto de países, incluso con mayor intensidad en esta segunda oleada. Es el caso de Alemania con el plan Merkel para inyectar en un plazo muy breve 10.000 millones de euros a las empresas más afectadas por las restricciones. En España se han dado créditos a las empresas. En la primera fase de la crisis sirvieron para sostener su liquidez y los ERTEs permitieron que gran cantidad de ellas prácticamente no tuvieran que pagar costes laborales. Pero la prolongación de la crisis pone en peligro su supervivencia si no mantienen cierto nivel de ingresos. Por tanto, habría que adoptar políticas que permitieran inyectar ingresos a las empresas por distintas vías: transferencias compensatorias de las pérdidas de ingresos; participación en el capital; reactivación del consumo… Un conjunto de medidas que, a la vista de la caída del PIB en 2020, estimamos que crearían un estímulo económico suficiente como para recuperar más rápidamente los niveles de crecimiento.

“Habría que inyectar ingresos a las empresas por distintas vías, un estímulo económico para recuperar más rápidamente los niveles de crecimiento”

Sin esas medidas directas, ¿qué ocurrirá hasta que lleguen las nuevas cuentas y las ayudas europeas?
Las empresas no pueden seguir aguantando sin ayudas. Y si no pueden seguir aguantando, empezarán a caer. Eso puede provocar una espiral de despidos, recesiva en términos económicos porque profundiza la crisis. Los despidos provocan una contracción de la demanda que, a su vez, provoca menor actividad económica y más despidos. Ese es el primero de los problemas. El segundo es el tiempo. Tenemos un buen Presupuesto que va a tardar en tener resultados y no disponemos de tanto tiempo. Estamos en un trimestre de muy baja actividad y seguramente será así durante dos meses más, hasta que empiecen a tener efecto real unas nuevas cuentas públicas. Eso, en estas condiciones, es muy difícil que lo pueda soportar el tejido productivo, sobre todo el más débil.

Los Presupuestos se han diseñado para impulsar la competitividad a través de la innovación en áreas emergentes, así lo exigen las ayudas europeas. ¿Es un reto para los sectores tradicionales y, particularmente, para algunos de los más afectados por la crisis?
Es el momento de aprovechar la disposición de recursos económicos que van a venir de Europa para provocar la gran transformación productiva que necesita España. Una parte de los fondos están destinados a la investigación y el desarrollo, pero también se va a dar un impulso a dos terrenos muy importantes. Por una parte, el de la digitalización de la economía, que va a absorber cerca de un 40% de todo el dinero que se va a recibir. Ese es un proceso horizontal, es decir, se trata de la modernización de todo el tejido productivo, en especial de las pequeñas empresas y, sobre todo, de las muy pequeñas empresas, para que den un salto cualitativo. Por otra parte, está la transición energética y medioambiental. Se trata de una fuente enorme de actividad económica que puede impulsar muchísimo la generación de proyectos empresariales, así como la conversión y transformación de empresas de corte más tradicional hacia mercados mucho más evolucionados con enormes perspectivas de futuro, donde la economía española puede tener un papel muy importante en el plano internacional.

“Es el momento de aprovechar la disposición de recursos europeos para provocar la gran transformación productiva que necesita España”

