El Consejo de Ministros ha aprobado un anteproyecto de Ley que pretende sacar del recibo eléctrico el coste de las primas a las energías renovables para abaratar la parte fija de la factura de la luz a hogares y empresas. Este coste asciende a alrededor de 7.000 millones de euros anuales, correspondientes a inversiones realizadas en la primera década de siglo al calor de los incentivos públicos. El objetivo del Ministerio de Transición Ecológica que dirige Teresa Ribera es abaratar hasta un 13% el recibo para hacer más competitiva a la electricidad frente a otros combustibles más contaminantes. El anteproyecto prevé la creación de un Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSSE) , que se nutrirá con aportaciones de las empresas suministradoras de energía en función de sus ventas, de la recaudación de los impuestos energéticos, de los ingresos de las subastas de CO2 y de los Presupuestos Generales del Estado El Ministerio para la Transición Ecológica ha señalado que persigue tres objetivos con ella: evitar subidas en el precio de la electricidad, dar señales claras para electrificar la economía y equilibrar las cuentas del sistema para facilitar inversiones durante los próximos años. El proceso será paulatino. El Ejecutivo ha puesto en marcha el primer trámite para la creación del FNSSE. Una vez aprobado este mecanismo, el traslado de la partida de la factura de la luz a las energéticas será gradual en un plazo de cinco años, a razón de un 20% de esos 7.000 millones al año.
Pobreza energética
La reducción de los costes fijos en el recibo eléctrico se verá complementada con otras medidas para combatir la pobreza energética, como el bono energético que ultima el Gobierno en aplicación de la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética 2019-2024, que busca dar cobertura a los distintos consumos energéticos a los que se enfrentan las familias vulnerables.
Las grandes compañías eléctricas, a través de la patronal Aelec, han mostrado su respaldo al anteproyecto. Según un comunicado difundido por dicha asociación, “uno de los aspectos señalados reiteradamente desde el sector eléctrico ha sido la falta de coherencia al repercutir en exclusiva sobre el consumidor eléctrico los esfuerzos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero”. Por su parte, para la asociación de empresas fotovoltaicas Unef, el fondo “dará estabilidad al sector y favorecerá la electrificación al tiempo que se reduce la factura de los consumidores”, según Rafael Benjumea, presidente de la organización.