La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha multado con un total de 203,6 millones de euros a seis de las principales constructoras españolas por alterar durante 25 años, de 1992 a 2017, la competencia de miles de licitaciones públicas destinadas a la edificación y obra civil de infraestructuras. Las compañías y sanciones impuestas son Acciona (29,4 millones), Dragados (57,1 millones), FCC (40,4 millones), Ferrovial (38,5 millones), OHL (21,5 millones) y Sacyr (16,7 millones). «Desde 1992, las compañías se reunían semanalmente y decidían los contratos públicos en que iban a compartir trabajos técnicos de sus ofertas», ha explicado el organismo en una nota remitida a los medios. Además, intercambiaban información sobre su estrategia de presentación a los concursos públicos.
Se trata de prácticas, según la CNMC, cuyos efectos «han sido especialmente dañinos para la sociedad», pues entre los miles de licitaciones afectadas existen infraestructuras de interés general como hospitales, puertos y aeropuertos o carreteras; fundamentalmente las pertenecientes al ámbito de fomento, incluido el Ministerio de Fomento (actual Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana), junto con sus organismos y entidades públicas empresariales dependientes.
El organismo que preside Cani Fernández ha señalado que el ‘modus operandi’ del «grupo» desde 1992 era reunirse semanalmente para analizar las licitaciones de obra pública que se habían publicado en diferentes plataformas de contratación del Estado. En dichos encuentros, las empresas decidían los concursos en que iban a compartir -entre todas o en un subgrupo- una parte o la totalidad de los trabajos que compondrían las ofertas técnicas de las licitaciones. Los trabajos se encargaban conjuntamente a empresas externas.
Las empresas no podían modificar los trabajos generados en conjunto para presentarlos en sus ofertas sin el conocimiento y la aprobación del resto de miembros del grupo. La única personalización admitida era la inclusión de ‘logos’ y denominaciones de cada empresa en el documento conjunto «para dar a las administraciones una apariencia de independencia en la presentación de las ofertas», ha descrito la CNMC.
