El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha acordado la imputación de Repsol y CaixaBank como personas jurídicas en el marco de la pieza separada número 21 del caso ‘Tándem’ por su presunta participación en la contratación del comisario jubilado José Manuel Villarejo para investigar al que fuera presidente de Sacyr Luis del Rivero. En el auto del titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, les imputa un delito de cohecho y un delito de revelación de secretos, y les requiere que designen un representante, así como abogado y procurador para llevar a cabo la comparecencia en la que se informará a los representantes de las dos compañías de los hechos que se les atribuyen. Tras esa primera cita, el 26 de julio a las 10.00 de la mañana tomará declaración a ambos representantes de las compañías. Repsol ha reiterado su disposición a colaborar «sin restricción» con la Justicia para el esclarecimiento de los hechos en el marco de la pieza separada número 21 del ‘caso Tándem’ y ha dejado claro que la condición de investigada en la instrucción judicial «no tiene consecuencia alguna sobre la sociedad, su gobernanza o actividad». A la vez, en la misma defensa de su interés social, Repsol se reserva el ejercicio de cuantas acciones sean procedentes en Derecho «para exigir las responsabilidades que puedan corresponder a quienes, en dejación de sus funciones públicas de supervisión y vigilancia, propiciaron o permitieron la actuación de Cenyt y a quienes, en el ámbito privado, utilizan el procedimiento penal en la persecución de su beneficio particular».
Al cierre de esta edición, el juez de ‘Tándem’ también imputaba a Iberdrola Renovables por un presunto delito de cohecho por los encargos que habría realizado Villarejo cuando estaba en activo en el llamado proyecto ‘Wind’. El titular del Juzgado de Instrucción Número 6 de la Audiencia Nacional señala que Iberdrola Renovables habría contratado a Villarejo a finales de 2011 a través del entonces director de Seguridad de Iberdrola, Antonio Asenjo, para investigar a una empresa suiza con la que la eléctrica española se alió para desarrollar una serie de proyectos en Rumanía y con la que surgieron conflictos. El magistrado entiende que el supuesto encargo a Villarejo no se realizó a título individual por parte de los directivos y empleados de la compañía, «sino que se hizo en nombre o por cuenta de la mercantil Iberdrola Renovables Energía, S.A. y en beneficio de la propia compañía».
