El juez de la Audiencia Nacional que instruye el caso ‘Tándem’ ha acordado citar como imputados al presidente de Repsol, Antonio Brufau, y al presidente de la Fundación Bancaria La Caixa, Isidro Fainé, en el marco de la pieza separada número 21 en la que se investiga el ‘encargo’ por parte de Repsol y de CaixaBank al comisario jubilado José Manuel Villarejo para que espiara en 2011 al entonces presidente de Sacyr Vallehermoso Luis del Rivero.
En el auto, el magistrado Manuel García-Castellón recoge así la petición que le hacía la Fiscalía Anticorrupción la semana pasada, en la que respaldaba la petición de imputaciones de la defensa de Del Rivero. El juez señala que existen indicios de que pudieran haber cometido un delito de cohecho. Junto a Brufau y Fainé -entonces presidente de CaixaBank-, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 imputa también a los ejecutivos de Repsol Luis Suárez de Lezo, Juan de Amunátegui y Joaquín Uris, y al ex director general de Medios de Caixabank, Antonio Massanell.
El juez recuerda en el auto que es en diciembre de 2019 cuando se abre esta pieza separada por el denominado ‘Proyecto Wine’. Pero no es hasta noviembre de 2020 cuando acuerda imputar al que fuera director de Seguridad Corporativa de Repsol Rafael Araujo y al ex jefe de Seguridad de CaixaBank Miguel Ángel Fernández Rancaño –ambos comisarios, uno en excedencia y otro jubilado– por esos encargos a Villarejo. A ellos sumaba la citación como investigados del propio comisario, de su socio Rafael Redondo y del ex subdirector de Seguridad de Repsol Rafael Girona Hernández por delitos de cohecho y descubrimiento y revelación de secretos. Cabe recordar que en esta pieza separada se indaga en el trabajo presuntamente ilícito que el comisario jubilado habría realizado a través del Grupo ‘Cenyt’ para la energética y la caja catalana en 2011, cuando aún era funcionario de la policía.
En otra parte de la investigación se encuentra imputado Francisco González, expresidente del BBVA, acusado de contratar a Villarejo para diferentres operaciones de espionaje por las que la entidad financiera pagó al policía durante 14 años cerca de 10,3 millones de euros.