Las personas vulnerables son las que más han acusado los efectos económicos de la pandemia sanitaria. Las ayudas públicas destinadas al Ingreso Mínimo Vital o la subida del Iprem, que aumenta el umbral un 5% para que más familias puedan beneficiarse de algunas prestaciones, ¿le parecen medidas suficientes y adecuadas?
El establecimiento del Ingreso Mínimo Vital es sin duda un salto adelante para atender las necesidades de las personas en niveles de pobreza severa y que, en situaciones de crisis como ésta, se ven en una situación angustiosa. Desde este punto de vista, es un avance importantísimo. También es un avance histórico en el contexto del sistema de protección social español, que nunca ha tenido unas verdaderas y suficientes prestaciones universales, es decir, para todo el territorio, de lucha contra la pobreza. Lo que hace falta es que el Gobierno consiga acelerar la aplicación práctica para llegar a las 800.000 familias que se marcaron como objetivo desde el principio. Esperemos que lo consiga cuanto antes. Desde que se ha establecido, lo que ha hecho ha sido sustituir otro tipo de prestaciones y la intención era que sirviera de renta garantizada para todas las personas en situación de necesidad extrema. De los 3.000 millones que aparecen presupuestados para el próximo año, 500 millones son absorbidos por la reducción de la protección familiar. Eso es una sustitución de una prestación por otra. También la mayor parte de las comunidades han adoptado rápidamente reformas en sus rentas mínimas de inserción para reducirlas o sustituirlas por completo con el Ingreso Mínimo Vital. Y lo han hecho cuando éste todavía se está gestionando y no ha llegado a los perceptores de las ayudas autonómicas, creando una situación francamente grave. En cuanto a la subida del Iprem, en un momento como éste también es una absoluta necesidad. Es un indicador de rentas fundamental del que dependen muchísimas prestaciones de todas las administraciones públicas, dinerarias o de servicios. El Iprem estaba prácticamente congelado desde hace diez años y acumulaba una pérdida de poder adquisitivo superior al 9%. Con esta subida se corrige no toda, pero sí una parte grande de esa pérdida, lo que va a permitir ampliar el número de familias que reciben este tipo de servicios o prestaciones, como los subsidios por desempleo.

“El Ingreso Mínimo Vital es un avance histórico en el sistema de protección social español, que nunca ha tenido unas verdaderas prestaciones universales de lucha contra la pobreza”

Tras presentar una enmienda con ERC y Bildu, Unidas Podemos la retiraba tras acordar con los socialistas en el Gobierno extender la protección contra los desahucios y recortes de suministros básicos a familias vulnerables. ¿Qué le parece?
En este momento hay que impedir los desahucios y recortes de suministros a las familias con un bajísimo nivel de renta que se han visto afectadas por una caída muy importante de sus ingresos. No se les puede abandonar, es una medida fundamental y básica. Otra cosa es la cuestión de los alquileres. Pero esto es fundamental y, socialmente, lo más sensible.

Habla de los alquileres. La crisis ha agudizado los problemas de acceso a la vivienda en España. ¿Qué opina del límite a los precios del alquiler?
Aunque son medidas de formulación compleja, está bien tratar de evitar que se aprovechen estas circunstancias para aumentar el precio de los alquileres. Puede haber algún caso en que exista esa intención, pero la realidad es que la subida se ha parado con esta crisis. A nosotros nos parece más importante buscar una solución definitiva al problema de los alquileres en España. Y esa solución definitiva viene por un aumento considerable y rápido de la oferta pública de viviendas en alquiler. Eso es lo que han hecho todos los países y eso es lo que ha dicho la OCDE. La OCDE ha hecho un informe muy explícito en el título: “No hay otra medida”. Esto es lo que hay que hacer. Frente a quienes dicen que el aumento de la oferta privada de viviendas en alquiler puede acabar resolviendo el problema, nosotros pensamos que no va a ser así. Se trata de un tramo necesario del mercado libre de la vivienda, pero no se va a poder bajar el precio si no es con un parque público suficientemente extenso. Tampoco estamos de acuerdo con quienes aseguran que se tardarían décadas. El País Vasco lo ha conseguido prácticamente en diez años. Porque no es necesario un parque del 100% de la vivienda en alquiler, con alcanzar un porcentaje muy inferior pero suficiente como para atender la demanda de alojamiento de rentas más modestas, el mercado queda prácticamente regulado. Es fundamental que el problema del alojamiento se resuelta, y sólo podrá hacerse creando los parques públicos de vivienda.

“Es fundamental que el problema del alojamiento se resuelva, y sólo podrá hacerse creando los parques públicos de vivienda”

¿Cree que las medidas de tipo impositivo, con subidas del IRPF a partir de 200.000 euros a las rentas del capital, 300.000 a las del trabajo o del impuesto del patrimonio, tienen el alcance adecuado?
Van en la buena dirección. El alcance adecuado, todavía no. Tienen un alcance limitado. Un cierto valor simbólico. También desde el punto de vista de la ética social, porque vienen a decir que los más favorecidos tienen que aportar más a la solución de esta crisis. En este sentido, son medidas ‘respaldables’, pero no se acercan ni de lejos a las necesidades de ingresos públicos que tiene la sociedad española. Ya antes de la pandemia teníamos un problema de muy bajos niveles respecto al PIB si nos comparábamos con los países de la zona euro. Alrededor de 7 puntos del PIB nos separan. Y esa es una distancia muy grande. Si aspiramos como sociedad a unos servicios públicos y unas políticas públicas en todos los órdenes, también en investigación y desarrollo tecnológico, en productividad y en mayores niveles de vida, necesitamos tener unos ingresos públicos como los demás. Lo que no es posible es aspirar a unos servicios públicos como los del resto de países pero con mucho menos ingresos. Es un tema absolutamente fundamental, de ciudadanía y de estrategia económica que debemos abordar lo antes posible. Comprendo que el año que viene no es el más indicado para abordar el grueso de las medidas necesarias, pero tendrán que plantearse para que, cuando llegue la recuperación, se empiece a corregir la falta de ingresos públicos. Por otra parte, va a ser una necesidad. Si queremos corregir los niveles de deuda que necesariamente hemos tenido que alcanzar a causa de la pandemia, tendremos todos que hacer un esfuerzo proporcional a los niveles de renta. Como dice la propia Constitución.

“Si aspiramos como sociedad a unos servicios públicos y unas políticas públicas en todos los órdenes, necesitamos unos ingresos públicos como los demás”

¿Debería pasar lo mismo con el impuesto al diésel? Se ha retirado para lograr el apoyo del PNV pero, por política fiscal y de transición energética, ¿requiere una solución?
El diésel y, en definitiva, el conjunto de la fiscalidad desde el punto de vista medioambiental. Ahí habrá que manejar muy bien los tiempos, no podemos cargar demasiado rápido este tipo de impuestos a sectores muy sensibles a los precios de los carburantes. Debemos tener también capacidad para impulsar a aquellos otros sectores que no se basan en los combustibles fósiles y habrá un momento en que haya que provocar estímulos a la transformación productiva. Cuando se hayan generado alternativas es evidente que los sectores que tradicionalmente funcionan con estos carburantes tendrán que transformarse.

A pesar de que serán unos Presupuestos expansivos, la ministra de Hacienda y portavoz, María Jesús Montero, ha dicho que Gobierno no renuncia al principio de estabilidad presupuestaria y su intención es sanear las cuentas y bajar el déficit público en 2021. Prevé que este año será del 11,3% y, el próximo año, del 7,7%. ¿Esto es factible y necesario?
Lo que me parece prioritario es la reactivación económica. Sin reactivación económica no se puede corregir el déficit público. Sin haber recuperado la actividad sería un austericidio. Es volver a aplicar las medidas de austeridad que hunden más la economía y aumentan la deuda, como le pasó a Grecia y como hemos vivido en la pasada crisis. Debería ser una lección absolutamente aprendida por todos. Aquí también estamos ante la cuestión de los tiempos y las prioridades.

“Para corregir los niveles de deuda alcanzados por la pandemia tendremos todos que hacer un esfuerzo proporcional a los niveles de renta”

Aparte de la fiscalidad de la que hablábamos antes, con los rendimientos de la recuperación económica es con lo que vamos a pagar y reducir los niveles de deuda una vez hayamos reducido los de déficit. Por tanto, lo primero es la reactivación y la generación de recursos. El país tiene que recuperar el tono vital de manera acelerada. Con las inversiones y los recursos que se van a poner en marcha aumentará su solvencia y, por tanto, no habrá nerviosismo entre quienes nos han prestado el dinero. Por otro lado, permitirán avanzar más rápidamente en la reducción de la deuda pública acumulada.

De un vistazo

Antonio González González.

Nacido en 1959 en Madrid.

Licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad Complutense de Madrid.

En la actualidad es vicepresidente segundo de Economistas Frente a la Crisis (EFC) y consejero en representación de UGT en el Consejo Económico y Social, donde preside la Comisión de Economía y Fiscalidad.

En la Administración General del Estado ha desempeñado los cargos de director del Gabinete del ministro de Trabajo e Inmigración (2010-2011), vocal asesor de la Oficina Económica del presidente del Gobierno (2008-2010), secretario general de Empleo del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (2006-2008) y asesor del Gabinete del ministro de Trabajo y Asuntos Sociales (2004-2006).

Anteriormente, entre los años 1995 y 2004, fue director del Gabinete Técnico de la Comisión Ejecutiva Confederal de la UGT.